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Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena persecución judicial contra las Primarias y sus organizadores

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La CIDH y la Rele dijeron estar al tanto de la investigación penal emprendida por la Fiscalía, que citó para el lunes a tres de los organizadores de los comicios para que declaren en calidad de investigados, y rechazó esta acción «no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) rechazaron este viernes la investigación penal emprendida por la Fiscalía contra las primarias opositoras del domingo, y pidieron al Estado venezolano que «no criminalice las iniciativas de participación ciudadana» convocadas por el antichavismo.

«Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana», detallaron en un comunicado de prensa.

En el escrito, destacaron la importancia de los acuerdos alcanzados la semana pasada en las negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición en Barbados, y advirtieron que para que «los diálogos contribuyan a superar la crisis, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».

La CIDH y la Rele dijeron estar al tanto de la investigación penal emprendida por la Fiscalía, que citó para el lunes a tres de los organizadores de los comicios para que declaren en calidad de investigados, y rechazó esta acción «no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política».

Además, señalaron que en Venezuela «persisten» las «restricciones arbitrarias» a la participación política de opositores, la «persecución» por motivos políticos y las «iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil».

Con información de Contrapunto

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