Los representantes del Estado, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas del mismo juzgado (OPCV, por sus siglas en inglés) e incluso las víctimas venezolanas que lo soliciten sostendrán un primer cara a cara por el caso de los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el país al menos desde 2014.
La Sala de Apelaciones de la CPI ha convocado a los arriba mencionados para que acudan el 7 y 8 de noviembre a una audiencia pública, en la cual expondrán sus argumentos a favor y en contra de la solicitud que en junio pasado hiciera el Gobierno de Nicolás Maduro para que esta instancia ordene al fiscal Karim Khan suspender sus averiguaciones relacionadas con Venezuela.
Los magistrados Marc Perrin de Brichambaut (presidente), Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze tomaron la decisión de celebrar el debate el pasado 12 de octubre, según se desprende del auto n.º 02/18-65.
La agenda de la audiencia
El acto podría considerarse un ensayo de las eventuales audiencias que podrían celebrarse en La Haya en el futuro, en caso de que la Fiscalía continúe investigando lo ocurrido en el país y determine a los presuntos responsables.
Durante las dos sesiones que durará la audiencia se debatirán los cinco supuestos errores en los que, de acuerdo con las autoridades venezolanas, incurrió la Sala de Cuestiones Preliminares al autorizar a Khan a reanudar sus averiguaciones como se lee en el auto n.º 02/18-68 de la Sala de Apelaciones.
En la primera jornada se debatirá sobre el supuesto error en el que habría incurrido el fiscal al no identificar los casos que investiga o los que pretende investigar; el segundo sería su presunta negativa a trabajar con documentos en español y el tercero que este ha utilizado como pruebas de los presuntos crímenes de lesa humanidad documentos que no son «originales».
En la segunda sesión se abordarán los presuntos vicios relacionados con el contexto de los crímenes investigados, así como la solicitud de investigar situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico venezolano, como lo es el delito de persecución, uno de los crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.
Nuevo golpe para el Gobierno
Aunque en la resolución no se establece expresamente que las víctimas ni sus representantes puedan participar, tampoco se excluye esta posibilidad; por ello, la CPI ha instado a los interesados a obtener un derecho de palabra en la audiencia siempre que lo manifiesten por escrito.
Las peticiones para poder intervenir deben ser enviadas a la Sección de Administración de la CPI, a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected].
Sin embargo, en el supuesto de que la Sala de Apelaciones considere que no hay tiempo para permitir más intervenciones, eso no implicará que la voz de las víctimas no se hará oír, pues, entre otras consideraciones, la OPCV expondrá las conclusiones del informe de la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) a partir de la información que recibió durante septiembre de los venezolanos víctimas de detenciones ilegales, persecución, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
El contenido de dicho reporte se hizo público la semana pasada, y en él la Oficina informó que recibió 172 comunicaciones de parte de 2.684 víctimas y 104 familias. En dicho reporte se lee que «las víctimas instan unánimemente a la Sala a rechazar todos los motivos de la apelación invocados por el Gobierno de Venezuela y a confirmar la decisión (de permitirle al Fiscal continuar con sus investigaciones)» y que ellas «apoyan plenamente la investigación».
Las seis razones de las víctimas
En el nuevo informe de la VPRS se agruparon en seis los argumentos por los cuales las víctimas se oponen a la petición del Gobierno de Maduro y respaldan la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de darle luz verde al fiscal Khan para proseguir sus averiguaciones.
averiguaciones.
Las seis razones recopiladas son las siguientes:
- El Gobierno de Venezuela no está dispuesto y es incapaz de llevar a cabo realmente investigaciones y enjuiciamientos de los autores de los presuntos crímenes de lesa humanidad.
- Los procedimientos penales internos son extremadamente limitados y no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal de la CPI.
- El sistema judicial venezolano se caracteriza por la falta de independencia, imparcialidad, capacidad y recursos, así como por violaciones al debido proceso, la intención de proteger a los autores de la justicia y los retrasos injustificados.
- No hay perspectivas realistas de que las víctimas obtengan justicia en Venezuela por ninguno de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, en particular asesinato, encarcelamiento u otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, deportación o persecución.
- Los crímenes de lesa humanidad siguen cometiéndose con total impunidad.
- La investigación de la CPI sigue considerándose una oportunidad única para que se escuche la voz de las víctimas, se ponga fin a la impunidad y se impidan futuros crímenes.
Las víctimas apelaron a los propios argumentos ofrecidos por el Estado para oponerse al fiscal de la CPI; en particular citaron su negativa a admitir que en el país se hayan producido crímenes de lesa humanidad como lo sostienen ellas, distintas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y, por supuesto, el propio Karim Khan.
«Difícilmente puede haber voluntad de investigar algo que se afirma que no ha ocurrido», señalaron algunos de los afectados, de acuerdo con lo que se lee en el reporte.
Varias de las víctimas también pidieron al juzgado que autorice a Khan a ampliar sus investigaciones para incluir hechos ocurridos desde 2002, cuando entró en vigor en Venezuela el Estatuto de Roma que creó la CPI.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La audiencia que se celebrará el 7 y 8 de noviembre no abordará los presuntos crímenes ocurridos en el país, sino que se limitará a determinar si la decisión de autorizar a Karim Khan a retomar sus averiguaciones estuvo o no ajustada a los procedimientos y normas de la CPI. Sin embargo, la misma puede considerarse un abreboca de lo que los venezolanos podrían ver en un futuro, quizás no muy lejano, si se le permite al fiscal proseguir con sus indagaciones y si él logra llevar ante la justicia a alguno de los responsables materiales e intelectuales de las torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros crímenes presuntamente ocurridos en Venezuela
El hecho de que poco más de 2.500 venezolanos hayan atendido el llamado del juzgado y expresaran su oposición a la apelación del Gobierno representa una nueva derrota para las autoridades nacionales y su posición de que en el país no han ocurrido crímenes de lesa humanidad y que cualquier abuso está siendo investigado.
