Carlos Seijas Meneses @carlosgmeneses
El gobierno gastó millones de dólares en expropiaciones y generó un clima de desconfianza casi palpable en el país para obtener empresas que, en pocos años, llevó al colapso. Ahora busca deshacerse de ellas debido a su incapacidad de mantenerlas
En el completo silencio que establece la ley antibloqueo, la administración de Nicolás Maduro ha llegado a acuerdos con inversionistas para volver a privatizar las empresas que fueron expropiadas durante el mandato de Hugo Chávez hace más de una década, llevadas al colapso.
Se trata de importantes empresas del sector agroalimentario, de importación y distribución de insumos agrícolas, producción de azúcar y productos lácteos, y grandes cadenas de supermercados. El fracaso de la gestión chavista se evidencia en la poca o nula oferta en el mercado de productos que anteriormente despachaban estas compañías. Este destino no fue el que prometió el fallecido presidente, quien justificaba sus ataques contra la propiedad privada y violaciones a la Constitución con la promisión de mejorar la producción y distribución de las empresas, además de las condiciones laborales de los trabajadores.
A partir de 2018, el gobierno de Maduro se vio en la necesidad de aflojar la cuerda con la que tenía amarrada la economía nacional y empezó a girar el timón hacia un mercado un poco más libre. Desde entonces ha ido improvisando sobre la marcha y abandonando los preceptos que caracterizaron el socialismo del siglo XXI para subsistir y conservar el poder en medio de un colapso de sus ingresos. Las sanciones económicas dieron la estocada a la producción petrolera –la principal fuente de entrada de divisas del Estado–, y la recesión e hiperinflación han hecho prácticamente desaparecer la recaudación tributaria.
Luego de un 2018 que se caracterizó por una profunda escasez de alimentos y medicinas, el Ejecutivo liberó impuestos arancelarios para que empresarios privados pudieran traer bienes terminados y abastecieran el mercado de productos que antes se fabricaban en el país. También fue soltando el control que ejercía sobre los precios, redujo las fiscalizaciones y despenalizó el uso del dólar y las operaciones cambiarias.
El economista Víctor Álvarez, Premio Nacional de Ciencias, afirma que el gobierno necesita un sector privado que genere divisas, y por eso abre el mercado interno al capital privado nacional y extranjero. «La Venezuela rentista se agotó. El petróleo seguirá siendo una actividad económica importante pero no generará el mismo caudal de petrodólares de antes. Esto impone diversificar la producción y la oferta exportable, lo cual requiere abrir la economía a la inversión privada nacional y extranjera».
«Sin renta petrolera, el gobierno está emplazado a facilitar la transformación de la economía y así poder conjurar la amenaza de un estallido social. A Maduro no lo tumbó Donald Trump ni Guaidó y ahora evitará que lo tumbe el pueblo. No le queda otro camino que abrir la economía a la inversión privada para poder generar empleo estable y bien remunerado».
Fue en 2018 cuando Maduro reconoció el fracaso del chavismo en la administración de las empresas estatales. «Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra«, expresó el 30 de julio de 2018 en un congreso del partido oficialista PSUV.
Hasta ese año, el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice registraba 1.359 empresas tomadas por el chavismo desde 2005.
En 2020, altos funcionarios del gobierno de Maduro confirmaron que existe un proceso de reprivatización y que se han estado reuniendo con empresarios del sector privado, pero en ningún momento han detallado cuáles son las empresas que están soltando.
«Hemos sostenido muchos encuentros con empresarios privados de distintos sectores», afirmó recientemente la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas de Maduro, Delcy Rodríguez.
El gobernador del estado Portuguesa, Rafael Calles, aseguró, el 27 de diciembre, que la entidad ya ha visto «el fruto de las alianzas estratégicas suscritas con el sector privado», las cuales «garantizan un fondo mensual de 60.000 dólares» a la entidad.
«Un fondo de 60.000 dólares al mes, producto de que 24 empresas públicas, entre ellas 12 agroindustrias, un hotel y la planta de servicios de mecanización agrícola Pedro Camejo, aportan al Ejecutivo regional del 5 al 15% de su ganancia neta mensual; recursos que se reinvierten en las comunidades, especialmente en transformadores y bombas de agua que son las necesidades más sentidas del pueblo portugueseño».
