Según Saab, fiscales del Ministerio Público se reunieron con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH «para trabajar este tema»
Organizaciones pidieron que les proporcionaran libertad plena o una medida menos gravosa a los sindicalistas. El 13 de septiembre de 2022, la Relatoría Especial hizo un llamado al Estado Venezolano para salvaguardar los derechos de los seis agremiados
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea nacional constituyente, reivindicó este jueves, 3 de agosto, la condena de 16 años de prisión contra seis sindicalistas venezolanos.
Durante una rueda de prensa, Saab afirmó que todos los condenados, supuestamente, «pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP)».
«Lo insólito es, y óigase bien, no son líderes sindicales, no pertenecen a un solo sindicato. De hecho, durante el juicio, un solo sindicato salió en defensa de estas personas», acotó.
Asimismo, afirmó que, al momento de ser detenidos, no realizaban «alguna labor vinculada a la lucha sindical».
«Ninguno de ellos son trabajadores activos. No aparecen registrados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como trabajadores adscritos a alguna empresa pública del Estado venezolano», agregó.
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En ese sentido, criticó que se les dé el «ropaje de líderes sindicales a usas personas que previamente fueron detenidas por labores conspirativas», asegurando que es «para sumar el ataque a las instituciones democráticas venezolanas, para lesionar el Estado venezolano».
Según Saab, cuando el Ministerio Público inició la investigación, entre las pruebas técnicas que observaron, supuestamente, «estaban las extracciones telefónicas a estos sujetos, donde entre sí se relacionaban para realizar actividades conspirativas».
«Tenían ya un contacto con un militar desertor prófugo en Colombia al momento de ser detenidos. Ninguna de las veces aparecían vinculados, ni siquiera de lejos, a una actividad que pudiera calificarse de lucha sindical», dijo.
Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín fueron condenados a 16 años de prisión.
«Representantes de la ONU satisfechos»
Según Saab, fiscales del Ministerio Público se reunieron con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH «para trabajar este tema».
«Los representantes de las Naciones Unidas quedaron satisfechos con la explicación donde se aclaraba, en términos contundentes, que estas personas nunca fueron procesadas ni estaban siendo investigadas por ser, supuestamente, líderes sindicales que estaban luchando por mejoras salariales, sino más bien estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra el Estado», aseguró.
Una sentencia irregular
Después de un año y 28 días de la privación de libertad «preventiva» de seis sindicalistas venezolanos, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo condenó a 16 años de prisión a Emilio Negrín, a Reynaldo Cortés, a Alcides Bracho, a Alonso Meléndez, a Gabriel Blanco y a Néstor Astudillo por los presuntos cargos de conspiración y asociación para delinquir.
La prisión arbitraria de los seis detenidos ha sido denunciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidades internacionales de derechos humanos que se han pronunciado y llevan el seguimiento de su caso.
ONG denuncian que el tribunal no brindó en ningún momento algún documento a los abogados defensores y que se emitió una sentencia a partir de un informe de contrainteligencia y de redes sociales
Defensa de sindicalistas condenados dice que tiene suficientes pruebas para demostrar que son dirigentes
Kelvi Zambrano, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, organización que representa a los seis sindicalistas condenados a 16 años de cárcel, explicó que a través de las credenciales proporcionadas por los familiares se demostró que los detenidos sí forman parte del movimiento sindical venezolano.
Explicó que proporcionaron tales credenciales a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Relatoría Especial sobre Reuniones Pacíficas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y gracias a ello estas instancias hicieron solicitudes al Gobierno venezolano, que no fueron respondidas.
El abogado contó que estas organizaciones pidieron que les proporcionaran libertad plena o una medida menos gravosa a los sindicalistas. El 13 de septiembre de 2022, la Relatoría Especial hizo un llamado al Estado Venezolano para salvaguardar los derechos de los seis agremiados.
Zambrano afirmó que esta información vendría a desmentir las declaraciones que dio Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, este jueves, 3 de agosto, sobre la ONU.
Entre el 4 y 7 de julio de 2022 fueron detenidos Alcides José Bracho Vivas, Emilio Antonio Negrín Borges, Gabriel José Blanco Flores, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés. El 1° de agosto de 2023, el Tribunal 2° con competencia en terrorismo los condenó a 16 años de prisión, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Reunión con representantes de la ONU
En sus declaraciones, Saab afirmó que tuvieron una reunión con representantes de la ONU y que los funcionarios quedaron satisfechos con la explicación que se les dio, de que estos hombres no fueron procesados por ser líderes sindicales sino por hechos conspirativos contra el Estado.
Agregó que en reiteradas ocasiones que los detenidos no eran trabajadores y que en ninguna oportunidad aparecían vinculados a alguna actividad de lucha sindical.
“Víctimas del sistema”
A juicio de Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición de Derechos Humanos y la Democracia y parte de la defensa de los seis sindicalistas, los condenados “son víctimas del sistema para acallar a los trabajadores y evitar cualquier tipo de disidencia”.
Alegó que son personas trabajadoras, de currículum “intachable”, profesores, profesionales y trabajadores humanitarios a quienes no se les probó que eran parte de una organización criminal.
En las declaraciones transmitidas por VTV, Saab aseguró que los seis dirigentes pertenecían a una organización “subversiva y conspirativa” denominada Unidad de Resistencia Popular (URP), con la que tenían planeado asaltar el conscripto de San Jacinto, en Mérida, para apropiarse de 120 fusiles.
Además, que buscaban “entorpecer” los actos del 5 de julio 2022 donde se encontraba el mandatario Nicolás Maduro. Sin embargo, los abogados de los sindicalistas afirmaron que el Ministerio Público no presentó elementos probatorios que comprobaran la vinculación con estos hechos.
Saab dijo que a Alcides Bracho se le incautó un arma de fuego “sin la permisología correspondiente”. Por lo que se le acusa de posesión de arma de fuego. Sobre esto, los abogados precisaron que esa arma estaba en desuso y que era parte de su patrimonio familiar desde hace más de 30 años.
“El arma no es un elemento probatorio que te permite demostrar los delitos por los cuales se le está imputando. El que tengas un arma en tu casa, que además es obtenida mediante procedimientos que son contrarios a la Constitución. La logran obtener cuando allanan la casa del profesor Bracho, no existía una orden de allanamiento emanada por un Tribunal de la República”, dijo el abogado Zambrano.
Irregularidades
Por su parte, Acosta manifestó que el Ministerio Público basó su investigación en una denuncia de un anónimo y en un informe de inteligencia –que a juicio de Zambrano no tiene “vida jurídica”–, y que posteriormente presentaron como pruebas algunas capturas de pantallas de teléfonos de los detenidos y mensajes en Twitter, que contenían denuncias sobre detenciones de los sindicalistas.
También expresó que las otras pruebas son declaraciones de funcionarios actuantes durante las distintas detenciones efectuadas, y que los detenidos fueron sometidos a una jurisdicción de terrorismo, creada al margen de la ley, donde los jueces “son escogidos para tratar de inculpar a personas de la sociedad civil”, de acuerdo con la abogada.
Acosta resaltó la ausencia de una investigación y la inexistencia de elementos que se hayan recabado que sean de interés criminalístico.
Concluyó que están a la espera el extenso del fallo, el cual expone las motivaciones por las cuales se dicta la decisión. Una vez se publique, podrán hacer uso del recurso de apelación.
Según el Foro Penal, desde 2014 se han registrado 15.799 detenciones políticas en Venezuela. Asimismo, documentó que en la actualidad hay 286 presos políticos, entre ellos 20 son mujeres y 154 militares.
Con información de Crónica Uno/Runrun.es
