La crisis política que atraviesa Venezuela presenta hoy una situación caracterizada por dos factores contradictorios: el poder ejecutivo está decidido a mantenerse en el poder, contando con la sumisión del poder electoral y el judicial, por una parte, y por la otra la exigua popularidad que hoy tiene Nicolás Maduro, que restringe radicalmente sus posibilidades de ganar una elección medianamente transparente. Y la elección presidencial debe realizarse en 2024.
Ante una coyuntura similar, en 2018 Maduro optó por distribuir inhabilitaciones administrativas a los más relevantes líderes opositores, intervenir judicialmente a los partidos políticos que no le respaldan y producir entonces una elección viciada, írrita, que llevo la crisis política a niveles extraordinarios y que agravó la situación económica, humanitaria y social del país.
En esta oportunidad, Maduro recurre a un nuevo elemento con el que busca alterar la elección presidencial de 2024, la cual, con ocho millones de venezolanos que han migrado ante la crisis humanitaria compleja que su errática administración ha creado, luce cuesta arriba para él: ha rescatado una centenaria disputa territorial de Venezuela con Guyana y ha comenzado a generar señales que sugieren incluso la posibilidad de llegar a un conflicto militar. Esto, obviamente, reviste la máxima gravedad.
Una pieza clave esta estrategia es la convocatoria a un referéndum consultivo con el fin de que “el pueblo se manifieste” con relación a la reclamación territorial.
Así, desde el inicio se evidencia el carácter exclusivamente político de la iniciativa. ¿Debe y puede el pueblo expresarse de manera medianamente cabal e informada sobre un tema cuya naturaleza es, de suyo, de la más alta complejidad desde el punto de vista del derecho internacional?
Es claro que no, y, por el contrario, es deber de la administración, principalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalar al poder ejecutivo los cursos de acción que permitan una adecuada toma de decisiones, justamente fuera de la esfera de la discusión pública que puede ser susceptible de exaltaciones nacionalistas.
Sucede, sin embargo, que en este caso las exaltaciones nacionalistas son promovidas expresamente por el gobierno. ¿Con que fin lo hace? Son muchas las opciones, y todas remiten a episodios lamentables de la historia de nuestro continente, como el de la guerra de las Islas Malvinas.
El referéndum tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, y a tal fin se ha celebrado un simulacro previo el pasado 19 de noviembre. Estos simulacros son usuales en los eventos electorales y permiten afinar algunos aspectos técnicos y logísticos.
En el caso que nos ocupa, el simulacro arrojas más dudas a la opaca gestión del ente electoral: a la fecha no hay cifras oficiales de participación emitidas justamente por el poder electoral, y, sin embargo, hay numerosas declaraciones públicas de altos personeros del gobierno atribuyendo elevadas cifras de participación: signo inequívoco de opacidad.
Pero el simulacro trae otras malas noticias: no se ha permitido la participación de los venezolanos en el exterior, en contravía a lo que señala la ley. Esto presagia que no tiene el Consejo Nacional Electoral intenciones de cumplir la ley y respetar los derechos políticos de la cuarta parte de la población venezolana que se encuentra fuera de Venezuela.
Además, inmediatamente después del simulacro se hicieron presentes las ya recurrentes amenazas contra funcionarios públicos que no participaron en este ejercicio, lo que da cuenta de la continuación de la política de estado de imponer retaliaciones de diverso tipo, contrarias al derecho a la participación política libre de coacciones.
A lo anterior se suma el rechazo de la participación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que había sido parte del acuerdo de Barbados. Esta decisión fue tomada por Maduro en respuesta al anuncio de la Unión Europea de extender hasta mayo de 2024 las sanciones personales contra funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos.
De esta manera, se siguen sumando señales contrarias a la exigencia de elecciones libres. Así, el referéndum consultivo sobre la reclamación a Guyana, reclamación que debe canalizarse por vía de los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra de 1966, amenaza con entorpecer la realización de la elección presidencial de 2024, también debilita los argumentos jurídicos que tiene Venezuela para defender su justo reclamo, y va a reafirmar la exclusión de millones de venezolanos de este referéndum y, presumiblemente, de la elección del próximo año.
La comunidad internacional debe estar atenta a los próximos desarrollos de la situación electoral en Venezuela, ya de por sí compleja, y ahora abiertamente preocupante. Por ello, la observación electoral acordada en la negociación de Barbados es vital.
Este artículo de opinión fue publicado originalmente en la página de AlertaVenezuela
