Para entrar en el territorio y comprar a los yanomami, los garimpeiros les están llevando alimentos, armas, escopetas y machetes. Foto: Sergio González
Las leyes de Caracas y el patrimonio ancestral aborigen prohíben desde hace décadas la explotación abierta de minerales en las selvas del estado Amazonas, hasta el punto de convertirla casi en tabú.
Pero las actividades furtivas de los ‘garimpeiros’ en las mismísimas nacientes del Orinoco, la miseria reinante y el reciente discurso oficial van creando una atmósfera cada vez más proclive a la aceptación de la industria extractiva a cualquier escala y en manos del Estado o de privados.
las organizaciones indígenas Kuyunu del Alto y Medio Ventuari, Kuyujani del Caura y Kuyujani del Alto Orinoco, que representan los pueblos y comunidades indígenas ye’kwana y sanemá en el municipio Manapiare del estado Amazonas, también denunciaron ante el despacho de la Defensoría Delegada del Pueblo, la incursión de más de 400 garimpeiros brasileños fuertemente armados –con unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales- en sus territorios.
En el alto Orinoco, donde la mayor parte de la población indígena es yanomami, se encuentra otro foco de minería. A pesar de que en las faldas del Cerro Delgado Chalbaud, donde nace el Orinoco, se halla un puesto de la Guardia Nacional, hay garimpeiros que, según los testimonios de varias fuentes de la zona, tienen entre 50 y 80 máquinas dragando el cauce. .
El presidente de la organización yanomami Horonami, Pancho Blanco, ha denunciado que están utilizando a los indígenas como esclavos para los trabajos, violando y prostituyendo a las mujeres yanomami, y hasta han asesinado a varios de sus paisanos, pero estas muertes no son investigadas de manera oficial por parte del Estado. Para entrar en el territorio y comprar a los yanomami, añade Blanco, los garimpeiros les están llevando alimentos, armas, escopetas y machetes. Persuaden a los indígenas a que abandonen el arco y la flecha en favor de las armas del hombre blanco para las labores de cacería.
“Eso es una amenaza para nuestro territorio, para nuestros ríos, para las nuevas generaciones”, insiste Eligio Dacosta, coordinador de la Orpia. “Los indígenas estamos pensando en qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, y un territorio destruido no puede ser. Este es un mandato de los ancianos que nos dan para nosotros continuar haciendo como organización indígena”.
En San Fernando de Atabapo, militares de la Guardia Nacional están sentados a la sombra de un árbol. Visten camisas abiertas, pantalones camuflados y sandalias plásticas. Clavan su mirada en un juego de celular. Los indígenas los corrieron de sus alcabalas hace aproximadamente tres años, cansados de los múltiples abusos y extorsiones. En lugar de los verde oliva, los aborígenes montaron sus propios puntos de control en la vía fluvial, alrededor de 60, desde San Fernando de Atabapo hasta Macuruco, a orillas del Orinoco.
Los manejan distintas personas de las comunidades: indígenas y no indígenas. Cuando llega una embarcación colombiana, algún funcionario se activa: “Les dejamos a los colombianos porque, pobrecitos, ellos también deben agarrar alguito, aquí no les traen ni comida a esos militares”, dice uno de los indígenas apostados en uno de los puntos de control.
Cobran por toda la mercancía que pasa. “Aquí están sacando nuestro oro, así que tienen que pagar”, argumenta otro de los encargados del punto de control. Si una embarcación no se detiene, ellos la persiguen hasta alcanzarla y cobrar.
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