Ariadna García @ariadnalimon
En algunos períodos los granos fueron una opción, pero este año un kilo de caraotas puede llegar a costar 2,6 dólares, y medio kilo de lentejas supera un dólar. Lo que le ha quedado a la población es estirar los alimentos con salsas y algunos vegetales para que de esta manera puedan comer varios miembros de una familia. El huevo es una de las proteínas que la gente suele llevar debido a que su precio es inferior a los de la carne de res o del pollo.
Caracas. “Si hago tajadas, no hago ensalada. Si compro carne, no se come todos los días. Si tengo detergente, lo rindo con panela de jabón. Si compro arroz, no llevo papas”. Las familias venezolanas, como la de Emireily Cordero, tienen años aplicando estrategias para alimentarse desde que empeoró la crisis económica y social, sobre todo, por la pérdida de ingresos causada por la hiperinflación. La población se mueve hacia los salvavidas que aparecen en medio del océano para lograr poner alimentos en su mesa, pero aún hoy, los flotadores son demasiado pequeños o inalcanzables y la gente rema para sobrevivir.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) advirtieron a principios de este año que el número de personas en inseguridad alimentaria en el país —9,3 millones— podría elevarse este 2021 por el impacto de la pandemia y de la prolongada crisis económica.
En el informe de perspectivas de marzo-julio 2021 llamado “Puntos críticos de hambre: alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre inseguridad alimentaria aguda”, las organizaciones advirtieron: “Se espera que los niveles de inseguridad alimentaria aumenten significativamente más allá de los de 2019, cuando alrededor de 9,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria”. La escasez de combustible persiste este año, lo que ha afectado las actividades logísticas y agrícolas en todo el país y ha provocado mayor presión en los precios de bienes y servicios.
El Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela para 2021 está estimado en $708,1 millones. Hasta agosto de este año las ayudas que gestiona la Organización de Naciones Unidas en el país alcanzaron los $279,4 millones, en seis meses superaron todos los fondos recaudados el año anterior ($256,3 millones). Sin embargo, en 2020 el plan de respuesta solo consiguió 23,1 % de los fondos requeridos y este año los datos oficiales hasta agosto revelan que la cobertura se ubicaba en 24,4 %. A pesar de que se ha incrementado el número de organizaciones y trabajadores humanitarios en el país los recursos para atender la emergencia se mantienen por debajo de lo requerido.
Las familias venezolanas llevan mucho tiempo aplicando estrategias de sobrevivencia por la emergencia humanitaria compleja que se desató en 2015. En los últimos años se han adaptado a un contexto hostil con picos de escasez de alimentos o aumento súbitos en los precios, como en 2018, año de más alta inflación en el país. El consumo de tubérculos aumentó de forma marcada. La yuca o la batata se convirtieron en unos de los alimentos más baratos para saciar el hambre.
En algunos períodos los granos fueron una opción, pero este 2021 un kilo de caraotas puede llegar a costar 2,6 dólares, y medio kilo de lentejas supera un dólar. Lo que le ha quedado a la población es “trampear” los alimentos con salsas y algunos vegetales para rendirlos y que de esta manera alcancen para varios miembros de una familia. El huevo es una de las proteínas que la gente suele llevar debido a que su precio es inferior a los de la carne de res o del pollo.
“Si compro carne o pollo, no se come toda la semana. Un día se come carne, otro día se come pasta con una salsa y queso rallado, otro día se come con huevo. Por la pandemia, estamos haciendo dos comidas al día, desayunamos tarde y almorzamos tarde, no hacemos cena”, dice Emireily Cordero. En su casa son cuatro personas, tres adultos y un adolescente. A pesar de que los tres adultos trabajan y ponen de sus ingresos para la comida, indica que nunca es suficiente y que deben recorrer varios supermercados para ubicar mejores precios.
“Si se hace ensalada, no hacemos tajada. La ensalada se hace aproximadamente dos veces por semana, más de eso no nos da la cuenta. Jugo no, muy rara vez”, dice. En el mercado de Emireily las frutas están de último en la lista. Si sobran algunos dólares, llevan; de lo contrario, priorizan la proteína, la pasta o el arroz, que es lo esencial para ellos. En la mañana las arepas las rellenan a veces con mortadela, salchicha o queso, pero no como antes, cuando las comían con pollo o carne mechada: “Eso ya no se hace”.
