El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, indicó que que el Informe de la Misión Internacional de la ONU deja claro que en Venezuela existe un sistema judicial corrupto y débil el cual no está en capacidad de realizar procesos de enjuiciamientos imparciales por lo que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional debe actuar.
El segundo informe de la Misión Internacional de la ONU de Determinación de Hechos sobre Venezuela detalló cómo las deficiencias del sistema de justicia han derivado en un patrón de graves violaciones de DDHH y crímenes de derecho internacional.
En este sentido, Prado hizo énfasis en cómo los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un papel fundamental en las graves violaciones de DDHH, que forman parte de un política del régimen de Maduro para silenciar y sofocar la oposición.
“En medio de la profunda crisis de DDHH de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Asimismo, el informe asegura que “existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política los jueces y fiscales han desempeñado un papel importante en graves violaciones de DDHH y crímenes cometidos por diversos actores del Estado contra opositores”.
La Misión también develó que, según fuentes del Poder Judicial, los jueces de todos los niveles reciben órdenes sobre cómo decidir las sentencias, procedentes directamente de altas esferas del régimen de Maduro.
Un claro ejemplo de la injerencia de la dictadura de Maduro en el sistema de justicia es que los jueces que no han cedido a las presiones políticas han sido perseguidos, denigrados e intimidados.
El informe de La Misión también hizo referencia a los casos de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete. Se estima que las acusaciones tienen un alcance muy limitado y no aseguran la rendición de cuentas entre funcionarios de mayor rango en la cadena de mando.
La Misión concluyó que “el sistema de justicia de Venezuela necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar los derechos de todos los venezolanos, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de DDHH”.
Con información de CCN
