Exigen la liberación de los colegas encarcelados, así como también la de los ciudadanos apresados por la criminalización de la opinión mediante la aplicación de la Ley contra el Odio. Exigimos el respeto al trabajo de los profesionales de la comunicación
Comunicado
Desde los pocos espacios de acceso masivo donde se ejerce un periodismo libre y sin restricciones en Venezuela, la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas celebra este 3 de mayo de 2022, el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Para el CNP, entre mayo de 2021 hasta la fecha, el panorama noticioso nacional se ha oscurecido por el empobrecimiento de la oferta en temas y diversidad al momento de abordar la realidad política, sanitaria, social, ambiental, científica y económica de Venezuela, así como también por el silenciamiento sistemático de las voces disidentes, ya sea por censura directa, la autocensura o por acción perniciosa de los cambios de línea editorial – inducida por la criminalización de la verdad– en los que se sacrifican noticieros independientes por cajas de resonancia de los reportes progubernamentales o por preferir áreas informativas anodinas como la farándula, el deporte, la gastronomía o la moda, entre otras. La situación hay que contextualizarla en una Venezuela asolada por la crisis espiritual y económica, por el hambre, la miseria, la desescolarización, la falta de un sistema sanitario eficiente en medio de una pandemia, los cortes de la conectividad, la violencia y la persecución política.
El escenario antes descrito se agrava por la debacle económica del país, que redujo la inversión en publicidad para los medios independientes; la emigración de los profesionales a otros países y, en otro ámbito, de los medios impresos a Internet, donde son víctimas del hackeo, los ciberataques y el bloqueo permanente desde el país, sobre todo aquellos portales que muestran información contraria al régimen. Sumemos a ello la proliferación deliberada de bulos o noticias falsas, producidas por «guerrillas comunicacionales» nacionales o extranjeras, para confundir a la población u opacar la verdad mediante la magnificación de temas irrelevantes o la minimización de los que sí importan, la difamación de personas o instituciones, o la promoción de ideas o temas poco casados con la verdad y el interés de la sociedad; amén del estado general de los servicios públicos, sobre todo el eléctrico, que inciden directamente en el acceso del venezolano a las informaciones vía internet o radiofónica.
Mucho del silencio que impera ahora en Venezuela –ensordecimiento disimulado por las rockolas en las que se han convertido la mayoría de las estaciones de radio en el país, que representan el 71% de los 980 medios de comunicación que apenas quedan el país, según la ONG Espacio Público– se debe a la imposición de la llamada Ley contra el Odio emitida por una Asamblea Nacional Constituyente, esperpento gubernamental para sustituir el parlamento legítimamente elegido en el año 2015, que le permite al sistema judicial perseguir, enjuiciar y condenar a ciudadanos y periodistas, cuyas opiniones pueden ser consideradas llamados de intolerancia o a la guerra, según el antojo de los órganos gubernamentales, a la vez que se hacen de oídos sordos a verdaderas incitaciones al odio emitidas desde los medios del Estado contra aquellos que estos consideran enemigos.
Ante esta situación, el Colegio Nacional de Periodistas, por medio de su Junta Directiva Nacional, celebra que aún haya en el país medios y profesionales de la comunicación social valientes, corajudos y dispuestos a defender la verdad y el libre acceso de los venezolanos a la información, como parte fundamental del derecho humano a la Libertad de Expresión, cuya vulneración afecta el disfrute y la garantía de otros como la libertad de conciencia, de asociación, a la educación, entre otros derechos esenciales para el desarrollo de la personalidad y un criterio sólido para la toma de decisiones.
El CNP invita a sus agremiados –periodistas apegados a la ley, al compromiso ético con la verdad y la vocación de servicio público– a seguir luchando por el derecho que tienen los venezolanos a la libertad de expresión, a no ser molestado por lo que piensa, al libre acceso a la información pública y a un ecosistema de medios plural, tanto en voces como a temario, apegado a los principios universales de veracidad, balance, oportunidad e integridad, que se desprenden de nuestro código de ética.
Llamamos también la atención a nuestros colegas, sobre todo al acercarse el 27 de junio, Día del Periodista Venezolano, a no aceptar de instituciones privadas o públicas «premios de periodismo» que no se apeguen a los estándares profesionales ni que no cuenten con el aval del CNP, pues dichos «reconocimientos» desde hace mucho tiempo se han utilizado inescrupulosamente como formas de soborno para beneficiar y promocionar puntos de vista ajenos al interés público, lo que está reñido con nuestra ética, con lo que también se falta al principio de anteponer las necesidades comunicacionales de las audiencias a las de las agendas que tienen esas instituciones al otorgar esos premios, lo que incide en la promoción de periodistas comprometidos a intereses ajenos a la verdad.
Finalmente, exigimos la liberación de nuestros colegas encarcelados, así como también la de los ciudadanos apresados por la criminalización de la opinión mediante la aplicación de la Ley contra el Odio. Exigimos el respeto al trabajo de los profesionales de la comunicación, pues en ellos la ciudadanía ha delegado parte de su derecho de buscar, procesar y difundir la información que necesitan para formarse un criterio cabal del mundo donde vive.
Llamamos a la comunidad internacional y a los organismos multilateral a seguir defendiendo desde sus esferas el derecho de los venezolanos a una prensa libre y a exigirle al régimen venezolano que cumpla con los estándares internacionales
