Ante la noticia principal de este resumen y para alertar a las corrientes democráticas, laborales y para todo ciudadano que busca hacer algo por el cambio social, publico estas reflexiones
Tres alcaldes opositores del Táchira serán investigados por la AN 2020 por presunta corrupción
La falsa cruzada contra la corrupción, «caiga quien caiga», una maniobra de represión y sometimiento político contra la democracia.
Segunda fase de la falsa cruzada.
El ataque contra los alcaldes opositores y otros destacados miembros de la oposición, es la segunda fase de la falsa cruzada anticorrupción, «caiga quien caiga», desplegada por el régimen de facto desde el viernes 17 de marzo/23 con la detención, sin el cumplimiento de las garantías procesales constitucionales y de ley, de varios jueces, funcionarios de la administración, empresarios, un diputado en funciones y otras personas en Caracas y varias ciudades del pais.
Las agresiones verbales de los jerarcas del régimen, preparan las acciones represivas
Aunque esta segunda fase ya se inició con las destempladas agresiones verbales de Maduro, Cabello, los hermanos Rodríguez, Iris Varela, Mario Silva, entre otros, contra Guaidó, su posterior persecusion y amenazas contra su familia para que abandonara el país, señalamientos que expresamente incluyeron a la oposición en general y en especial a quienes tienen cargos de representación popular.
Un dogma que sirva de paraguas justificador de los abusos
La maniobra del régimen de facto consiste en generar un paraguas de justificación, una razón de estado, un imperativo dogmático que justifique cualquier acción; esto es la lucha contra la corrupción, así como en diversos momentos se ha usado la «guerra económica, la agresión imperialista, el criminal bloqueo, el terrorismo» y otros dogmas ideo-politicos que son presentados como temas fuera de toda discusion, ante los cuales solo hay que asentir.
Síndrome omnipotencia-impotencia
Con ese marco de justificación, se realizan acciones rápidas, sorpresivas, sin control por parte de cuerpos fuertemente armados, encapuchados, sin identidad y capaces de imponer, por la fuerza directa, inmediata e inapelable, su voluntad, la cual está direccionada desde mandos superiores inalcanzables basados en el dogma.
Se genera así el síndrome omnipotencia-impotencia y fuertes sentimientos colectivos de incertidumbre, desamparo y temor.
Es obvio concluir que, con estás maniobras, el aparato político dominante va imponiendo sus designios con poca o ninguna resistencia institucional, política y social, e instalando un estado de situación complejo, con una normativa arbitraria y una cultura del temor que condiciona y restringe el pensamiento, las perspectivas y la actuación de los ciudadanos, presionándolos hacia el silencio, la quietud y la sumisión; olvidando o dejándose despojar de sus derechos legales y garantías constitucionales. Se arrasa así con el debido proceso que es el pilar dónde se sostienen la libertad, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a un juez natural, imparcial e idóneo, la seguridad e integridad personal y moral, la obligatoriedad de la identificación de los agentes que practican la detención y de sus superiores, de la existencia de averiguación previa y de una orden judicial fundada, así lo dictan los artículos del 43 al 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
Todas estas garantías se han convertido en derechos en el transcurso de más de dos mil años de evolución del derecho penal en consonancia con el proceso civilizatorio de la sociedad de la comunidad internacional y son parte de la esencia existencial de la República de Venezuela, desde 1811, en su primera Constitución.
Los pactos, tratados y convenciones internacionales sobre DD HH suscritos y ratificados por Venezuela son derecho interno de jerarquía constitucional, según establece el artículo 23 de la CRBV.
Primero contra los adversarios internos
La primera fase se empleó, fundamentalmente, contra los adversarios internos, actuales y potenciales. Aunque los procedimientos y patrones de conducta, públicos y bien publicitados, impactan también en el escenario general, pero lo principal era desarticular y someter a los adversarios internos actuales (en el Psuv y el Estado venezolano); el llamado grupo de Tarek El Aisami (TEA), mientras se neutraliza y paraliza a los adversarios potenciales: Cabello, Bernal, Jaua, Varela, María G Chávez, T W Saab, La Cava, Padrino, Arias Cárdenas, Vielma Mora, entre otros.
En la segunda fase se atacará a los principales adversarios de la oposición comenzando por Guaidó, mientras se reafirma el síndrome omnipotencia-impotencia que divide, desordena y paraliza a varios sectores de la oposición. En esa lista estarán los precandidatos opositores de mayor arraigo y con posiciones firmes como Freddy Superlano, Andrés Velasquez, Delsa Solorzano, Enrique Capriles, María Corina Machado (cuya figura ha sido utilizada, inicialmente, con propositos de división por los insultos que esta profiere contra la oposición) y otros que eventualmente escojan para saciar su perversidad.También están, de ser necesario, Alcaldes, diputados, concejales y gobernadores opositores, así como periodistas, empresarios y trabajadores. Basta ver las intervenciones de Jorge Rodríguez en las que despotrica contra Rosales, Borges, Capriles, Guaidó, Dinorah Figuera. Es un deleznable recurso de linchamiento moral para activar contra ellos una condena de la opinión pública que «justifique» los abusos de la tenebrosa Policía Anticorrupción. Cuenta para ello con legiones de tontos útiles y de corifeos o bots que le hacen de parlantes.
Tratan de amedrentar a todo el que pueda manifestarse con dignidad e independencia
Por supuesto que siguen operando los efectos generales contra la población, especialmente contra los oficiales y miembros de los cuerpos militares y policiales, las bandas armadas para-policiales y las temibles organizaciones criminales conocidas como «trenes». También son de prioridad para amedrentar a los funcionarios de representación popular e integrantes de cuerpos deliberantes, los funcionarios de control institucional (jueces, fiscales, contralores, defensores), los empleados públicos y todos los sectores que se encuentran activados en lucha, para desmotivarlos, atemorizarlos, apresarlos y eventualmente liquidarlos.
Esa es, expresada en grandes rasgos, la esencia del plan de amedrentamiento, represión y sumisión que adelanta el régimen de facto en estos momentos.
Cd. Guayana, 17 de mayo de 2023
