Denuncian que la junta interventora no ha cumplido con los acuerdos firmados el 23 de agosto, tras la negociación para levantar la huelga de hambre de 8 días que hicieron frente al holding.
Por Francesca Días
La comisión de jubilados y pensionados que organizó una huelga de hambre frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) rechazó las declaraciones ofrecidas por el vicepresidente de la junta interventora, mayor general Alexis Rodríguez Cabello, en las que negó que la presión provocada por la huelga haya tenido que ver con la reactivación del pago de prestaciones.
En entrevista concedida a medio regional, Rodríguez Cabello reconoció que había pasivos laborales en cuanto a prestaciones sociales que datan del 2016; sin embargo, negó que el inicio de los pagos retrasados haya tenido que ver con las acciones de protesta liderada por adultos mayores del holding, explicando que ya existía un cronograma de pagos que, por coincidencia, inició simultáneamente a las acciones de protesta.
«Las coincidencias no existen, mayor. Aquí hay un resultado producto de una lucha y una huelga de hambre. Ese resultado les obligó a pagarle a trabajadores que tenían represadas sus prestaciones sociales como jubilados desde el año 2016. Les pagaron a esos compañeros y luego le pagaron a muchos que estaban en la huelga de hambre también. ¿De dónde salieron esos pagos? El general sabe que es producto de la lucha de estos jubilados y pensionados. Pedimos congruencia y respeto hacia nosotros», expuso Ramón Machuca, jubilado de la Siderúrgica del Orinoco y expresidente del sindicato Sutiss durante 10 años.
Hay que señalar que el pago de prestaciones sociales, según la ley, debe hacerse a más tardar cinco días después de la jubilación; no obstante, la CVG tiene retrasos de más de 6 años con sus trabajadores.
La situación, según las declaraciones ofrecidas por Rodríguez Cabello, se debe al “bloqueo económico”.
Incumplimiento de acuerdos
A su vez, los trabajadores denunciaron que la junta interventora no ha cumplido con los acuerdos establecidos en el acta convenio firmada el pasado 23 de agosto, la cual se constituyó en una condición para levantar la huelga de 8 días que los adultos mayores organizaron frente a la sede de CVG.
«Ha transcurrido más de un mes de la firma del acta acordada una vez levantada la huelga de hambre. Esa firma establecía unos compromisos y hoy solicitamos que se cumpla el compromiso. Solicitamos a la junta interventora que no continúe con una política de silencio administrativo y provocaciones. Ese camino que agarraron no es sano ni es lo que se requiere. El equipo firmante hace presencia para que se instalen las reuniones. Se han venido por las ramas y han tratado de dividir el bloque de pensionados» expresó Eleazar Rojas, jubilado de CVG Bauxilum.
El grupo ha introducido tres recursos que exigen respuestas y la instalación inmediata de la mesa de trabajo prometida por el presidente de la junta interventora, Héctor Silva, que tendría el objetivo de evaluar sus solicitudes y estudiar el cálculo que se hizo para llegar a los montos de las prestaciones sociales.
Hasta el momento, ninguno de los compromisos planteados ha sido respetado por las autoridades, quienes ahora niegan que exista algún tipo de relación entre los pagos y la huelga.
Acuerdos del 23 de agosto
Lo acordado implica instalar una mesa de trabajo entre la CVG y el bloque de pensionados, atención a solicitudes de recálculo -especialmente para quienes recibieron sus pagos por montos calculados entre el 2016-2018-, revisión de la entrega de la bolsa de alimentos a la nómina inactiva, así como, la supervisión de que los alimentos cumplan con las debidas medidas sanitarias y mejoras en la entrega de medicamentos.
«No hay pruebas de que antes de la huelga de hambre se le haya hecho pago de prestaciones a los trabajadores. La lucha de los jubilados y pensionados es apolítica. Queremos sentarnos e ir resolviendo cada problema de los jubilados y pensionados. Estamos preocupados por la producción, ya que sin producción es imposible resolver los problemas de los trabajadores», alegó Henry Arias, secretario de trabajo y reclamo del Sindicato de Trabajadores de Alcasa.
