La AN de 2015 aprobó, este martes 8 de agosto, acuerdo para extender hasta 2028 el plazo de prescripción de bonos venezolanos en default. El diputado Ricardo Aponte (Voluntad Popular) dijo que el acuerdo avalado por la AN «se anticipa a los riesgos». Sostuvo que desde 2019, cuando inició el extinto interinato de Juan Guaidó, el Legislativo ha ejercido de «manera firme» la defensa de los activos
La Asamblea Nacional (AN) de 2015 aprobó un acuerdo sobre los bonos emitidos por la República de Venezuela regidos por las leyes del estado de Nueva York en los Estados Unidos.
En ese sentido, la AN, «como única institución democrática y legítima representante de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos», suspende y difiere desde este martes 8 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2028, «todo lapso de prescripción y/o caducidad que de conformidad con las leyes de Nueva York de los Estados Unidos de América sean aplicables a los bonos emitidos legalmente por la República Bolivariana de Venezuela».
Asimismo, el Parlamento opositor aclara en el texto del acuerdo que lo aprobado «no implica renuncia a otras defensas que legítimamente pueda oponer la República Bolivariana en caso de demandas judiciales para el cobro de Bonos u otras obligaciones.».
La AN de 2015 exhortó a los tenedores de bonos emitidos por la República, «a no ejercer acciones judiciales a fin de contribuir con el futuro proceso ordenado y equitativo de reestructuración y pago de deuda».
Durante la sesión online de este martes 8 de agosto, el diputado Ricardo Aponte(Voluntad Popular) dijo que desde 2016 el Parlamento opositor ha hecho frente a la intención del gobierno de Nicolás Maduro de emitir bonos en operaciones poco transparentes e ilegales, puesto que esa práctica «ha traído como consecuencia que la deuda externa haya crecido de manera exponencial, al punto de caer en default desde el año 2017», a la vez que se han puesto en peligro activos del país.
Aponte dijo que el acuerdo avalado por la AN «se anticipa a los riesgos sobre la prescripción de la caducidad de los bonos de la república». Sostuvo que desde 2019, cuando inició el extinto interinato de Juan Guaidó, el Legislativo ha ejercido «de manera firme» la defensa de los activos, lo cual «ha permitido que el gobierno de los Estados Unidos a través de la OFAC se haya permitido las licencias que posibiliten a esta Asamblea tomar decisiones o acordar con acreedores en materia de deuda».
Por su parte, el diputado José Ricardo Salazar (AD) señaló que «el manejo desastroso de toda la deuda pública venezolan» tiene consecuencias directas sobre los activos que posee Venezuela en Estados Unidos, con la empresa Citgo y el oro en Londres.
De esta manera, defendió la necesidad de que la AN acordara una prórroga de la caducidad de los bonos con el fin de seguir protegiendo los activos de Venezuela en el exterior.
AN rechaza persecución contra sindicalistas y las primarias
En la sesión de este martes, la AN de 2015 rechazó la sentencia que criminaliza a seis sindicalistas y la violencia que denuncian despliega el gobierno de Nicolás Maduro contra las elecciones primarias de la opisición.
Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Nestor Astudillo fueron condenados a 16 años de prisión, por los supuestos delitos de conspiración y asociación.
Juan Pablo García (Vente Venezuela) rechazó que sean detenidos y condenados a 16 años de prisión trabajadores que solo defendían sus derechos. Recordó a los jueces que, en el país, no existe la obediencia debida y que la responsabilidad penal es personal.
«Persiguen a los trabajadores. Pero,¿dónde está Tareck El Aissami que se llevó 23 mil millones de dólares? ¿Por qué solo apresan a quienes defienden sus derechos?», increpó.
García denunció: «El régimen a esta fecha mantiene a más de 280 presos políticos sometidos a intensas torturas, a tratos crueles e inhumanos».
Ana Salas, diputada de Encuentro Ciudadano, refirió que en el caso de los sindicalistas se pronunció la oficina del Alto Comisionado de la ONU de los derechos humanos, «tomando nota del veredicto contra los sindicalistas y reafirmó la preocupación que tienen por la criminalización de los defensores de derechos humanos».
Rafael Veloz (VP) calificó de aberrante la sentencia contra los trabajadores. Por su parte, José Hernández expresó que no hay miedo que detenga el descontento de los trabajadores. «Solo con la unidad de los trabajadores y el pueblo de Venezuela lograremos el cambio político institucional que necesitamos», indicó.
En el debate sobre la violencia contra las primarias, Richard Blanco (ABP) e Ismael García (independiente) rechazaron los ataques a los candidatos tanto del gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, contra María Corina Machado como del comandante general de la GN, mayor General Elio Estrada Paredes, hacia los aspirantes inhabilitados.
Por su parte, Williams Dávila expresó que desde el gobierno se levantan «falsos positivos» contra las primarias. «El régimen está desarrollando una narrativa de falso positivo para crear un ambiente hostil y violento que sabotee la armonía democrática que debe existir en el país», aseveró.
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