El pescado lo ven en la mesa “muy esporádicamente”. Los alimentos no son lo único que rinden, también el detergente con panela de jabón. Pero Emireily vive en una zona urbana de Caracas, en Petare. La situación es más dramática en las regiones y en lugares no urbanos, así como en esas familias que dependen de un solo ingreso o de ninguno.
La doctora Maritza Landaeta, coordinadora de Investigación y Docencia de la Fundación Bengoa, explica que la situación alimentaria empeora en zonas no urbanas. “Las urbanas al menos tienen acceso a programas del Estado, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), pero a medida que nos alejamos de las capitales esas posibilidades son menores. En oriente casi no llega o llega cada dos o tres meses, no hay una frecuencia como en las periferias de Caracas o los Valles del Tuy; en estas zonas al menos hay una frecuencia para que la gente pueda compensar su déficit calórico. El problema de acceso a alimentos se complica también por las distancias donde la gente puede comprar, si debe pagar transporte quizás no tiene”, dice en entrevista.
Landaeta indica que en las comunidades muy rurales 85 % de las familias registraban inseguridad alimentaria, y la mayoría de los jefes de hogar son mujeres, según datos de este año del Observatorio Venezolano de Inseguridad Alimentaria y Nutrición. Muchas de estas familias no cuentan con apoyo de remesas para compensar el ingreso. La especialista apunta que la situación mejora para aquellos que reciben dólares, pero quienes ganan sueldos en bolívares no tienen calidad de vida.
A pesar de que las empresas privadas han hecho el esfuerzo de compensar la pérdida del poder adquisitivo, dentro de todo eso estamos viendo cuadros muy críticos, adultos mayores que están emaciados, no es que han perdido peso, es que están emaciados”, alerta Landaeta.
La Organización Mundial de la Salud define la emaciación como una disminución excesiva del peso corporal respecto a la estatura. Además, el organismo advierte que es un importante problema de salud debido a los riesgos de morbilidad asociados, que requiere la atención urgente de los responsables de la elaboración de políticas y la aplicación de programas para contrarrestarlo.
En el Zulia, uno de los estados que concentra el mayor número de personas que aspira a atender el Plan de Respuesta Humanitaria, ocho de cada 10 hogares manifiestan que el alto costo de los alimentos es el gran obstáculo para adquirirlos, según datos publicados en el informe Seguridad Alimentaria en Zulia- Marzo 2021 de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
Loiralith Chirinos, coordinadora de Documentación de Codhez y profesora universitaria de la Universidad del Zulia, comenta que la situación en el estado es “multiproblemática” y no ha mejorado este año. A pesar de que se han moderado los cortes eléctricos, en mayo de este año el servicio de agua potable comenzó a fallar. En Maracaibo algunos sectores estuvieron un mes entero sin agua y cuando llegó trajo un color turbio y mal olor que se ha prolongado hasta la fecha con menor intensidad.
Codhez documenta altos índices de inseguridad alimentaria en el estado, así como fallas constantes en los servicios públicos, dificultades para acceder a la salud y a la educación. “Todo esto construye un panorama al que no le veo solución a corto plazo y que requiere de respuestas multidimensionales”, considera Chirinos. Hasta diciembre del año pasado determinaron que 89,65 % de la población en la capital (Maracaibo) padecía inseguridad alimentaria y en el 78 % esta era de moderada a grave, sin meter zonas rurales de la Guajira o la Sierra de Perijá, por lo que consideran que estos números tienen una tendencia hacia arriba.
