Militares venezolanos han formado una nefasta alianza con bandas criminales y guerrilleros colombianos, quienes en sociedad con líderes del régimen de Caracas controlan con violencia a decenas de miles de personas que trabajan en las minas de oro, dijo el lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La agrupación multilateral declaró como de alto riesgo el oro que fluye a los mercados internacionales desde Venezuela, debido a evidencias sobre la participación en la industria venezolana de organizaciones criminales y grupos designados como terroristas.
Además de estar involucradas en operaciones de fraude y de lavado de dinero con el metal, estas organizaciones gobiernan la zona minera venezolana, cometiendo “serias violaciones de los derechos humanos”, incluyendo “las peores manifestaciones de trabajo infantil, trabajo forzado, torturas y violencia sexual generalizada”, señaló el informe de la organización titulado: Oro Fluye desde Venezuela, respaldando la debida diligencia en la producción y comercialización de oro en Venezuela.
Aun cuando las cifras venezolanas son desconocidas, el informe estima que la producción ilegal de oro podría estar entre las 38 y 75 toneladas al año, al tiempo que entre 70,000 y 500,000 venezolanos podrían estar trabajando directa o indirectamente en la industria.
Según la OCDE, la operación venezolana típica es una pequeña mina con no más de 12 trabajadores y un financista que suministra modestos equipos de trabajo. Pero gran parte de la producción termina en los bolsillos de otros actores debido a que los mineros se ven obligados a pagar una larga cadena de sobornos y de extorsión para poder operar en la zona.
Para empezar, “parte de la producción debe ir a grupos militantes [guerrilleros] o en ocasiones bandas criminales que son los que ejercen control de las zonas”.
Parte de la producción termina en los bolsillos de militares venezolanos, normalmente elementos de la Guardia Nacional, quienes obligan a los mineros a venderles el metal a un precio muy por debajo de los precios del mercado, señala el informe.
Militares y agentes de las fuerzas de seguridad también extorsionan pagos regularmente en las alcabalas colocadas en las pocas carreteras de la zona, y finalmente los mineros deben pagar una porción de la producción a las autoridades locales, regionales y nacionales, agrega el documento.
“En resumen, las operaciones de extorsión y los pagos adicionales denominados Vacunas, las cuales pueden ser arbitrarias o sistemáticas, son partes inseparables de la explotación de oro” en Venezuela, señala el informe.
Por otro lado, las operaciones de mayor tamaño son obligadas a vender su producción directamente a representantes de altos funcionarios del régimen, quienes terminan siendo los grandes beneficiarios de la operación.
El metal venezolano sale del país a través de diversas rutas al exterior para beneficio de los funcionarios, en algunos casos canalizando los beneficios a través de compañías registradas en la Florida, añadió el documento.
Aun cuando el control físico de las operaciones mineras recae sobre los hombres de la guerrilla o de bandas criminales, cada una de las distintas operaciones son pequeñas ramas conectadas a un solo tronco conformado por el sector militar.
“Todo pasa a través de los militares”, señala el documento. “Es una cadena que en la parte más baja [frecuentemente] está compuesta por las [etnias indígenas] Hoti o Sanema o Yekuana, luego siguen por las mafias o las agrupaciones armadas, y en la parte alta está el general que controla toda la zona. Y sobre él, el alto gobierno en Caracas”.
Por otro lado, altos oficiales de la Fuerza Armada venezolana operan como mayoristas del metal en el estado Bolívar, comprando en la zona hasta 100 kilogramos de oro a descuento.
Los pagos de sobornos a los generales que operan en la zona por parte de las operaciones mineras promediaron cerca de 20 kilogramos de oro por mes en el 2019, o unos $1.2 millones a los precios actuales.
“Esto, aparentemente, ha convertido los nombramientos a puestos en las zonas mineras en algo muy popular y la frecuente rotación presuntamente ha enriquecido a oficiales de alto mando, asegurando sus lealtades a la administración de [Nicolás] Maduro”, señala el informe citando información recogida por el International Crisis Group.
El informe también resalta la participación del empresario colombiano Alex Saab, quien actualmente se encuentra arrestado en Cabo Verde y bajo pedido de extradición de Estados Unidos, en las operaciones mineras orquestadas por el régimen de Maduro.
Saab fue uno de los principales arquitectos de las operaciones del régimen para contrabandear el oro que estaba siendo extraído en las zonas mineras, según que fue resaltado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, cuando le sancionó en julio del 2019.
El informe señaló, citando a la OFAC, que Saab participó en una serie de operaciones ilícitas en las que compraba oro de la zona a precios oficiales, en vez de pagar los más altos precios de libre mercado, y que luego vendía el metal al Banco Central de Venezuela, haciendo arreglos simultáneamente para que fuese vendido en destinos internacionales, incluyendo Turquía.
Los fondos obtenidos a través de esas ventas eran colocados en cuentas del Banco Central de Venezuela en Turquía y parte de ese dinero era utilizado por Saab para comprar bienes de primera necesidad que luego eran vendidos al Estado venezolano a precios inflados, señala el informe.
