Paradójicamente, ante la liberalización de sanciones durante noviembre pasado, que permitió el reinicio de operaciones a la empresa Chevron para mejoramiento de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco, nos encontramos, ahora, con una aberración muy peculiar de Washington, cuando quizá con una cierta ldoneidad prohíba cualquier pago a la administración del presidente Nicolás Maduro, singularidad que conlleva un conflicto por un término taxativo de la administración estadounidense, que impediría el desrrollo conjunto de un campo gasífero en altamar, contiguo a la frontera marítima Venezuela/Trinidad & Tobago, demarcada en 1945, y operaría Shell Plc, en virtud de que Venezuela, con todo su pleno derecho reprueba incuestionablemente, los términos de la licencia EEUU, cuando lo sensato sería, en función del principio de razonabilidad, el contracambio de un pago en insumos (alimentos y medicinas) a fin de mitigar la crisis humanitaria que nos agobia, o que el pago a efectuarse en USD se acredite a una cuenta fideicomiso o de fondos fiduciarios a cargo de una institución idónea, como por ejemplo, el FMI, puesto que el régimen actual no es afortunadamente, vitalicio y vendrán otras administraciones que no dilapidarán el erario en planes insustanciales, así como tampoco en la vaguedad orreductible de una seudorrevolución y compra de armamento chatarra.
Isaías Márquez