Las investigaciones de Codhez registran que el zuliano básicamente se alimenta de cereales como la harina de maíz, grasas como la mantequilla y granos. Hay un consumo moderado de vegetales y lácteos como el queso y un consumo moderado de proteína, pero no por carnes sino por consumo de huevo. Chirinos señala que la situación de inseguridad alimentaria todavía se mantiene en el estado y manejan los mismos índices del año pasado. Por ejemplo, más del 70 % de los adultos come dos veces al día. En cuanto a los hábitos de alimentación la mitad de los hogares no desayuna, y donde se desayuna el alimento está compuesto por una arepa con margarina o arepa con queso. “Todas estas estrategias apuntan a la persistencia de estos altos índices de inseguridad alimentaria”, dice.
En abril de este año el Gobierno y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) suscribieron un acuerdo para que el organismo comenzara una operación humanitaria en el país, priorizando la atención de niños, en escuelas de educación preescolar y especial, así como la rehabilitación de los comedores escolares y la capacitación del personal sobre las prácticas de seguridad alimentaria. La operación estima llegar a 185.000 niños y niñas a finales de este año. En total espera brindar comidas diarias a 1,5 millones de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023. El presupuesto anual previsto es de $190 millones y forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela.
Falcón y Zulia son dos de los estados donde arrancará el plan del WFP. En Falcón la asistencia comenzó en julio y en el caso del Zulia está previsto para septiembre, según Chirinos. Por ahora, como los centros educativos están cerrados debido a la pandemia, los comedores no han sido reactivados, sin embargo, Chirinos explica que los alimentos para los niños son llevados a las escuelas en zonas de más vulnerabilidad y los representantes son llamados a retirarlos. La ayuda contiene seis kilos de arroz, seis kilos de lenteja, sal y aceite, entre otros víveres, y se prevé que sea entregada mensualmente. A largo plazo el WFP aspira a reactivar los comedores y el plato de comida caliente en las escuelas para los niños que asisten a clases.
La Fundación Bengoa señala en una de sus investigaciones que la severidad del problema alimentario que viene padeciendo la población en la última década ha impactado de manera tan intensa que ha provocado un cambio brusco en el patrón de alimentación y en los hábitos tradicionales del venezolano.
La doctora Maritza Landaeta explica que los tubérculos siguen siendo clave en la alimentación de los venezolanos, porque son fuente de calorías y la gente es inteligente y los consume. La investigadora dice que la población se las ingenia para rendir la compra y combina lo que tiene con vegetales, por ejemplo, arroz, la pasta o la harina de maíz, le añaden aceite y tubérculos. Landaeta dice que esta práctica sirve para enriquecer la comida. Una de las cosas que enseñan en las comunidades es que cualquier cosa que prepare la gente no lo consuma en blanco, sino que lo fortalezca con berenjena o vegetales, que aportan vitaminas, pues dice que en la epidemia son fundamentales para que el cuerpo tenga una reserva y pueda luchar contra el covid.
Las ayudas alimentarias provenientes del Estado a través de los Clap no llegan con frecuencia a los hogares y cada vez son menos las cantidades. Landaeta explica que las familias quedaron sin subsidios representativos para enfrentar la pandemia y que los problemas medulares, como recuperar la infraestructura de los servicios públicos, no han sido atendidos. “Las principales enfermedades en los niños son transmitidas por el agua. Algunas buenas intenciones del Estado se han visto disminuidas por el impacto de estos factores adicionales”, apunta.
La electricidad, el agua y el combustible a menudo presentan deficiencias en el país. La falta de gasolina y de diésel ha tenido impacto en el costo de los alimentos, y la población, que viene sofocada por la hiperinflación, de nuevo sortea problemas adicionales a los que ya conoce. Marylee Blackman, por ejemplo, quien reside en el estado Zulia, cuenta que hace un par de meses el kilo de queso blanco llegó a costar 14 millones de bolívares, cree que por causas asociadas a la falta de combustible. Este mes lo consiguió en 8 millones. En ese período, en que llegó a elevarse, tuvo que comprar menos cantidad.
“En mi casa la parte que más hemos reducido es el consumo de carne. Antes yo podía comprar cinco kilos de carne, ahora solo compro medio kilo y no variado, casi siempre compro molida o bistec. El pollo no lo hemos sacrificado, pero es menor la compra, llevo filete, a pesar de que es más costoso, se puede rendir un poco más”, dice.
