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MAS: Para luchar contra la corrupción habría que realizar un cambio institucional radical

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Texto y fotos: Vanessa Davies

«Una cosa es que asumas el control de los bienes de una persona acusada de corrupción, y otra cosa es que creas que todo lo que una persona tiene es producto de la corrupción»

Mucho «tuneado» se ve en las imágenes de las protagonistas de presuntos hechos de corrupción en Pdvsa. A las denuncias y las investigaciones le siguió la aprobación, en primera discusión, del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio; esta norma anula la propiedad de todos los bienes adquiridos a través de actos ilícitos.

Pero, ¿qué puede suceder si el proyecto avanza? Se corre el riesgo de la comisión de abusos, señaló este lunes Segundo Meléndez, presidente nacional del MAS.

«La corrupción se ha hecho un hecho constitucional, y esa circunstancia hace difícil el ataque del problema», subrayó, y este es su punto de partida.

Lo urgente, a juicio de Meléndez, es que las instituciones funcionen. «Es vox pópuli en Venezuela que el Poder Judicial está corrompido», aseveró. «Para luchar contra la corrupción habría que realizar un cambio institucional radical, y no tenemos confianza en que este gobierno pueda asumir un cambio de este tipo».

La Asamblea Nacional «en un supuesto espíritu de alarma está trabajando una nueva ley» pero en el país «hay instrumentos para combatir la corrupción, hay instrumentos en la propia Constitución y en la ley; no se requieren más instrumentos». Es un problema «de decisión política del Estado».

El dirigente político manifestó su preocupación por el hecho de que el proyecto de ley se meta con los bienes: «Una cosa es que asumas el control de los bienes de una persona acusada de corrupción, y otra cosa es que creas que todo lo que una persona tiene es producto de la corrupción».

Una comisión mixta de la AN se propone revisar la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos.

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