Juan Francisco Alonso
Desde Acceso a la Justicia consideran que el anuncio de Nicolás Maduro es un maquillaje de cara a los próximos informes de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y advierten que el retardo procesal no es el principal problema del sistema de administración de justicia, sino un síntoma de otros estructurales.
Caracas. “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. En el chavismo parecen haber hecho de esta frase del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa su máxima para lidiar con los problemas y las fallas que aquejan a la justicia venezolana. Así, pese a que en las últimas dos décadas se han puesto en marcha cuatro grandes reformas del Poder Judicial, ahora Nicolás Maduro anuncia una “revolución judicial profunda y acelerada”.
“En Venezuela hace falta, en esta etapa de la construcción del nuevo Estado, una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional. Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, sacuda y que transforme todo el sistema de justicia del país (para así tener) un Estado que le garantice al hombre y a la mujer de a pie su seguridad jurídica, acceso a los órganos de administración de justicia y que le garantice justicia sobre todo a los más humildes, a todo un país, pero sobre todo a los más humildes”, afirmó el jefe del Gobierno este lunes 21 de junio, durante una reunión del Consejo de Estado, en la que se acordó la creación de una comisión especial encabezada por el diputado Diosdado Cabello, la cual tendrá 60 días para resolver el problema del hacinamiento en los centros de detención preventiva (comisarías policiales) y para presentar un plan integral para transformar los tribunales, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Pese a que aseguró: “Tenemos cómo hacer (esta revolución), sabemos cómo hacerla, queremos hacerla y vamos a hacerla”, lo cierto es que hay motivos para dudar de sus palabras. En enero de 2020 el mandatario ya puso su mirada sobre la justicia y le pidió a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente que impulsó en 2017 que realizara una “profunda” reforma del Poder Judicial, en unos términos muy similares a los expresados el lunes.
“Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros (…) que nadie se sienta ofendido o triste, pero tenemos que cambiar muchas cosas (…) Por eso me atrevo a proponer a la ANC que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio todas las estructuras del Poder Judicial”, dijo en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), adonde acudió para presidir el acto de inicio de actividades judiciales.
No obstante, el tiempo pasó y la ANC se disolvió en diciembre pasado sin tomar una sola medida.
Un tema en la agenda
Al iniciar sus labores este año, el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, pidió a la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo revisar el marco legal vigente, en particular los códigos Penal y de Procedimiento Civil, y las leyes contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, contra la Corrupción y contra las Drogas.
“Requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país”, dijo, para luego agregar: “Debemos adaptar los procedimientos judiciales a la nueva realidad tecnológica mundial, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia, contribuir a la celeridad procesal y destruir el burocratismo judicial, debiendo privilegiar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los casos donde por la simplicidad de los hechos y la reclamación evidente del derecho se pueda evitar la judicialización de estos asuntos”.
El Parlamento atendió la petición y varios de los textos antes mencionados figuran en el plan legislativo de este año. No obstante, desde Miraflores consideran necesario ir más allá para atacar problemas como el retardo procesal, el hacinamiento en los centros de detención preventiva y aquellos relacionados con el funcionamiento del sistema penitenciario y del sistema de justicia en general.
Atacando los síntomas, no las causas
La nueva reforma judicial fue criticada desde Acceso a la Justicia, organización especializada en el monitoreo del Poder Judicial, desde donde consideran que la misma no toca los problemas de fondo que aquejan a la justicia.
“El principal problema del Poder Judicial es su falta de independencia e imparcialidad y sobre eso no habló Maduro. Los problemas del Poder Judicial no se reducen al retardo procesal y al hacinamiento. Estamos hablando de un Poder Judicial donde un abogado tiene que llevar el papel y la tinta para que le impriman una decisión, hablamos de un Poder Judicial que sufre los mismos cortes de luz y de Internet que afectan a la mayoría de los venezolanos; y de un Poder Judicial sin jueces nombrados como manda la Constitución. ¿Por qué no hablan de los concursos de oposición (para designar a los jueces)? Los problemas estructurales no los tocan, sino los síntomas”, afirmó Alí Daniels, coordinador de la agrupación.
Para Daniels la enésima reforma judicial se enmarca en las maniobras que el Gobierno viene realizando tanto para escapar de una eventual investigación de la Corte Penal Internacional como para evitar nuevas críticas de parte de instancias internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La información de que dispone el Acnudh refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias”, denunció Michelle Bachelet en su informe de julio de 2020.
