Varias horas después de la presentación del segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab arremetió contra la comisión, desestimó el informe y aseveró que los investigadores están pagados por el Grupo de Lima para malponer a jueces y fiscales venezolanos.
En rueda de prensa, Saab dijo que el MP rechaza el informe de «una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y a los fiscales que a diario afrontamos el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas».
Sugirió que no es casual que este documento «aparezca cuando «el país avanza hacia el diálogo y la resolución de diferencias a través del voto»; y se defendió diciendo que recientemente se aprobó en primera discusión un paquete de 7 leyes relacionadas con DDHH, «lo que es una demostración del aporte del Estado venezolano en pro de la legalidad».
«Todo lo que hemos hecho nosotros para imponer acciones judiciales oportunas ante violaciones de DDHH revela la necesidad de justicia de esta institución. Dudo que en los países del Grupo de Lima puedan decir lo mismo», agregó y continuó alegando que hay más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de DDHH. «¿Qué quiere la Misión de la ONU que se hiciera en relación a la incursión marítima y ante los planes de matar a través de una agencia tercerizada; ¿qué esperaban?, ¿Qué no se actuara?, ¿Cómo se puede llamar a las personas detenidas por esos hechos?, ¿Son personas pacíficas?, ¿Qué se puede decir sobre los grupos armados en Altamira?, ¿Cómo se les llaman?, ¿Agentes de la libertad? No nos parece».
Unidad Especializada de Investigaciones de DDHH
El oficialista, aprovechó para anunciar la creación de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de DDHH, que supuestamente «tendrá como objetivo apoyar a los fiscales a nivel técnico criminalístico, para que evalúen según las circunstancias de cada caso la línea de investigación aplicada, a fin de practicar lo necesario para el esclarecimiento de los hechos».
Dicha estructura contará con 4 fiscales nacionales en materia de protección de DDHH, 4 fiscales auxiliares, investigadores, expertos criminalísticos, técnicos profesionales, médicos forenses y médicos patólogos.
Antes de despedirse, invitó a «quienes consideren que sus DDHH han sido vulnerados a acudir ante el MP «para tener respuesta inmediata».
“Esta unidad tiene como función apoyar a los fiscales a que, desde el punto de vista técnico, evalúen según la Constitución la línea de investigativa aplicada a fin de practicar todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos», dijo.
Este jueves, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un nuevo informe en el que dejo sentado las recurrentes violaciones al debido proceso y un sistema de justicia que carece de independencia; datos precisos indican que se ha convertido en patrón que jueces y fiscales siembren a los acusados para justificar detenciones.
«La Misión identificó un patrón en el que actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados para justificar una detención o sostener los cargos y/o no investigaron las denuncias de que las detenciones se habían realizado sobre la base de dichos medios de prueba», suscribe uno de los puntos del documento de más de 200 páginas.
«La Misión ha identificado y documentado 24 detenciones en las que se utilizaron medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados. Además, el 78,82% de las personas que respondieron al cuestionario de la Misión, todas ellas abogados, abogadas, fiscales, jueces o juezas, indicaron que habían observado dicha manipulación de pruebas en casos para sustentar cargo».