El gobierno de Maduro ha asegurado que la ley antibloqueo garantiza que se puedan establecer acuerdos entre el Estado y el sector privado «para crear riqueza» a pesar de las sanciones internacionales, que prohíben, entre otras cosas, que empresas extranjeras hagan negocios con el Estado venezolano.
La ley antibloqueo es una normativa aprobada por la oficialista asamblea constituyente. Le otorga poderes extraordinarios a Maduro supuestamente para evadir las sanciones y «estimular la inversión nacional y extranjera en el país», incluyendo la participación o compra de activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado.
Opacidad propia del chavismo
La norma también autoriza a las máximas autoridades de los órganos y entes públicos a «otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia» para que no se vea «afectada la eficacia de las medidas». Declara «secreto y reservado» cualquier procedimiento, acto y registro.
La opacidad ha marcado los procesos de transferencia de patronos, lo cual no es nuevo en las operaciones del gobierno. Se desconocen detalles como los montos de venta de las plantas y quiénes son los inversionistas y nuevos dueños. Se ha conocido de la reprivatización de algunas empresas debido a las notificaciones a último minuto que hacen a los trabajadores.
Los procesos de reprivatizaciones se han dado de una forma completamente distinta a las expropiaciones, anunciadas por Chávez y Maduro, con pecho inflado de orgullo, en actos públicos transmitidos en cadenas de radio y televisión.
Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, señala que, efectivamente, no ha habido una explicación y justificación de los «movimientos privatizadores» como parte de una política comunicacional. «La diferencia de hacerlo mediante una política de restitución y reparación de la propiedad privada es llevar adelante actos públicos de exposición del contenido y finalidad de esa política, explicar costos, beneficios, principios y valores a los que responde, medidas para evitar la corrupción y los privilegios en su ejecución. Nada se eso está ocurriendo y por los antecedentes históricos, tampoco lo veremos».
Privados entran en acción
Estas son algunas de las empresas que se conoce que han pasado a manos de empresarios privados o, al menos, parte del manejo de las operaciones:
– Industria Santa Elena. Ubicado en Las Majaguas, al norte del estado Portuguesa, es uno de los 10 centrales azucareros en manos del Estado y uno de los tres que a inicios de 2020 estaban escasamente operando. A través de un comodato por cinco años, el gobierno llegó a un acuerdo con un agroindustrial venezolano del área de los cereales (maíz y arroz), de apellido Generoso, para tratar de elevar la producción de azúcar, según fuentes del sector. Es la primera vez que el empresario se involucra con este rubro. En 2019 el central molió 20.000 toneladas de una capacidad de 700.000 toneladas.
– Central Pío Tamayo. La empresa Consorcio Veinca C.A. asumió, en 2020, las riendas del central azucarero ubicado en el estado Lara, que el gobierno de Hugo Chávez empezó a gestionar en 2001. Actualmente no muele ni una tonelada de caña de azúcar.
El exdiputado Guillermo Palacios, quien hasta el 5 de enero de 2021 fue miembro de la Comisión de Controlaría de la Asamblea Nacional (AN), denunció, el 21 de noviembre que más de 500 trabajadores serían despedidos por la privatización de esta empresa, «lo cual deja en la calle y sin patrimonio real a causa de la hiperinflación y expuestos a la covid-19 a todas estas familias».
«El régimen, después de que destruyó las empresas que expropió o expolió del país, ahora las remata a precios de gallina flaca. Pero aplica una venta silenciosa en calidad de comodato», señaló Palacios. Los trabajadores también han denunciado despidos «injustificados» y han realizado protestas para rechazar la medida.
Sin embargo, a principios de 2021 Consorcio Veinca anunció la contratación, por tiempo indefinido, de 450 trabajadores despedidos por la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar S.A tras la alianza firmada en octubre, de acuerdo con el medio oficialista La Tabla.
El consultor jurídico de Consorcio Veinca, el abogado Raymond Gutiérrez, dijo al medio El Informador que la empresa «está absorbiendo a todos los trabajadores sin distinción del horario que prestaban». «Queremos reivindicar los derechos de estos trabajadores establecidos en la Constitución y en la Ley del Trabajo. El Consorcio Veinca entiende que aquí existe un extraordinario talento humano y que conocen bastante de azúcar».
