@victoralvarezr
La Embajada de los EEUU en Venezuela posteó que: “En respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector minero de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”.
La OFAC emitió la Licencia 43a que modifica la Licencia 43 publicada el 18 de octubre de 2023 y reimpone las sanciones que prohíben hacer negocios con la empresa estatal del oro, Minerven. Reimponer las sanciones es justamente lo que quieren los adversarios geopolíticos de EEUU que son aliados de Maduro, los cuales le ofrecen no dejarlo solo para preservar el control de los espacios vacíos que dejan los EEUU y la UE a raíz de las sanciones. Turquía e Irán celebran la reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la explotación y comercialización del oro venezolano. Reimponer las sanciones mantendrá a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU. Con su apoyo, Maduro juega duro y ratifica la inhabilitación de MCM.
La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si en abril se reimponen sanciones petroleras, se le dará al régimen el argumento perfecto para posponer las elecciones. Maduro ya pasó sus días más difíciles de aislamiento internacional, encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia tiene que ser ofrecer incentivos para mejorar las condiciones electorales a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales. Esta es una estrategia más inteligente y eficaz que apelar nuevamente a la política del garrote que no dio resultados para forzar un cambio en el mando político. Si la habilitación de MCM no se convierte en un punto de honor y la Administración Biden ratifica que “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”, entonces será posible mejorar la amplia gama de condiciones electorales incluidas en el Acuerdo de Barbados, tales como:
- Anuncio de la fecha definitiva para las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
- Actualizar y depurar el registro electoral permanente (REP) nacional e internacionalmente.
- Jornadas de inscripción y establecimiento de puntos de inscripción/actualización.
- Operativos de cedulación en todo el país.
- Auditorías, observación internacional y acompañamiento de observadores locales.
- Cese a la persecución y violencia política.
- Compromiso con un discurso y clima político favorable al desarrollo en paz del proceso electoral.
- Respetar y cumplir el marco legal electoral y decisiones del CNE.
- Garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión de los candidatos.
- Reconocimiento del derecho de los actores a disponer de mecanismos de financiamiento.
- Equilibrio en medios de comunicación nacionales y cobertura electoral por medios internacionales.
- Promover a todos los candidatos y partidos a que cumplan con los requisitos de ley.
- Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.
Si la revisión anunciada por el Departamento de Estado encuentra en la mejora de las condiciones electorales antes mencionadas los contrapesos necesarios para mantener la flexibilización de las sanciones, EEUU seguirá comprando el petróleo venezolano a precios de mercado y así Maduro no necesitará los auxilios financieros de Rusia, China, Irán o Turquía. Pero con la reimposición de las sanciones, Venezuela es lanzada nuevamente a los brazos de los enemigos geopolíticos de EEUU.
Según las encuestas, MCM tiene una intención de voto superior al 50 %. Un sucesor escogido por ella preservaría una intención de voto cercana al 40%. Un candidato con este nivel de respaldo sería una opción triunfadora frente a la candidatura de Nicolás Maduro, que apenas registra una aceptación de 25%. El TSJ habilitó a otros precandidatos que tienen ambiciones personales, a quienes el propio gobierno les puede financiar sus campañas para dividir el voto opositor y de paso montar la escena de unas elecciones con muchos competidores. Con menos de 25% de respaldo de la candidatura oficialista, cualquier precandidato con ambiciones presidencialistas se puede sentir capaz de ganar, si logra pescar suficientes votos en el 75% de electores descontentos con el gobierno. El oficialismo tratará de impedir la inscripción de cualquier candidato al que las encuestas le atribuyan probabilidad de ganar. Esto advierte que la lista de potenciales inhabilitados puede aumentar.
En Nicaragua, Daniel Ortega inhabilitó a los 7 candidatos que registraban un respaldo ganador en las encuestas, pero compitieron contra él 6 candidatos zancudos, el equivalente a lo que en Venezuela se denominan alacranes. Eran parte de la comparsa electoral que contribuyeron a dispersar el voto opositor, pero ninguno representaba una verdadera amenaza. Tengamos en cuenta que en unas elecciones donde no hay segunda vuelta, gana la mayor de las minorías. Por lo tanto, cabe la probabilidad de que con apenas 25% de respaldo y una oposición dividida que llame a la abstención, Maduro puede resultar electo en unos comicios con unas condiciones electorales básicas, cuyo resultado pueda ser reconocido nacional e internacionalmente.
A fin de que un eventual triunfo suyo sea reconocido por la Casa Blanca y se levanten definitivamente las sanciones, a Maduro le interesa que las presidenciales en Venezuela se realicen antes de las de EEUU. Con Joe Biden reelecto, Maduro podrá conjurar la amenaza de Donald Trump en la Casa Blanca, quien no lo reconocería como presidente de Venezuela. La flexibilización de las sanciones contribuiría a mejorar las condiciones económicas y sociales del país, lo cual aliviaría la incesante migración venezolana que genera problemas internos en los EEUU. En este escenario, Biden podrá capitalizar electoralmente el mérito de haber resuelto el conflicto venezolano, recuperado para el mercado estadounidense el petróleo que Pdvsa vende en los mercados asiáticos, mostrar avances en la solución del problema migratorio, y haber alejado la amenaza rusa, china e iraní del hemisferio.
Mientras no se defina cuál es el candidato que la Plataforma Unitaria (PU) puede inscribir en el CNE, el gobierno ganará tiempo y maniobrará para provocar más divisiones y la abstención que necesita para convertir en mayoría su precario apoyo electoral. MCM insiste en mantener su candidatura hasta el final. Dice que “sin mi candidatura, no habrá elecciones libres” y sus seguidores le hacen coro: “o es MCM o no es nadie”. Otros dirigentes de la PU como el gobernador de Barinas, Sergio Garrido, afirman que “No nos detendremos por María Corina, si no es ella buscaremos otro candidato”. La inhabilitación de MCM ratificada por el TSJ alienta la tesis de que la PU no debe seguir perdiendo tiempo y esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Se corre el riesgo de que el CNE anuncie la fecha de elecciones para mitad de año y fije un lapso muy corto para inscribir las candidaturas. Esto dejaría a los partidos de la PU sin tiempo para escoger una candidatura de consenso que pueda inscribir en las presidenciales de 2024. Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que sí se puede lograr: capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político del país por la vía electoral y pacífica.
