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Rumbo perdido | por Celestino Aponte

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Por Celestino Aponte.

Desde los años 50 del siglo pasado, especialmente en el lapso transcurrido entre 1959 y 1999, la región Guayana y el estado Bolívar, en particular, transitó un rumbo de desarrollo político, social y económico de progreso. Un proceso no lineal ni excepto de errores, rezagos sociales y geográfico, pero con resultados incontestablemente positivos.

Desafortunadamente, ese rumbo se perdió y hoy día la región, en un verdadero salto atrás, retrocedió a niveles impensables hace dos décadas. Guayana perdió el rumbo. 

Tal vez el ámbito politico-institucional sea el que evidencia con mayor nitidez el retroceso, la desorientación y el hundimiento de la región. En efecto, las instituciones del Estado Nacional que jugaron un rol fundamentalismo en el otrora exitoso desarrollo regional desaparecieron de la escena o se desdibujaron de tal forma que, ocasionando un vacío institucional, dejan al estado Bolívar y al conjunto de la región sin una dirección definida, sin objetivos establecidos y sin estrategia de desarrollo. Realmente a la deriva.

 Destaca la deplorable minusvalía y pérdida de orientación de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) no sólo ente rector y planificador del desarrollo, sino empresario y conductor inmediato de las empresas básicas, prestadora de servicios múltiples y coordinadora de todo el entramado institucional en la zona del hierro y su área de influencia.

Además, empresas estratégicas para el desarrollo del país y que formaron parte del conjunto de filiales de la CVG fueron eliminadas como es el caso de EDELCA responsable y conductora del proyecto electrificación del bajo Caroní que abastece del fluido eléctrico no solo al conglomerado industrial de la región, sino a casi todo el país, hoy, repito, desaparecida y sustituida por un ineficiente, centralizado y burocrático armatoste denominado CORPOELEC. Igual ocurre con la desaparición irresponsable y estúpida de la antigua CVG-Técnica Minera (CVG TECMIN) responsable de la investigación y estudios de las áreas mineras y ambientales, geoexploratorias y geoestratégicas de la región, esenciales para el desarrollo económico de una región con vocación minera como lo es Guayana. La desaparición del ministerio del ambiente y las funciones que desempeñaba en Guayana es una verdadera catástrofe, sobremanera después del disparate y crimen ambiental que es el Decreto N° 2.216 de fecha 24 de febrero de 2016 que crea el Arco Minero del Orinoco. La constitución de ese parapeto burocrático que es el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME) y la Corporación Venezolana de Minería absolutamente militarizada y centralizada que sustituyó en los hechos a CVG MINERVEN y con una gestión administrativa opaca, para decir lo menos.

Los ministerios del gobierno nacional, todos, en el estado Bolívar abandonaron hace mucho tiempo las funciones que cumplían, incluidos los ministerios de educación y salud como es sencillo de verificar con solo observar el estado de las plantas físicas de los módulos de salud, hospitales y escuelas a todo lo largo y ancho de Guayana. En fin, el aparato del Estado venezolano con asiento en esta entidad federal «opera» sin planes, sin objetivos ni estrategias. La inercia, la incompetencia y la corrupción son su marca y por ende Guayana perdió el rumbo. 

Las causas de este problema son muchas. Pero sin caer en reduccionismos afirmamos que hay dos que sobresalen: el modelo político autoritario, centralista y militarizado impuesto por el anacrónico chavismo en el poder político y las designaciones de funcionarios para cargos politicos (libre nombramiento y remoción) sin los conocimientos mínimos, la información, la experiencia, destrezas, competencias y atributos necesarios para el desempeño de esos cargos. Particularmente en la CVG y las empresas del holding las designaciones de los presidentes y altos ejecutivos en los ultimos 10 años han recaído en individuos absolutamente ignorantes del negocio y sin formación gerencial. El sector eléctrico y el minero han sido las principales víctimas de estas disparatadas designaciones.

 El Poder Público Estadal, por su parte, con el tristemente celelebre Consejo Legislativo a la cabeza de todas las otras instituciones, que hace muchísimos años perdió su capacidad para deliberar con «altura» a propósito de los grandes y pequeños asuntos del país y la región; desde hace tres periodos legislativos, para decir lo menos, olvidó deliberadamente ejercer la función contralora que le es intrínseca y no digamos de la función legislativa que nunca ha cumplido. Tal vez, por incidencia de la atmósfera centralista y autoritaria impuesta por el chavismo, pero también, sin duda, porque devino hace mucho en un espacio para colmar la sed burocrática de la «sargentería» política.

Para no extenderme mucho, basta con recordar la triste historia de la gobernación del Estado en los últimos cuatro periodos. Dos gobernadores militares sin ningún arraigo en la región, uno de ellos nunca elegido y su magistratura fue producto de un acto delictivo y vergonzoso donde estuvo involucrado todo el entramado político institucional del país y del estado Bolivar sin excepción y, finalmente, un infeliz politiquillo sin el menor sentido de las proporciones, las medidas y la responsabilidad del cargo que ostenta. Todo lo cual produjo una colosal corrupción, un abandono a las mas elementales competencias del Poder Publico Estadal: carreteras y autopistas destruidas, cuerpos policiales infiltrados por el hampa, inseguridad pública y los servicios estadales en general deficitarios, caóticos y de pobrisima calidad así lo evidencian.

El sur del Estado Bolívar controlado por bandas criminales y grupos irregulares donde la vida no tiene ningún valor, las etnias indígenas  perseguidas, desplazadas y acosadas por los irregulares; con vastas porciones del territorio en los cuales el Estado perdió el control y la FAN luce impotente e incapaz de recuperarlo, si acaso hay algún interés en hacerlo. Los ríos, aguas subterráneas, bosques, tierra, y fauna devastados por la acción depredadora de la minería «legal» promovida y amparada por el citado Decreto 2.216 y la política del gobierno nacional que resume la frase Arco Minero del Orinoco. La contaminación de los ríos Paragua, Caura, Cuchivero, Cuyuni, Caroní y Orinoco  es una gravísima amenaza para la presente y futuras generaciones de guayaneses y venezolanos. Todo lo antes expuesto es evidencia diáfana de la quiebra de las instituciones políticas del estado Bolivar.

En fin, Guayana perdió el rumbo y recuperarlo y/o establecer un nuevo derrotero pasa necesariamente por desplazar del poder político a la corrupta camarilla que tanto nacional como regionalmente lo detenta. Este es el primer paso en esa dirección.

Ciudad Guayana, 04 de marzo de 2024.

Fotos cortesía

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