La mayoría chavista en el Parlamento aprobó una controvertida ley que busca fiscalizar a las ONG y podría poner en riesgo la existencia del trabajo de estas organizaciones en Venezuela
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, 15 de agosto, una ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el marco de la cruzada del oficialismo para redactar una batería de herramientas legales que permitan al Estado “defender” a la llamada revolución bolivariana, tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de este año.
La conocida como ley anti-ONG se aprobó sin grandes aspavientos ni dilaciones en el debate y después de que el chavismo imprimiera celeridad a su discusión, en el marco de la crisis política que se produjo tras los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, un acto que la oposición mayoritaria no reconoció.
Tras sancionar la ley, el presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento y su mayor impulsor, Diosdado Cabello, recibió el documento y lo elevó ante el pleno en señal de triunfo.
La herramienta legal, cuyo nombre oficial es “Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines” estuvo en el congelador desde finales de mayo pasado.
Pero entre el pasado martes y este jueves la mayoría chavista en el Poder Legislativo aprobó, casi sin discusión, 30 de los 39 artículos de esta controvertida ley, hasta sancionarla la tarde de este jueves.
Trabas al trabajo cívico
Las disposiciones de la ley anti-ONG establecen prohibiciones formales como aceptar aportes financieros que puedan destinarse a actividades políticas.
De igual forma, la herramienta prohíbe promover o permitir actos que atenten contra la estabilidad nacional, las instituciones de Venezuela y “cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”, disposiciones que podrían interpretarse de forma errónea y acarrear importantes sanciones a las ONG.
La ley también establece severas multas financieras que van desde los 50 petros o 3.000 dólares hasta los 200 petros o 12.000 dólares, una pequeña fortuna en el marco de la aguda crisis económica que atraviesa Venezuela y a la que no escapan las ONG.
Rechazo a la ley
La aprobación de este proyecto era esperada desde que Diosdado Cabello lo presentara a inicios de 2023. Entonces, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que al menos 62 ONG que actúan en el país son “apéndices del imperialismo” y buscan desestabilizar el país.
Pero tanto la sociedad venezolana como organismos y funcionarios internacionales, como el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuestionan la ley.
En especial porque el texto de la ley anti-ONG deja en manos del Gobierno de Nicolás Maduro la potestad de suspender y hasta disolver a las organizaciones no gubernamentales.
Además, la herramienta obligará a las ONG a entregar mucha de su información, incluidos datos de sus financistas, un extremo que podría amenazar su funcionamiento en un país con graves precedentes de persecución.
Reacciones
La aprobación de la ley anti-ONG por parte de la AN fue duramente criticada por distintas ONG, como Provea, una de las de más larga trayectoria en el acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país. En un mensaje en su cuenta en X, Provea denunció lo que describieron una “clara intención de controlar y silenciar” a las voces disidentes en medio de la crisis política que vive Venezuela.
En la publicación advirtieron que esta ley legalizará la persecución hacia la sociedad civil y constituye una amenaza, mediante sanciones millonarias, a organizaciones que ya cumplen con leyes e impuestos.
“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico que ha resistido los ataques de las más altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro”, recalcaron
La ONG Sin Mordaza también condenó la desición de chavismo de sancionar la ley con la que, advirtieron, se busca limitar aún más el espacio cívico y silenciar a quienes han denunciado los abusos del gobierno. En ese sentido se unieron al llamado a la comunidad internacional para que esté alerta ante este ataque a la independencia de la sociedad civil en Venezuela.
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