Emireily Cordero, quien reside en Petare, compara este año con 2019 y considera que los alimentos en general se consiguen. “El problema no es encontrarlos, sino poder pagarlos”, dice. A pesar de que su hermana envía una remesa para sus padres de 100 euros al mes, todo lo que completa la familia no alcanza para lo que necesitan.
Barato no hay nada, lo que hago es que veo qué me rinde más y es lo que llevo. Entonces, en vez de comprar papas, compro arroz. En la proteína —aunque no es económico— rinde más que comprar queso duro y huevo. En vez de comprar jamón o carne, uno compra mortadela o salchichas, que tampoco están baratas, pero es por una cuestión de rendir con los vegetales; lo que hago es que compro lo básico, lo indispensable primero, como tomate, cebolla, y después si me va quedando dinero meto una lechuga, pero no es así como antes, que compraba remolacha, zanahoria, lechuga, calabacín. Ya todas esas cosas las he tenido que suprimir. Hago un kit básico y si me queda dinero entonces ahí si voy metiendo otras cosas y de último las frutas”, expresa.
La familia de Emireily ya no suele comer la misma porción de proteína. Antes de la crisis comía un cuadril por integrante de la familia o un bistec cada uno. Ahora no. El bistec lo pican en tiritas y le echan tomate para más o menos compensar: “No puede comer uno lo que necesita, sino lo que logras comprar. Me da dolor sobre todo con mi hijo menor que está en proceso de crecimiento y no puedo darle la parte proteica como yo quisiera. No estamos comiendo sino sobreviviendo”.
El avance progresivo de la crisis económica, social y política generó que el país requiriera asistencia humanitaria. A pesar de que las organizaciones nacionales e internacionales hacen un esfuerzo por atender la emergencia y asistir a la población en inseguridad alimentaria, sobre todo, a mujeres embarazadas, lactantes y niños con problemas de desnutrición, los fondos que demanda la crisis se mantienen desde 2020 alrededor de 23 % de lo que se necesita. Loiralith Chirinos y Maritza Landaeta, quienes trabajan en el campo de la investigación y documentación de la situación alimentaria, coinciden en que el trabajo de los actores humanitarios es valioso, porque tiene impacto en esa población vulnerable a la que le urge ser asistida, pero consideran que va “a paso lento”, lo que ha sido un problema para avanzar y abarcar un mayor número de personas.
“Ojalá puedan ampliarse estas ayudas humanitarias y cubrir a los más necesitados, son un aporte, pero está limitado. Los mismos reportes de ellos lo dicen, que no han logrado apalancar los recursos que se necesitan para ampliar la ayuda humanitaria. Tienen limitaciones para conseguir donantes y eso limita el trabajo. Ha sido un problema que hemos tenido”, dice Landaeta. La especialista apela a que se dé una reactivación en sectores económicos clave como el de la construcción, la manufactura o la agroindustria, que les permitan a las familias volver a recuperar el poder adquisitivo y mejorar la calidad de vida.
Descarta la idea de que en el país exista una recuperación económica por el auge de las importaciones o de negocios como los bodegones. Si bien la contracción estimada del Producto Interno Bruto este año (-4 %) es inferior a la de 2020 (-26 %), la economía ha experimentado una destrucción de riqueza similar a la de países en guerra o arrasados por desastres naturales. Para hablar de recuperación debe darse apertura, condiciones para la inversión local y extranjera y recuperación de la industria petrolera, entre muchas otras medidas.
La población clama por decisiones que le permitan recuperar los salarios y comer “como era antes de la crisis”. Landaeta apuesta por una flexibilización en los distintos sectores: “Venezuela necesita urgentemente recuperar, por ejemplo, el sector de la construcción, y que las personas puedan tener acceso a su trabajo. Todos apostamos a que esto se dé, que las medidas se tomen y vayan en beneficio real de la sociedad. Queremos que la producción se reactive y que volvamos a producir 70 % de los alimentos; la gente que está en el campo es la más afectada, no pueden sacar su cosecha, ni tener ingresos”. La crisis no se ha ido y una prueba es que la gente sigue aplicando estrategias para alimentarse y sobrevivir.
