La represión se intensificó a partir de 2014 y después intervino el Poder Judicial para minar los triunfos electorales de la oposición
por Efecto Cocuyo | @efectococuyo
Tras el bien calculado y orquestado anuncio de la muerte de su líder en 2013, llegó a pensarse que era cuestión de tiempo para que la llamada revolución bolivariana hiciera aguas. La escasa diferencia (50,61% vs 49,12%) con la que Nicolás Maduro – designado en vivo y directo por televisión por Hugo Chávez como su sucesor antes de fallecer – le ganó a Henrique Capriles en las presidenciales de ese año fue el primer alerta para el proyecto político que llegó en 1998.
¿De qué se ha valido Maduro para mantenerse en el poder por dos períodos consecutivos e intentar imponerse para un tercero, pese a la merma del capital político heredado?
Para políticos y analistas la principal respuesta es haberse trazado un camino divorciado de las reglas democráticas en el que “todo se vale” para preservar Miraflores. La guinda del pastel ha sido optar por desconocer la voluntad popular del 28 de julio que, según actas de testigos electorales publicadas por la oposición, dan como ganador a Edmundo González con 67% de la votación.
“Cuando Maduro llegó al poder en 2013, Venezuela era considerada un autoritarismo competitivo. Es decir, un Estado donde el gobierno ejercía el poder de manera autoritaria, pero donde todavía quedaban ventanas para la competencia electoral. Hoy, 11 años después, es un autoritarismo hegemónico camino a ser un autoritarismo cerrado. Un Estado donde quien gobierna persigue, reprime, tortura y asesina a quienes se le oponen para mantenerse en el poder”, sostiene el politólogo Enderson Sequera.
Pero la deriva hacia un modelo no democrático no ocurrió de la noche a la mañana, se trabajó a lo largo de todos estos años en ausencia de Chávez. Desde 2013 ocurrieron varios hitos que fueron profundizando el deterioro del sistema consagrado en el artículo 2 de la Constitución: el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
A continuación, un repaso por tales hechos claves:
Elecciones de 2013
Una diferencia de apenas 223.599 entre los candidatos Maduro y Capriles, a favor del primero, llevó al exgobernador de Miranda a solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Tibisay Lucena, una auditoría para verificar los resultados. El ente comicial hizo la revisión, pero en condiciones que Capriles no consideró justas. El Poder Electoral ratificó el triunfo del para entonces presidente encargado y Capriles elevó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por violación de derechos políticos.
Posteriormente la Cidh confirmó que derechos de Capriles sí fueron violados desde una campaña electoral desigual en la que el partido de gobierno (Psuv) utilizó recursos públicos para la promoción de Maduro, hasta la “parcialidad” manifiesta del CNE.
“Desde su propia elección en abril de 2013, Maduro ha avanzado en el desmontaje de la democracia en Venezuela. En ese momento, se le proclamó vencedor de unas elecciones donde oficialmente se impuso por poco más de 200 mil votos y donde el CNE no atendió los llamados de Capriles de hacer auditorías profundas y revisar los cuadernos electorales. Ese es el primer hito: una elección presidencial cargada de irregularidades que hizo que la legitimidad de origen de Maduro estuviera siempre cuestionada”, apunta Sequera.
Olas represivas
2014. Desde las protestas antigubernamentales de 2014, encabezadas por líderes políticos como Leopoldo López, el gobierno de Maduro dejó claro que habría “mano dura” contra la oposición -señalada de golpista – y contra la ciudadanía que la apoyara. La inseguridad, la inflación, escasez de productos de primera necesidad, incertidumbre y apagones, fueron motivos expresados la gente para salir a manifestar en varios estados del país.
Para entonces se registraron 43 muertes; 155 detenidos según Foro Penal y 137 heridos según la Fiscalía. López fue encarcelado y posteriormente condenado a 14 años de prisión, en un caso plagado de violaciones al debido proceso.
2017: Cuatro meses de incesantes protestas (abril a julio) desencadenas por dos sentencias (155 y 156) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con las que asumía las competencias de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, arrojaron más de 100 muertes, miles de personas arrestadas arbitrariamente, muchas presentadas ante tribunales militares y sometidas a tratos crueles e inhumanos durante los arrestos y el presidio. Por tales casos hay una investigación en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad contra el Estado venezolano.
2024: Los resultados de los comicios del 28 de julio, anunciados por el CNE, sin pruebas, que dan la victoria a Maduro con 51,95% de la votación, más una proclamación apresurada, desataron protestas en varios estados del país, Caracas incluida, los días 29 y 30 de julio.
En el contexto de dichas manifestaciones, Foro Penal ha registrado 1.503 detenciones arbitrarias hasta el 18 de agosto, 129 de ellas contra adolescentes. Entre los apresados están ciudadanos comunes, trabajadores de la prensa, activistas de derechos humanos y políticos como Freddy Superlano. La desaparición forzada, la incomunicación, tratos crueles e inhumanos e imposición de defensores públicos forman parte de las violaciones al debido proceso denunciadas. Hasta ahora se habla de 25 muertes. Maduro ha dicho que esta vez “no habrá perdón”.
AN atada de manos
“Un hito importante en la era Maduro es el desmontaje de los poderes (públicos). Por ejemplo, con el triunfo de la oposición en la AN en 2015 y el haberle quitado competencias vía TSJ en la famosa tesis del desacato. Maduro demostró que no cree en la democracia porque no estaba dispuesto a aceptar que la oposición hiciera el trabajo que se ganó con los votos”, sostuvo Sequera.
