Jhoalys Siverio @jhoalys
Representantes del Colegio de Enfermería y los sindicatos de las empresas básicas denunciaron que hay al menos 157 trabajadores víctimas de persecución laboral. Entre ellos el caso de la enfermera Ada Macuare.
Puerto Ordaz. Los reclamos por condiciones de trabajo dignas solo reciben como respuesta la persecución laboral por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El caso más reciente es el de la enfermera Ada Macuare, privada de libertad arbitrariamente solo por exigir mejoras salariales y un plan de vacunación efectivo contra la COVID-19.
El gremio de enfermeras y la dirigencia sindical en Ciudad Guayana se sumaron a las expresiones de rechazo en contra de esta práctica que sigue tomando fuerza en el país. El objetivo no es más que un intento por acallar las voces de quienes padecen de la falta de institucionalidad en Venezuela.
Lo que hemos hecho es reclamar nuestros derechos. Ada Macuare solo solicitó material quirúrgico y de bioseguridad para poder atender a los pacientes. Por eso no deben meternos presos. No tenemos ni guantes ni mascarillas para atender a los pacientes y aún así seguimos asistiendo a los hospitales, porque sin el personal de enfermería termina de colapsar la institución”, manifestó Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería de Ciudad Guayana.
Precisamente, la falta de una dotación adecuada de equipos de bioseguridad y paupérrimos salarios para cubrir esos gastos exponen a las enfermeras a los contagios por COVID-19.
De acuerdo con Moreno, desde enero de 2021 se calcula que 70 % del personal de enfermería activo se ha contagiado de COVID-19.
En esta segunda oleada, desde enero hasta la fecha, han fallecido al menos ocho enfermeras. Hay algunas con secuelas que todavía no se han podido reincorporar a sus labores”, agregó.
Tras las rejas
El coordinador general de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), Rubén González, destacó que hay por lo menos 157 trabajadores y dirigentes sindicales víctimas de la persecución laboral.
En ese sentido, exigió a los organismos de la comunidad internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional del Trabajo a ejercer acciones contundentes en contra de la persecución laboral del Gobierno.
“Tenemos el caso del compañero Abdul Hurtado, que por ser el secretario de organización del sindicato de Ferrominera le hicieron una patraña politiquera y sigue privado de libertad. A Rodney Álvarez, después de 10 años preso y sin un juicio, lo condenaron a 15 años de prisión”, denunció González.
Fidel Brito, secretario general de la Federación de Trabajadores en el estado Bolívar (Fetrabolívar), abogó por la integración de todos los sectores “en función de enfrentar este régimen dictatorial. Donde no hay democracia, no hay sindicalismo libre. Nos preocupan los puestos de trabajo de nuestros compañeros. El llamado es a la OIT que sabe que estamos secuestrados por este régimen dictatorial”.
Trabajadores expuestos
La ITG también aprovechó para denunciar nuevamente las condiciones de las empresas básicas. Caso especial el del edificio administrativo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Allí habilitaron emergencia y hospitalizaciones en la unidad de servicios médicos, la cual está apta solo para consultas.
La semana pasada, un trabajador falleció y su cuerpo estuvo más de 12 horas expuesto en la planta baja del edificio, donde laboran unos 500 trabajadores.
Además, el fin de semana falleció una trabajadora activa por síntomas asociados a COVID-19. Trascendió que hay otros trabajadores afectados por lo que, posiblemente, las pocas áreas administrativas que están activas sean mudadas a otro edificio.
