Parte de la disputa inicia por la puesta en funcionamiento de un galpón para encuentros y actividades comunitarias, decisión rechazada por los grupos armados que controlan la actividad minera en la zona y que dio paso a las agresiones físicas
Por medio de un comunicado, los representantes de las 22 capitanías del municipio Sifontes manifestaron que la protesta es una expresión de su rechazo a las agresiones físicas en contra de Junior France, Capitán arawako de Joboshirima y del profesor Norres Browne, indígena pemón de la comunidad de Inaway.
Afirman que las agresiones forman parte de una serie de atropellos que vienen sufriendo a manos de supuestos grupos armados que controlan la zona, y que actualmente buscan apropiarse de nuevos espacios de su territorio.
En un comunicado, los líderes indígenas expresaron su rechazo al irrespeto de sus derechos garantizados en la Constitución y demás instrumentos legales del país.
Como parte de esta protesta que inició el pasado 12 de enero, los indígenas trancaron la troncal 10, en la autopista internacional que conecta a Venezuela con Brasil por el estado Bolívar.
Las comunidades que protagonizan la protesta son Sororopano, Santa Lucía de Inaway, San Miguel de Betania, Arayma Tepuy, Jobochirima, Guarumapate y Santa Flaviana.
En el comunicado publicado por los líderes indígenas, también manifiestan que “las decisiones que nosotros autoridades indígenas y pueblo en general, hemos tomado sobre el funcionamiento interno de nuestras actividades sociales, políticas y económicas, sólo nos concierne a nosotros y por lo tanto, la intermediación de grupos irregulares, organizaciones foráneas, supuestos consejos comunales, no tienen incidencia, ni derecho a cuestionar lo que hemos considerado necesario para el bienestar de nuestras comunidades”.
Parte de la disputa inicia por la puesta en funcionamiento de un galpón, que según indican en el comunicado, lleva aproximadamente 25 años abandonado, y que los líderes indígenas de estas comunidades acordaron reactivar como espacio para encuentros y actividades comunitarias.
Una decisión rechazada por «los grupos que controlan la actividad minera en la zona y que dio paso a las agresiones físicas» que originaron la protesta que inició hace ya dos días.
Los líderes indígenas piden a las autoridades garantía de paz en sus comunidades “desmantelando los grupos de delincuencia organizada que existen en la zona” y que tome las medidas para garantizar una actividad minera sin violencia e ilegalidad.
Un habitante indígena denunció que los mal llamados sindicatos usan a «consejos comunales que están bajo el poder de ellos, para invadir ese galpón. Están mandando a la gente a salir de sus casas para ir a la tranca y que agredan a los indígenas». El cierre de la Troncal 10 ocurrió luego de que integrantes del grupo armado agredieron a un capitán indígena.
Las comunidades indígenas Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Hiboshirima, difundieron un comunicado en el que exigen a las autoridades del Estado y Gobierno nacional, ser garantes de la paz en sus territorios, perturbados por grupos armados que controlan ilegalmente la minería en espacios indígenas.
En el comunicado también solicitan que conjuntamente con las comunidades indígenas, corporaciones de inversión y empresas de producción, el Estado venezolano asuma el control de las actividades mineras en la zona y el desmantelamiento de estos grupos irregulares.
Cierre total
A través de un video difundido en redes sociales, desde la conocida «piedra del elefante», un turista que regresaba a Puerto Ordaz reportó que por enfrentamientos en las comunidades no dejaban pasar a ninguna persona.
El cierre de la vía está a la altura del kilómetro 72 y el 88, precisó otra fuente. Según el Comando de Zona 62, al lugar acudirá una tropa de 200 militares para atender lo que ocurre en Las Claritas, una zona dominada por los sindicatos mineros.
El grupo sostiene que la protesta no finalizará hasta tanto las autoridades respondan a sus exigencias.
Con información de Crónica Uno