Aclaró que el Estado no se ha desprendido del central, sino que ha hecho «una alianza estratégica». «Nosotros ponemos el dinero y los trabajadores su fuerza laboral». Agregó que esperan que se empiece a producir azúcar en febrero de 2021.
– Agropatria. Varias de las sucursales de esta red estatal de tiendas de agroinsumos, que hasta 2010 fue la compañía privada Agroisleña, fueron entregadas a una empresa de nombre Grupo Agrollano 2910 C.A., entre ellas la que está ubicada en Machiques (Zulia). Los trabajadores de esta tienda recibieron sin previo aviso una notificación, emitida por el gerente de gestión humana de Agropatria, Gustavo Alviárez, sobre la «sustitución de patrono en la empresa» a partir de noviembre de 2020, como resultado de la «alianza estratégica» entre Agropatria y Agrollano, firmada el 14 de abril de 2020, y con una duración de 20 años.
Por otro lado, 25 trabajadores de la tienda en El Tocuyo, municipio Morán, estado Lara, fueron despedidos. En las protestas que han llevado a cabo afirman que la empresa violó el decreto de inamovilidad laboral, que ha sido ratificado por Maduro en 2020 como una de las medidas económicas que conforman su paquete económico para hacer frente a los efectos de la covid-19.
Fuentes del sector agrícola dijeron a TalCual que el Estado dio aproximadamente la mitad de las tiendas que tiene Agropatria en el país al Grupo Agrollano 2910 C.A., supuestamente del Grupo Eveba, propiedad de los hermanos libaneses Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub. Hasta mediados de diciembre, las principales asociaciones productoras de alimentos no habían tenido acercamiento con los supuestos nuevos dueños de Agropatria, a pesar de que a finales de 2020 ya debió gestionarse la compra de los insumos necesarios para el ciclo de siembra invierno 2021.
– Lácteos Los Andes. En noviembre de 2020, se rumoreó que la planta ubicada en Cabudare, estado Lara, expropiada por el gobierno venezolano en 2008, había sido entregada a un grupo empresarial de Irán. Una fuente del sector lácteo, que solicitó el anonimato, aseguró a TalCual que, efectivamente, un grupo iraní creó en 2020 una sociedad con el gobierno para rescatar la empresa. «De hecho, sería una compra de ese grupo iraní. El esquema fue una asociación, de modo que ya están dentro los privados, desde el año pasado».
De acuerdo con declaraciones off the record de un trabajador de la empresa al medio Punto de Corte, todos los cargos gerenciales serán reemplazados por iraníes, mientras que los trabajadores de la antigua estatal pasarán a asumir nuevas posiciones directivas.
Lácteos Los Andes, fundada en 1984, fue adquirida por Pdvsa en marzo de 2008. Aunque su producción creció 33% entre 2007 y 2012, según Transparencia Venezuela, en los siguientes seis años cayó por falta de materia prima.
– Red de Abastos Bicentenario. Las 34 sucursales en el Distrito Capital y 13 estados del país de las antiguas Éxito y Cada, propiedad de la minorista francesa Casino, no estuvieron más de seis años en manos del Estado. En 2016, Maduro ordenó una restructuración de la red de supermercados para «acabar con la corrupción». Fue el inicio del fin de una de las más grandes promesas de Chávez y el comienzo de un proceso de reprivatización. Más de 10.000 trabajadores fueron despedidos, según sindicalistas.
Los establecimientos se convirtieron en Tiendas CLAP, manejadas por la compañía Salva Foods 2015 del empresario colombiano Carlos Rolando Lizcano, socio de Alex Saab y de Álvaro Pulido Vargas, investigados por hechos de corrupción relacionados con el programa alimentario del gobierno de Maduro. En 2020 algunas tiendas cerraron, entre ellas las de Fuerte Tiuna, y una de las más grandes, la de Terrazas del Ávila, se convirtió en el Megasis, de empresarios iraníes.
– Fama de América. Si bien no pasó completamente a manos de empresarios privados, trabajadores y dirigentes sindicales han asegurado que el Estado ha creado alianzas con inversionistas para elevar la producción de esta empresa, expropiada por el gobierno de Chávez en 2009. Consideran que se trata de una «privatización encubierta». Esta compañía tiene dos plantas: en Caracas y en Carabobo.
