El fiscal Khan aseguró que esta apertura permitirá una mayor colaboración «para garantizar que haya más justicia» en Venezuela
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, confirmó el 9 de junio la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela, con la firma de un memorando de entendimiento suscrito en Caracas con el presidente Nicolás Maduro.
El fiscal adelantó que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración «para garantizar que haya más justicia» en Venezuela, donde en marzo de 2022 ya se habían comprometido, de manera verbal, a abrir este despacho.
«Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar más con la asistencia técnica, con la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma», expresó Khan en Miraflores.
El documento firmado «detalla la asistencia técnica y la asesoría» que la CPI brindará al país, señaló Khan, que no ofreció información específica sobre el contenido del memorando.
Además, manifestó que, con el establecimiento de la oficina, los especialistas de la Corte podrán apoyar a Venezuela en reformas que el Ejecutivo «quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible».
Claves de la apertura de oficina de asistencia técnica
Tras conocerse la confirmación de la apertura de la oficina de asistencia técnica en el país, la ONG Provea ofreció vía Twitter 14 claves sobre esta decisión. A continuación, reproducimos estas ideas de Provea:
«La firma del acuerdo para establecer una Oficina del Fiscal de la CPI en el terreno forma parte de los compromisos asumidos por Nicolás Maduro en el Memorándum de Entendimiento (MdE) del 3 de noviembre 2021».
«Según el fiscal Khan, esa Oficina que se concreta hoy #9Jun ya había sido autorizada por el gobierno desde el 31 de marzo 2022 como ‘una Oficina de apoyo a la cooperación con las autoridades venezolanas y facilitación de asistencia técnica en el marco del Memorándum’»
«Es indispensable que tanto el acuerdo como su implementación sean públicos, especialmente porque está destinado a la elaboración de políticas públicas en materia de justicia».
«Está previsto que la Oficina cuente solo con oficiales de la Oficina del Fiscal de la CPI: un oficial de riesgo operativo y sobre el terreno; un coordinador/auxiliar de operaciones sobre el terreno y un coordinador/auxiliar de operaciones sobre el terreno».
«El Fiscal de la CPI informó en diciembre 2022, a la Asamblea de Estados Parte al Estatuto de Roma, su decisión de establecer una presencia formal sobre el terreno en Bangladesh, Sudán, Venezuela y Ucrania; con su visión de: ‘Profundizar la cooperación con las autoridades nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes al acercar el trabajo de la Fiscalía a las comunidades afectadas por los crímenes del Estatuto de Roma’».
«Cualquier función que realice una Oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela, para desarrollar políticas públicas de justicia, debe garantizar que dichas políticas sean elaboradas y adoptadas de manera transparente para el país».
«Las opiniones de las víctimas deben ser tomadas en cuenta por la Oficina».
«Para el Fiscal, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son socios necesarios para establecer responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad».
«Las autoridades y quienes ejerzan cargos del Estado venezolano deben abstenerse de todo ataque o descalificación en contra de la Corte Penal Internacional, los Jueces de la Sala 1ra de Cuestiones Preliminares, el Fiscal de la CPI y los miembros de su Oficina».
«El Estado venezolano debe abstenerse de intimidaciones y represalias contra las víctimas y las organizaciones».
«Se deben adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos».
«Las autoridades y sus voceros deben abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando».
«Venezuela tiene una Investigación en la Corte Penal Internacional (a la espera de reanudación) por detenciones arbitrarias, violación/violencia sexual, persecución política, torturas y más tratos crueles sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad».
«Las víctimas de los crímenes siguen exigiendo justicia».
Apertura de la oficina no responde a un cambio de postura de la CPI
En una rueda de prensa, Alí Daniels, codirector de Acceso la Justicia, aclaró vía Twitter las implicaciones que tiene la apertura de la oficina de la CPI en Venezuela. Estas fueron las explicaciones de Daniels:
«La presencia del fiscal Karim Khan en Venezuela y el anuncio de la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela no obedece a un cambio de postura, todo lo contrario».
«Es una postura institucional. El fiscal de la CPI no se contradice ni cambia en absoluto su postura. Es otra cara institucional de la fiscalía ante las debilidades detectadas por Karim Khan, quien ofrece ayuda y asistencia técnica para las investigaciones en el país».
«Hay que señalar que la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela no va a recibir denuncias ni casos de crímenes de lesa humanidad, no va a recabar información».
«Un elemento positivo además de que se van a establecer mecanismos de transmisión de información a funcionarios venezolanos es que va a haber personal de la Corte Penal Internacional en Caracas y posiblemente podrán trasladarse a otros sitios del país».
«Otro elemento positivo de la instalación de la oficina de la CPI en el país es que nunca jamás va a ser igual que a un funcionario internacional le cuenten lo que pasa aquí a que él mismo lo vea».
Runrun.es Con información de EFE
