Rocío San Miguel: Intereses de particulares, bandas armadas y militares rigen la minería en Bolívar. La directora de la ONG Control Ciudadano analizó lo ocurrido en el estado Bolívar el marco de la intervención militar denominada Operación Autana, que dejó un muerto y decenas de desplazados
Habitantes de la localidad de Tumeremo denuncian atropellos y violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Armada Nacional
La gestión de la minería en el sur de Venezuela está enmarcada en torno a tres intereses: Los de particulares, los de bandas armadas y la actuación de los militares.
Así lo declaró la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien agregó que, en torno a esta disputa por el territorio, se encuentra la población, que permanece en completo estado de indefensión.
Las declaraciones de San Miguel fueron a propósito de lo ocurrido el pasado 14 de agosto en el municipio Sifontes del sur del estado Bolívar: Un muerto y decenas de personas desplazadas por la denominada Operación Autana que practicaron miembros miembros de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de la región.
Habitantes de Tumeremo denunciaron el asesinato de Anderson Jesús Tibaduiza Gutiérrez, de 18 años de edad, a manos de funcionarios militares.
Según la versión de vecinos de la localidad, Tibaduiza Gutiérrez murió frente a la residencia de un amigo, quien resultó herido, en el sector El Esfuerzo.
Por su parte, la minuta policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) especifica que el joven de 18 años cayó en un enfrentamiento con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al destacamento 624 de Tumeremo.
“Al asesinato de este muchacho uno no le encuentra explicación. ¿Dónde esta la actuación del Ministerio Público? Impera la ley del más fuerte en esa zona, no puede ser que estas situaciones se repitan”, opinó Rocio San Miguel.
Representantes de la Zodi del estado Bolívar sostuvieron que la Operación Autana tenía como finalidad “localizar, neutralizar y erradicar” a los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol).
Esta fue una denominación que creó el Gobierno para referirse de manera imprecisa a los diversos grupos armados que operan en la zonas de frontera, como las exguerrillas del ELN, las disidencias de las FARC y los sindicatos mineros.
“Con el fin de ejercer control interno del territorio, evitar devastación ambiental y el contrabando de material estratégico, fueron desplegadas desde el Fuerte Tarabay las unidades de reacción rápida”, se desprende de la cuenta de Instagram de la Zodi-Bolívar.
San Miguel manifestó que los efectivos militares emprenden una búsqueda de supuestos campamentos de elaboración de drogas ilícitas en un territorio conocido por la explotación minera legal e ilegal.
“Se insiste con la presencia de los Tancol en Venezuela, aquí la noticia entonces es que el narcotráfico se instaló en el estado Bolívar”, aseveró San Miguel.
Denuncian abusos en territorio minero
Pese a estar registrados ante la Corporación Venezolana de Minería, mineros del sector y la comunidad en general denunciaron que los militares que desplegaron en el sector incautaron equipos, robaron insumos e incendiaron viviendas.
“Desde la mina del kilómetro 50 denunciamos que el Ejército nos está atropellando, está quemando todo y nos está maltratando, nos está dejando sin techo para vivir y, de paso, golpea a toda la población minera”, dijo una mujer en un video difundido en redes sociales.
Según reportes de medios de la región, dos minas quedaron inhabilitadas por completo: Vaticano y Sierra Imataca, en el municipio Sifontes del estado Bolívar.
Por lo pronto, se desconoce la razón por la cual los militares desalojaron dichas minas. Versiones sostienen que el Sindicato OR controlaba estas minas.
Los mineros instaron a Nicolás Maduro, al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, y al presidente de la Corporación Venezolana de Minería, Carlos Osorio a atender la situación.
“Estamos siendo atropellados vilmente por la Fuerza Armada, han quemado nuestras casas y golpeado a nuestras mujeres y niños, no hay respeto a los derechos humanos. Votamos por ustedes, porque nos prometieron que nos iban a entregar las minas”, manifestó una mujer en el sector El Bochinche.
Como respuesta al operativo desplegado por los efectivos castrenses, habitantes de Tumeremo trancaron en par de oportunidades la carretera Troncal 10 y comerciantes no abrieron sus establecimientos.
“No podemos ser víctimas de los militares, ellos no pueden llegar a agredirnos, nosotros hacemos vida aquí no por gusto sino por la situación económica por la que atraviesa nuestro país en este momento, el dinero no alcanza ni para comer. Y, por eso, tomamos la decisión de venirnos a las minas y abandonar a nuestras familias. Hemos pasado hambre tratando de construir una fuente de ingreso”, indicó una vocera de la protesta.
Advierten que podría empeorar situación de minería ilegal
Un video de la Zodi muestra que las fuerzas militares “lograron inhabilitar campamentos que servían de laboratorios para elaborar sustancias ilícitas y de la misma manera pistas de aterrizaje no autorizadas cuyo fin era el tráfico de narcóticos”.
La diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Zaida Vahlis, exhortó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a no extralimitar sus funciones contra el pueblo que trabaja en la minería.
“Hay que establecer un ordenamiento jurídico que delimite tierras de los pueblos indígenas, parques nacionales y sitios para la actividad minera artesanal”, aseveró.
San Miguel indicó que la política del Estado en torno a este problema debe ser sostenida.
“Se insiste en operativos, la Fuerza Armada debe tener operaciones permanentes en estos sitios, los cuerpos de seguridad deben actuar especialmente en el anillo fronterizo con planes de constante ejecución”.
La presidenta de Control Ciudadano calificó a Bolívar como un estado complejo, donde confluyen la explotación minera legal e ilegal.
“El ciudadano común y corriente está en medio de una zona de guerra, carece de instituciones del Estado que lo protejan, especialmente en las regiones fronterizas”.
San Miguel expuso también que con la reforma al Código Minero colombiano propuesta por el recién electo presidente Gustavo Petro, es probable que empeore la situación de minería ilegal en Venezuela.
“Petro anunció en un consejo de seguridad integral que se erradique a los mineros ilegales en Colombia, todo parece indicar que esa gente se va a traspasar al lado venezolano”, advirtió.
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