Desde hace más de un quinquenio, el Estado no enseña al país las cuentas ni el gasto de inversión que ejecuta a través del Ministerio de Educación, el cual afronta en sus puertas dos meses de protestas de maestros. Tampoco el presupuesto para 2023 llega al 12 % que establece la Constitución.
Caracas. Los maestros venezolanos cumplieron dos meses de protesta por el pago de ínfimos salarios, el 9 de marzo pasado, sin saber siquiera cómo se gastan los recursos que permitan atender a sus reclamos. Y probablemente no lo sabrán.
Desde hace más de seis años, el Estado venezolano no enseña sus cuentas ni su inversión anual en educación. No lo reporta en organismos nacionales ni internacionales. “Es un agujero negro que nadie conoce”, señalaron docentes y académicos. Y las pocas cifras disponibles, a lo largo de casi una década, les da la razón. A pesar de la opacidad de los datos oficiales.
La inversión supone dedicar recursos para obtener beneficios a partir del modelo constitucional deseado y está definida a largo plazo: la enseñanza es obligatoria durante 17 años, al menos, desde el nivel maternal hasta la educación media o secundaria. Su finalidad es garantizar las generaciones del futuro, con docentes formados, escuelas y diseños curriculares. Pero es una actividad que no cumple cabalmente el Estado.
De hacerse, recuperar este nivel de educación, en su justa dimensión, requeriría al menos de unos 74.000 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos.
Raspado en inversión del PIB en Educación
En principio, la Constitución vigente obliga al Estado a destinar 12 % del producto interno bruto (PIB) anual en inversión en educación, pero ese mandato nunca se ha cumplido, afirma el investigador Carlos Calatrava.
El presupuesto del Ministerio de Educación para 2023, de 31.744.482.066 de bolívares, de acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2022, es la muestra más reciente en casi ocho años. Aunque en el texto legal es el monto más alto asignado a un ente estatal.
“Al partir del PIB, se obtiene una proporción de aproximadamente 6 % del PIB”, calculó Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), pero afirma que no es así.
“Por mucho que haya aumentado el año pasado en 17,27 %, (enero-septiembre 2022) en realidad con la caída de casi 80 % termina siendo 4%”.
Cuando el presupuesto fue aprobado, el monto era poco más de 2,7 millones de dólares, pero se redujo aproximadamente a 1317 millones de dólares, al cambio oficial de 24,1 bolívares por dólar, que el Banco Central de Venezuela fijó hasta el 10 de marzo.
El porcentaje del PIB indica generalmente el ritmo de la inversión, pero Calatrava precisa que eso no es tan cierto.
Inversión precaria o desinversión
Desde 2016 hasta 2021 no tuvimos información del presupuesto que se aprobó. Llevamos casi siete años sin saber cuánto se necesita, cuánto se está cubriendo y cómo se está gastando. Y en 2023 seguimos sin acceso a la información sobre lo que se necesita en función del pago de nómina de activos y jubilados, pasivos laborales, infraestructura escolar, dotación de equipos. Y tampoco sabemos de dónde saldrán los recursos del Estado”, dijo Calatrava.
Para el investigador, lo que existe es desinversión, mas que inversión deficitaria. “Si hubiese déficit habría una corrección de cuentas, que se podría resolver con crédito adicional. Pero esto es desinversión, porque el presupuesto debe irse no solo en nómina, sino también en construcción de escuelas, dotación, mantenimiento que incluye pintura, e insumos en laboratorios”.
A esta opacidad se suma también la falta de rendición de cuentas desde 2016. “No hemos tenido acceso a la Memoria y Cuenta del ministerio. Solo en 2015, cuando pudimos tener acceso, vimos que lo que se necesitaba en gasto de recurso humano y en infraestructura significaba un monto de 43.000 millones de dólares aproximadamente, pero eso siempre fue deficitario”. Lo cual explica, dice, que el sector tenga generalmente dos tipos de presupuestos: el aprobado como ley, por la AN, y el que proviene de créditos adicionales.
Ni siquiera el Programa Cada Familia Una Escuela, que el ministerio diseñó para los dos años de pandemia de COVID-19, fue objeto de justa inversión, sostiene el investigador. De las teleclases en espacios de VTV se migró a la plataforma de software libre, a través de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, para unas aulas virtuales. Pero los maestros no recibieron ni equipos de tecnología adecuados ni bonos adicionales. “Ese programa no costó prácticamente nada y evidenció crisis simultáneas”.
