La dependencia económica implica ciertos compromisos políticos que deben honrarse en función de las buenas relaciones, armonía y estabilidad para el desarrollo. En el caso de los EEUU, este país suele exigir a sus relacionados, como Venezuela con la cual tiene lazos históricos, económicos y geopolíticos, un sistema de Gobierno internamente respetado, transparente y democrático. Cuando esto no ocurre, surgen calamidades como las que hoy acorralan al Gobierno venezolano con severas sanciones cuyos efectos, ruinosos y desconcertantes, buscan un cambio que obviamente debe ser por vía electoral.
Desde el año 2017 Estados Unidos ha sancionado a personas, empresas y entidades petroleras asociadas con el actual gobierno venezolano, tanto dentro como fuera de Venezuela. Son sanciones diseñadas para lograr un cambio al través de un referéndum como bien lo prevé la Constitución o en las próximas elecciones presidenciales.
Las sanciones petroleras, por ejemplo, están diseñadas para cortar fuentes de ingresos financieros y evitar que la industria petrolera sea explotada para patrocinar actividades dirigidas a la perpetuación en el Poder de los responsables de la crisis.
No obstante las sanciones de las que tanto se habla y polemiza, no son responsables del declive de la economía venezolana. Es lo que afirma un estudio de la Institución Brookings y la Universidad de Harvard. Este estudio al analizar varios resultados socioeconómicos en Venezuela a lo largo del tiempo, concluye en que el peso del deterioro de las condiciones de vida ocurrió mucho antes de que las sanciones fueran aplicadas en 2017.
Pero aun cuando el gobierno de Estados Unidos impone sanciones a personas y empresas partidarias del gobierno actual, no ha disminuido sus aportes asistenciales. Entre 2017 y 2019 aportó más de 66 millones de dólares en ayuda para salvar vidas al pueblo venezolano, ha dicho Elliott Abrams del Departamento de Estado en 2020. Aclarando que si bien el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a personas y organizaciones, las “sanciones no tienen que ser permanentes para quienes quieran contribuir al futuro democrático de Venezuela”. /AF).