En los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, la oposición casi arrasó con 112 curules frente a 55 obtenidos por el Psuv, pero Miraflores no se quedó de brazos cruzados ante la derrota. El 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ dominado por magistrados afectos al gobierno, suspendió la proclamación de cuatro diputados electos en el estado Amazonas por supuestas irregularidades en la elección denunciadas por el Psuv.
La nueva AN dominada por la oposición insistió en juramentar a los legisladores opositores (tres) de Amazonas, lo que ocasionó el famoso desacato que el TSJ impuso a la AN desde enero de 2016 para invalidar todas sus decisiones, medida que se mantuvo durante todo el período constitucional.
Imposición de una Constituyente
Al día de hoy, Maduro se ufana de haber “pacificado” el país con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida, en cuestionados comicios, del 30 de julio de 2017, en los que sólo participaron el Psuv y sus aliados, lo que dio como resultado una instancia monocolor.
La nueva ANC se atribuyó poderes “supraconstitucionales” con los cuales se atribuyó competencias de la AN como la aprobación de leyes y del CNE al ordenar a partidos políticos una renovación mediante recolección de firmas y convocar a las elecciones presidenciales de 2018.
Tras dichos comicios, la empresa encargada del sistema automatizado Smarmatic, reveló que la cifra de participación de electores fue “abultada” en por lo menos un millón de personas. Tibisay Lucena informó que para entonces votaron 8 millones de personas. Dicha ANC operó por tres años, hasta que se celebraron elecciones parlamentarias en 2020, de nuevo cuestionadas porque estuvieron antecedidas de intervenciones judiciales de partidos políticos de oposición y disidentes del chavismo y de inhabilitaciones políticas.
Compitió “solo” en 2018
“En 2018, Maduro aplicó una especie de escenario Nicaragua antes de Nicaragua; es decir, inhabilitó a la competencia, ilegalizó partidos, cerró medios y se impuso en la elección, comicios que luego serían cuestionados por la comunidad internacional y serían el origen del gobierno interino de Juan Guaidó”, comentó el politólogo.
El gobernante se impuso para un segundo período en los comicios del 20 de mayo de 2018, en los que venció al exgobernador de Lara, Henri Falcón, con 67% de la votación frente a sólo 20%. Falcón acudió a los comicios sin el apoyo de la oposición mayoritaria que se abstuvo de participar por falta de condiciones democráticas.
¿Cómo se materializó esa falta de condiciones? Previamente, vía TSJ, ANC y CNE invalidaron los partidos políticos como Primero Justicia, Voluntad Popular, Puente, Redes, Alianza Bravo Pueblo, Causa R y la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con la que la oposición obtuvo mayoría en la AN en las elecciones de 2015. Además, estaban inhabilitados líderes políticos como López (encarcelado) y Capriles.
Dos intentos de revocatorio frustrados
Miraflores también logró bloquear dos intentos de revocatorio contra Maduro a la mitad de sus mandatos iniciados en 2013 y 2018. En el primero, se valió de dos jugadas judiciales.
El 17 de octubre de 2016, mediante sentencia 147, la Sala Electoral exigió que 20% de firmas de electores inscritos ante el CNE, requerido según la Constitución para aprobar la realización del referendo, fuese por estado y no a nivel nacional, lo cual fue considerado inconstitucional por tratarse de un proceso nacional con una única circunscripción para la Presidencia de la República y no regional.
Después de ese fallo cinco tribunales regionales anularon la recolección de firmas en Aragua, Carabobo, Bolívar, Monagas y Apure, por lo que el CNE paralizó el proceso “hasta nuevo aviso” hasta hacerlo inviable.
En 2022 hubo un segundo intento, impulsado principalmente por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), encabezado por Nicmer Evans y César Pérez Vivas. Contrario a las peticiones, el CNE estableció un solo día para la recolección de firmas, el 26 de enero en 1.200 puntos en todo el país, lo que hizo imposible que los adversarios del gobierno pudieran recabar las rúbricas requeridas (alrededor de 5 millones).
Elecciones presidenciales 2024
“11 años después, Maduro ha impuesto en Venezuela un terrorismo de Estado y ha desmontado por completo la democracia en Venezuela. La reciente elección del 28 de julio de 2024, donde se comete un fraude colosal y se anuncia a Maduro como ganador y se desconoce el masivo triunfo de Edmundo González, lo demuestran” recalcó Sequera.
Tras una jornada electoral caracterizada por la masiva participación de los electores, en la que las encuestas a boca de urna daban como seguro ganador a González, se denunció una sorpresiva interrupción del proceso de transmisión de los resultados desde los centros electorales a uno de los dos centros de totalización del CNE. El ente comicial alertó sobre un supuesto ataque informático que sin embargo no le impidió anunciar a Maduro como ganador con 80% de la transmisión.
Los observadores internacionales del Centro Carter y Panel de Expertos de la ONU avalaron la denuncia de fraude y exigen al CNE publicar los resultados electorales mesa por mesa para que puedan ser auditados de manera independiente, algo a lo que el ente comicial se ha negado hasta la fecha. El TSJ de nuevo intervino por solicitud de Maduro para “certificar” los resultados informados por el Poder Electoral, lo que han advertido juristas, no es parte de su competencia.
Este 22 de agosto, la Sala Electoral del TSJ sentenció que son válidos los resultados electorales que anunció el CNE a favor de Maduro lo que, señalan de nuevo los abogados, consuma no sólo un fraude electoral sino un golpe de estado al desconocer a un presidente legítimamente electo (Edmundo González) e imponer un “gobierno de facto” a partir de enero de 2025, con consecuencias nacionales e internacionales.
