No solo como fuente de agua para uso doméstico, industrial y agrícola, sino como una de las principales fuentes para la producción de energía eléctrica, como vía de comunicación y fuente de recursos faunísticos consideramos de importancia geopolítica una descripción breve de esta cuenca transfronteriza cuya extensión abarca entre ambos países unos 54200 km cuadrados, de los cuales unos 40000 km cuadrados (un 74 por ciento) pertenecen a Venezuela, sureste del estado Bolívar; la diferencia, repesentada en unos 14000 km cuadrados (un 26 por ciento), podríamos ubicarlos aguas abajo, noreste de la “Zona en Reclamación”, en un rincón silvícola denominado “Cañamú”, villorrio inexistente para ambas naciones, así como tampoco para Google maps, existe una aldea de chabolas instalada a la margen oriental del río Cuyuní, dedicada a la explotación ilícita de oro, territorio esequibo nuestro que controla Guyana como Región de Cuyuní-Mazaruni, (Región 7) o Imbaimadai, por San Martín de Turumbán, otra ranchería sobre la ribera opuesta. Pero, en territorio venezolano, Región por donde Guyana impulsa furtivamente, además de la instalación de estaciones de telecomunicaciones, el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de 165 MW Amaila Falls, programado para entrar en servicio hacia fines de 2025.
Esta cuenca ofrece la ubicación geoestratégica que ostenta isla Anacoco, equidistante del límite entre el área en disputa y el estado Bolívar, además de su ubicación estratégica en el Cuyuní, río navegable que permite un tránsito libre entre ambos territorios, razón por la que se hace necesario fomentar una presencia poblacional venezolana idónea, para garantizar la defensa y protección –soberanía- de este espacio tan valioso de nuestro territorio en disputa, sometido, hoy día, al arbitrio cuestionable de la CIJ.
Toda una sotuación desconcertante mientras nuestra cancillería política y diplomáticamente aborde el tema con ligereza, tal y como ocurre desde poco antes de 2015, debido a unas relaciones malentendidas.
