Al menos cinco miembros de la Asamblea de Ciudadanos resultaron heridos por activistas del PSUV durante la protesta, ante la inacción de los cuerpos policiales que custodiaban la sede del Ayuntamiento este martes 7 de marzo, un grupo de personas afectos a la Alcaldía de Caroní agredieron a población y periodistas de diferentes medios de comunicación en la Plaza Bolívar de San Félix mientras intentaban entregar sin éxito, solicitud de la derogación del decreto N.º 008/2022 por parte de la Asamblea de Ciudadanos de Caroní para la Gestión del Aseo Urbano.
El Diputado del CLEB, Hendryck Martínez (camisa a cuadros), presenta posible desprendimiento de retina después de ser golpeado en la cara con objeto contundente.
La Sociedad Civil, vecinos y comerciantes se acercaron a entregar miles de firmas de asambleas populares, en rechazo a las altas tarifas de FOSPUCA, que han derivado en multas, cierres y embargos de establecimientos por el cobro de tarifas impagables según lo han venido manifestando los afectados en decenas de asambleas realizadas en el municipio Caroní. Los manifestantes fueron enfrentados violentamente por colectivos movilizados, quienes con piedras y objetos contundentes enfrentaron una manifestación pacífica.
El diputado Martínez fue trasladado a un sitio de emergencias para evaluar posible fracturas cráneo encefálica. Desde el momento del ataque se lograron imágenes de los responsables físicos e intelectuales quienes destruyeron las pancartas y más de 18 mil firmas.
Carlos Suniaga, corresponsal de un medio nacional y su reportero gráfico, José Medina los atacaron para intentar quitarles sus pertenencia, entre el forcejeo el morral que llevaba Media lo rompieron.
Por su parte, el equipo de Nueva Prensa Digital, las periodistas Laura Clisánchez y Pableysa Ostos los amenazaron y amedrentaron.
También atacaron al sacerdote Carlos Ruiz de la parroquia 11 de abril y a un doctor, cuya identidad no se pudo conocer. Este último, de acuerdo a un video divulgado en redes sociales, lo agredió el presidente Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad del estado Bolívar, José Rosario González.
María Álvarez, diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar, informó que tres transportistas, quienes ayudaron al traslado de los miembros de la Asamblea de Ciudadanos, fueron detenidos y los pasaron directo a Fiscalía.
Asimismo, dijo a Nueva Prensa Digital, que es ilógico que el Alcalde piense que ciudadanos y comerciantes de esta Asamblea que vienen a entregar un documento se le agreda de eta manera.
Sin éxito
Tras los actos violentos, la Asamblea de Ciudadanos no pudo hacer entrega de la carta solicitando el derogue del decreto que impone las tarifas del aseo urbano de la empresa privado Fospuca.
El presidente del Colegio de Ingenieros, Pedro Acuño, luego del altercado, dijo a los medios de comunicación presente, que el documento consignado por la Asamblea tiene más de 10.200 firmas ciudadanos exigiendo la eliminación del mencionado decreto sobre las tarifas establecidas de aseo urbano.
Acuña resaltó que desde el colegio que preside, se realizó un estudio de tarifas y las presentadas no son adaptables a la realidad de la ciudad.
Para cerrar, recordó que desde el mes de noviembre le solicitaron al alcalde el «acuerdo» firmado con Fospuca y hasta la fecha no lo ha entregado.
La asamblea de , en representación de usuarios comerciales y residenciales, acudió a la Alcaldía de Caroní este martes 7 de marzo, para entregar un documento firmado por más de 10 mil personas en el que exigen la derogación inmediata del decreto 008-2022 sobre las altas tarifas del servicio de aseo urbano prestado por Fospuca Caroní.
Cuando los protestantes llegaron a la altura de la Plaza Bolívar de San Félix, fueron interceptados por miembros de distintas organizaciones adscritas al PSUV como Guayana es Mujer, Misión Chamba Juvenil, Movimiento Isabel Gómez y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), quienes les impidieron el acceso al Ayuntamiento, argumentando que no tenían permiso para entrar.
Los manifestantes quedaron situados en la escalera lateral izquierda de la plaza, justo frente a la oficina de la Gobernación de Bolívar y diagonal a la Alcaldía. En el sitio, el presidente del Colegio de Ingenieros y parte del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos, Pedro Acuña, comenzó a leer a través del megáfono el documento consignado.
Fue entonces cuando miembros de las organizaciones oficialistas comandadadas por el PSUV, en apoyo al alcalde Tito Oviedo, procedieron a romper las pancartas. Arrebataron el megáfono del vocero e intentaron romper el documento firmado. Durante el conflicto, los simpatizantes del PSUV también intentaron sustraer el equipo de sonido y el micrófono de los manifestantes.
Al menos cinco miembros de la Asamblea de Ciudadanos resultaron heridos, frente a la inacción de los cuerpos policiales presentes en el sitio. Uno de ellos, el párroco de la iglesia San Martín de Porres, Carlos Ruiz, fue agredido por un grupo de personas hasta que se tiró al suelo como estrategia para protegerse.
«Nos impidieron pasar a entregar el documento y exponer nuestras peticiones. Fuimos golpeados, y nos arrebataron el equipo de sonido, por lo que tuvimos que retirarnos. Queremos rescatar una Venezuela respetuosa de sus instituciones y sus ciudadanos», declaró Acuña.
«Un grupo de mujeres (que se autodenominan Mujeres del PSUV) hicieron una cadena para impedirnos el paso, nosotros les dijimos que solo queríamos entregar una carta, no íbamos con violencia. Pero ahí mismo nos empujaron, golpearon, nos quitaron las banderas y rompieron la pancarta”, relató Susana Linares, miembro del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos y empresaria del sector hotelero.