En 2019 los trabajadores y sindicalistas afirmaron que la planta ubicada en La Yaguara trabajaba a 20% de su capacidad debido a la falta de inversión, repuestos, deterioro de la progresividad de los derechos y beneficios laborables. En el año 2009 la empresa producía 18.600 toneladas de café (18,6 millones de kilos) y para el 2015 apenas 2.500 toneladas entre café tostado y molido. En 2020 la planta Fama de América en Caracas produjo 200.000 kilos mensuales de café, según el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate.
En noviembre de 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó que Venezuela debía pagar 43 millones de dólares a la empresa holandesa Longreef Investments AVV por la expropiación de Fama de América. En marzo de 2018, el gobierno de Maduro presentó una solicitud de anulación del laudo. Sigue pendiente.
Fuente: Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad
Los montos que hasta los momentos Venezuela y Pdvsa han sido condenados a pagar a los acreedores arbitrales, así como los costos asociados a los procedimientos arbitrales asciende a 21.299 millones de dólares, lo cual representa alrededor de 14% de la deuda externa venezolana, de acuerdo con el informe El arbitraje de inversión como mecanismo de protección del Derecho de Propiedad en Venezuela, elaborado por el Observatorio de Propiedad de Cedice. «Sin embargo, ese monto no incluye las eventuales condenas que podrían ser determinadas por los tribunales arbitrales que aún están tramitando demandas contra Venezuela y Pdvsa».
Reprivatizaciones no cambian el clima de desconfianza
El cementerio de empresas estatales en el que se convirtió buena parte del país –que el gobierno trata de revivir con reprivatizaciones– pone en evidencia que en vano el gobierno gastó millones de dólares en expropiaciones, elevó de manera innecesaria la deuda externa y generó un clima de desconfianza casi palpable en el país.
Ahora busca deshacerse de las empresas debido a su incapacidad para mantenerlas, mucho menos de elevar su productividad, y de cumplir con las obligaciones que asumieron con los trabajadores, que en reiteradas oportunidades han salido a las calles a protestar por incumplimientos de los contratos colectivos y pésimas condiciones laborales en medio de una crisis económica que ha reducido hasta la pobreza extrema su calidad de vida.
A juicio de Ana Carrasquero, de Cedice Libertad, cualquier comentario que se haga sobre las privatizaciones que se están emprendiendo desde el poder debe necesariamente tomar como una variable a considerar la política sistemática de ataque que desde hace dos décadas se ha ejecutado contra Venezuela, con el objetivo de instaurar el socialismo del siglo XXI.
«Hablar de privatizaciones es un absurdo ya que no se cuenta con garantías de funcionamiento de la propiedad privada, la libertad económica, la competencia, los contratos y el libre intercambio de bienes y servicios, conforme a la oferta y la demanda, y reglas ciertas para asegurar derechos e impedir abusos en su ejercicio. Todos estos elementos son indispensables para generar confianza».
«Es necesario la reparación y restitución del derecho de propiedad de quienes han sido afectados, y solo así se podrá transferir a agentes productivos la mayor cantidad de activos que están en poder del Estado para producir bienes y servicios, reactivar la generación de empleos dedicados a la producción de esos bienes y servicios, generar oportunidades de inversión nacional y extranjera, y contribuir a la generación de confianza en la nueva orientación de la economía venezolana, basada en el respeto a la propiedad privada, los contratos, la libertad económica y la competencia».
La investigadora sostiene que transitar de una economía de planificación central a una economía abierta y de mercado tiene que pasar necesariamente por hacer justicia a las víctimas de violaciones a la propiedad privada y reactivar el proceso de generación de inversión, bienes y servicios en todo el territorio nacional.
«Los acontecimientos como la reprivatización de Lácteos Los Andes, algunos centrales y los Bicentenarios no son señales de liberalización del mercado, simplemente son movidas para buscar reacomodo que le permita al gobierno seguir adelante. La historia lo demuestra, basta ver los casos de Rusia, China y Cuba, cómo los líderes de esas ‘revoluciones’, en su momento, tomaron decisiones para adaptarse y mantenerse en el poder, no para dar libertad a sus ciudadanos y abrir sus economías».
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