El destape de corrupción en la industria petrolera y otras empresas básicas ha conmovido al país. El presidente Maduro se ha convertido en el acusador frontal de escandalosos hechos cometidos por funcionarios de su gobierno al destituirlos, encarcelarlos y abrirles procedimientos judiciales. Distintas han sido las reacciones. Dirigentes opositores reiteran que ese robo ha sido permanente en esta administración, que no se trata de nada nuevo. Dirigentes del gobierno advierten que ladrones también hay en filas opositoras y que los ilícitos de Monómeros, CITGO, las directivas ad-hoc de PDVSA y del Banco Central llevarán a arrestos y enjuiciamientos. Ni qué decir de la caja negra de las ayudas humanitarias y de nóminas en dólares de activistas de partidos opositores. Los defensores y beneficiarios del interinato replican que eso es una bajeza, una vulgar retaliación para desviar la opinión pública, que no hay pruebas. Otros del PSUV se defienden afirmando que también existió corrupción en los cuarenta años de gobierno previos al chavismo y que los opositores no tienen autoridad para hablar del tema. El embajador Sthory les señala la ruta propagandística a sus compañeros del G4 y graba videos acuñando el lema “no es bloqueo, es saqueo”, aunque desde la Casa Blanca altos funcionarios del gobierno de Biden reconocen las acciones de Maduro contra la corrupción. La Contraloría General de la República, al igual que desde hace veinticinco años, ve los toros desde la barrera, ausente en un espantoso silencio, mientras el fiscal general de la República aparece como funcionario público solitario al lado de Maduro en la persecución de los corruptos. Desde el chavismo vocean la consigna “caiga quien caiga” ante un pueblo que se da cuenta que ni un solo uniformado ha sido acusado, aunque los militares han tenido responsabilidades altísimas en PDVSA y en todos los circuitos administrativos donde han ocurrido los desfalcos que son del conocimiento público. El presidente de la Asamblea Nacional recuerda que no hay corrompido sin corruptor y asegura que los empresarios involucrados también irán presos, ante lo que tiemblan los políticos que han dado permisos de construcción ilegales para grandes edificios construidos en el Este de Caracas por gente empatucada en el robo de petróleo venezolano, desvío de tanqueros, negociados con criptomonedas y otras peripecias de esta nauseabunda trama en la que se embolsillaron cantidades que superan el presupuesto nacional aprobado para este año 2023.
Estos señalamientos apenas comienzan. La campaña presidencial en la que varios partidos y candidatos llevan más de un año, y están metidos a fondo, no va a dejar de lado la corrupción. Es un asunto del más alto interés nacional y, por si fuera poco, es un tema que “vende”, que atrae lectores y seguidores. Acusados pasarán a denunciar a sus verdugos y acusadores se defenderán de contraataques. Se embarrarán unos y otros. Maduro no va a aflojar en la iniciativa de ser encarcelador de corruptos. Está por verse si todo el chavismo lo acompañará en eso o si los amigos y camaradas de los afectados se inhibirán. Opositores que agresivamente sacan provecho del derrumbe de dirigentes chavistas pasarán a la defensiva cuando el interinato se vea afectado y denunciarán las acciones de Maduro como ventajismo y abuso de poder. Todo este debate sobre la corrupción, que de suyo debería tener un efecto positivo, higiénico, está intervenido por el revanchismo y por solidaridades automáticas que llevarán a cuestionar y desestimar acciones de unos y otros.
Lamentablemente habrá mucha tela que cortar. La corrupción seguirá a sus anchas porque el hábitat político-económico le sirve de germinador. Las sanciones arbitrarias que el gobierno de Donald Trump convirtió en bloqueo mundial, dada la docilidad de gobiernos europeos y vergonzosa connivencia con políticos venezolanos, seguirán abonando el terreno de la corrupción. Venezuela está y seguirá fuera del sistema financiero internacional, sin apoyo ni control bancario. Las cuentas bancarias de PDVSA y de otros entes públicos han sido anuladas en el comercio internacional. El gobierno no puede hacer transferencias. Ni siquiera se le permite pagar su cuota en Naciones Unidas, con lo que se le niega su derecho a votar en ese escenario. Seguirán las transacciones petroleras en “efectivo” en altamar, en puertos y en oficinas de negocios diversas. El sistema interoceánico de tanqueros petroleros nos está vedado. El sabotaje al transporte de nuestro crudo forma parte del bloqueo. El gobierno tendrá que seguir apelando a triangulaciones y a transportistas de distintas procedencias. El bloqueo, además de atentar contra nuestra existencia como Nación al impedirnos comerciar el petróleo y disponer de ingresos para resolver nuestras necesidades, nos mete en una jungla de piratería marítima, triangulaciones y transacciones en efectivo que están fuera de los sistemas de control que el Estado venezolano posee. Ese marco externo se complementa con un absurdo y contra natura esquema de contraloría de la gestión pública venezolana en la que el que controla es subalterno del controlado, es su obediente seguidor político, su compañero de partido. En ese ambiente de subalternidad y de solidaridad automática, en el que el transgresor sabe que no será sancionado porque sus yerros pueden ser achacados al partido y al gobierno en general, el delincuente se siente protegido.
Por estas razones, entre muchas otras, luchar unidos contra el bloqueo económico y trabajar por la independencia de los poderes públicos para contar con una Contraloría General de la República autónoma, independiente y proba, son urgencias nacionales. Mientras bloqueo económico y contraloría sumisa existan, todo este desagradable y repugnante episodio se repetirá una y varias veces.
