Los expertos de la ONU instaron a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. «El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato»
Dos expertos de Naciones Unidas condenaron este viernes 11 de agosto el uso de leyes antiterroristas en Venezuela para condenar a seis sindicalistas en el país, y advirtieron que el uso de la calificación de «terrorismo» es un «abuso crónico» utilizado en contra de quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Los relatores especiales sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, expresaron en un comunicado «su profunda preocupación por la sentencia del 1 de agosto de 2023» que condena a seis sindicalistas a 16 años de prisión por los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir.
«Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela (…) En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron.
En una comunicación anterior a la administración de Nicolás Maduro, ambos expertos destacaron la falta del debido proceso, acceso a la defensa legal por parte de los sindicalistas, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.
Para los expertos de la ONU, «este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada». Además, subrayaron que el uso de medidas antiterroristas debe ser necesario, proporcional y no discriminatorio.
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Otra cuestión que lamentaron es el hecho de la alta pena impuesta a Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Nestor Astudillo. Lo calificaron como una «tendencia creciente y preocupante» para perseguir, acosar y en última instancia «sacar de circulación» a disidentes opositores o defensores de derechos humanos.
«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno (…) Las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos», afirmaron.
Los expertos de la ONU también instaron a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión.
«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», aseguraron los expertos.
Invitaron a otros gobiernos y a todos los organismos pertinentes de derechos humanos y lucha contra el terrorismo de la ONU a centrarse en el uso indebido de la legislación antiterrorista y exigir al Gobierno de Venezuela que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, los expertos solicitaron a las autoridades venezolanas a implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo. «Pedimos que se tomen medidas rápidas y contundentes para proteger a las personas defensoras de los derechos laborales en Venezuela».
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