Miembros de la Asamblea de Ciudadanos también acusaron al director político y director del Instituto Municipal de Tránsito Terrestre (INTT), José Rosario González de agredir a los manifestantes.
«Acuso públicamente al director de política José Rosario González, porque agredió a hombres y mujeres de la protesta. Nosotros no estamos de acuerdo con las tarifas impuestas y no estamos de acuerdo con la forma en la que se licitó y contrató a Fospuca Caroní. Hicimos una carta pública, con firmas en residencias y centros comerciales, y vamos a seguir recogiendo firmas», declaró María Álvarez, diputada al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) y secretaria general del Colegio de Ingenieros.
«Quienes están en la Alcaldía de Caroní tienen el deber de recibir a todos los ciudadanos. Nosotros no teníamos por qué ser agredidos», agregó Álvarez. Debido a las acciones de violencia, la Asamblea de Ciudadanos se retiró del sitio. Sus miembros solicitan que una comisión sea recibida de forma pacífica para poder entregar la carta y ser incluidos en las mesas de diálogo para llegar a acuerdos sobre las tarifas de aseo urbano.
«Para ese tipo de actividades tienen que contar con un permiso que ellos no solicitaron», dijo José Rosario González, miembro del equipo político de la Alcaldía de Caroní y encargado de movilizaciones y eventos, quien catalogó las acciones de violencia de simpatizantes del oficialismo como una respuesta o defensa ante actos de violencia de manifestantes de la Asamblea de Ciudadanos, a quienes acusó de intentar dañar los bienes públicos y obstaculizar el libre tránsito.
Según su versión de lo sucedido, la protesta de la Asamblea de Ciudadanos coincidió con una actividad oficialista en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.
«Para ese tipo de actividades tienen que contar con un permiso que ellos no solicitaron. Se cruzaron esta actividad no permisada (la de la Asamblea de Ciudadanos), con una organizada por las mujeres revolucionarias de Guayana, porque este es el mes de la mujer. Venían un poco más de 100 personas en la caminata y nos percatamos que comenzaron a gritar improperios en contra del Gobierno, el alcalde y el gobernador, pensamos que iba a ocurrir lo peor, y fue lo que ocurrió cuando llegaron a la plaza Bolívar», relató José Rosario González en entrevista con Correo del Caroní.
Aunque Rosario señala que se requieren permisos para manifestar, la protesta pacífica es un derecho civil y político que no amerita permisología.
«¡Paguen sus impuestos!, la ciudad está limpia. Estamos en una Ciudad Guayana para vivir, donde nuestro alcalde Tito Oviedo ha asumido el compromiso de una triada perfecta con la participación del pueblo como es el caso de Dalla Costa, Vista al Sol y 11 de Abril (zonas exoneradas del pago del servicio de aseo urbano). Necesitamos el apoyo de una empresa privada como Fospuca y la institución de SupraGuayana», declaró Orixis Rojas, miembro del movimiento Guayana es Mujer, cuyos miembros forman parte del grupo que agredió a manifestantes de la Asamblea de Ciudadanos.
Altas tarifas, falta de transparencia
Desde hace cuatro meses la empresa privada Fospuca presta el servicio de aseo urbano en el municipio Caroní. La compañía inició operaciones tras un proceso de licitación y contratación con la Alcaldía de Caroní que carece de transparencia.
La Asamblea de Ciudadanos argumenta que, en comparación con otras ciudades en otros países del mundo que cuentan con mejor tecnología, el servicio prestado por Fospuca Caroní no se corresponde con su estructura de costos y tiene un sobreprecio de 1.500% para residencias y de 535% para empresas.
La privatización del servicio recae de forma desigual sobre el sector empresarial. Más del 40% de las empresas debe cancelar desde 50 hasta 1.500 dólares por el servicio de recolección de basura, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados del local, la actividad económica que ejercen y los descuentos otorgados por Fospuca Caroní.
Aunque la compañía ha ofrecido descuentos y convenios de pago, empresarios que deben pagar las tarifas más altas, aseguran que esto no es suficiente, ni se corresponde con el flujo de caja actual de sus negocios.
Fospuca Caroní ha demandado con solicitudes de embargo a ocho empresas de Ciudad Guayana, por falta de pago del servicio de aseo urbano desde noviembre de 2022.
La Superintendencia de Administración Tributaria de la Alcaldía de Caroní ha cerrado temporalmente al menos siete establecimientos comerciales, a los que acusa de evasión fiscal toda vez que el portal tributario se mantiene bloqueado para quienes no estén al día con Fospuca Caroní.
El próximo jueves 9 de marzo se instalará la comisión mixta conformada por representantes empresariales de distintos sectores económicos y autoridades municipales, para llegar a acuerdos sobre las altas tarifas de aseo urbano y relleno sanitario. Miembros de la Asamblea de Ciudadanos esperan ser incluídos en dicha comisión.
Con información de SNPD/Correo del Caroní
![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://elbolivarense.net/con-piedras-y-palos-colectivos-del-psuv-agredieron-a-poblacion-que-protesta-contra-tarifas-fospuca/&media=https://elbolivarense.net/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot_20230309-051739_Twitter.jpg&description="Acuso públicamente al director de política José Rosario González, porque agredió a hombres y mujeres de la protesta". Aunque Rosario señala que se requieren permisos para manifestar, la protesta pacífica es un derecho civil y político que no amerita permisología. Al menos cinco miembros de la Asamblea de Ciudadanos resultaron heridos, frente a la inacción de los cuerpos policiales presentes en el sitio. Uno de ellos, el párroco de la iglesia San Martín de Porres, Carlos Ruiz, fue agredido por un grupo de personas hasta que se tiró al suelo como estrategia para protegerse, violencia en la que participó activamente 'mujeres del psuv'.){kind=link}