Sin data oficial el Banco Mundial
El gasto de inversión en educación tampoco se conoce en organismos internacionales. El más reciente reporte del Banco Mundial, que incluye más de 200 países, indica que Venezuela no informa del gasto público en el área desde 2017. Y, según el registro recogido por el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 1970-2021, fue de 1,3 % del total del PIB.
Además, Venezuela aparece como el único país de América Latina y el Caribe que dejó de informar ese año. Cuba hizo su último reporte en 2020 (0 %), como la mayoría de los países, incluso Nicaragua (4,6 %).
Según el registro histórico de la Unesco, entre 1970 y 2017, Venezuela alcanzó su pico más alto en 1983 (6,1 %), mientras que en 1994 llegó a 5 %, pero desde 2006 la curva comenzó a descender (1,2 %).
En el caso de gasto corriente en educación, nivel primario (% del gasto total en instituciones de educación de nivel primario) 1995 – 2021, Venezuela reportó 95,4 % del 1,3 % del total del gasto público en educación.
“En el país 60 % del presupuesto en esa área va para los dos primeros niveles porque son obligatorios, desde los años 50. Del restante 40 %, más de 70 % se va en nómina, y 2,8 % va a educación media y técnica. Aquí se entiende por qué el bachillerato es un desastre”, comentó Calatrava.
Frente a esto, persiste la falta de escuelas y de planteles inconclusos, que afectan sobre todo a la educación obligatoria en el interior del país, de acuerdo con investigaciones de Transparencia Venezuela.
Desnutridos salarios de los maestros
Lo único que se sabe con certeza, a decir de los reportes, es que los docentes, que son los actores principales de todo el sistema de educación, ganan menos de la mitad del sueldo que tenían hace casi siete años. O hasta hace dos meses.
Solamente desde enero de 2023 el sueldo base del docente no graduado (bachiller), que en noviembre pasado llegó al equivalente de 50 dólares, con carga de 33,33 horas, gana 5 dólares, “o quizá menos”. Y el del docente VI, máxima categoría reservada a maestros con cargo de 53,33 horas, que ganaba el equivalente a 200 dólares, no llega a los 30. Es el reporte de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).
A la inflación y dolarización de productos y servicios, se ha unido el incumplimiento del ministerio y las acciones de la Onapre, indica el docente Orlando Alzurú, secretario nacional de Legislación Laboral, Contratación y Conflictos de la FVM. “Nos han llevado a sueldos de hambre”.
Aclara, por cierto, que los maestros no ganan salario mínimo, sino salario base, de acuerdo con el tabulador de la convención colectiva que los rige. Y este fija la remuneración por categoría (del I al VI) y jerarquía (desde el docente del aula hasta el director).
Explica que si bien entre octubre y noviembre de 2022 se lograron ajustes, a finales de ese año, cuando “estábamos por firmar mejoras y llevar el sueldo al costo de la canasta básica alimentaria, el ministerio suspendió las conversaciones unilateralmente”. También, la Onapre, agrega, redujo por su cuenta el monto de las primas en 70 %, “sin explicación”. “Pero hay salidas”, dice.
Con la mano en Educación
“Le estamos exigiendo a la ministra de Finanzas (Delcy Rodríguez) que se ponga la mano en el corazón y nos tome en cuenta”.
El maestro debería devengar al sueldo promedio de Suramérica, es decir, 958 dólares mensuales, el promedio entre 3000 dólares que ganan en Chile y el más bajo de aquí, advierte Calatrava. Este debería ser el salario base de los actuales y de los de 255.000 docentes por formar, lo que calculamos en en 40.000 millones de dólares de gastos de inversión.
Las autoridades han adelantado que “no hay plata”, mientras la crítica situación afecta a los 400.000 docentes agrupados solamente en la FVM, sin contar a los que engrosan otras 12 federaciones, insiste Alzurú. Y calcula que la migración de entre 30 % y 35 % del total, “entran y salen del país”.
“Si la ministra no entiende al maestro, no tiene claro que la educación es el apalancamiento del desarrollo del país. Y seguiremos las protestas”.
Crónica Uno
