Entre los casos impunes que la Misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces.
Un duro informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela difundido este 16 de septiembre detalla cómo el sistema de justicia de Venezuela ha sido parte de “un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014”.
El documento, fechado en Ginebra Suiza, sede de varios organismos de la ONU, basa sus determinaciones en 177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia. También se basa en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogados defensores venezolanos, y en un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales.
“También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado que detalla el “nuevo informe de las Naciones Unidas publicado hoy”.
“El sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno”, titula el comunicado.
Política y justicia
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”, dijo Valiñas en el comunicado.
“En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad. Algunos jueces, juezas y fiscales han negado los derechos de opositoras y opositores reales o percibidos como tales por el gobierno,” dijo Francisco Cox Vial, parte de la Misión de la ONU.
Este informe complementa el informe de la Misión de septiembre de 2020, en el que se encontraron motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas de alto nivel y las fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos.
Algunas de estas violaciones – incluidos los asesinatos arbitrarios y la tortura sistemática – constituyen crímenes de lesa humanidad, destaca.
Violaciones de rutina
Entre las graves violaciones enumeradas en este documento encomendado por la ONU se destaca que en el sistema judicial los jueces “ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional”.
Además “mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona”.
Igualmente “dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo”.
Por su parte, los fiscales del Ministerio Público “presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba”.
“En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura”.
Las largas demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra dentro de un plazo razonable.
“Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas – incluso en la salud física y mental – de las víctimas y sus familias”, afirmó Marta Valiñas.
Más evidencias
La Misión de la ONU también documentó en 2020 varios casos que “involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales”.
“No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces”, explica el comunicado con un resumen del informe.
Menciona casos sonados que sacudieron a la opinión pública venezolana y que tuvieron proyección internacional para caracterizar al régimen autoritario que gobierno a Venezuela.
Entre ellos menciona al del concejal opositor Fernando Albán, muerto tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede de la policía política Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en 2015.
Acosta Arévalo y Pernalete
El régimen que encabeza Nicolás Maduro presentó este caso como un suicidio, pero los familiares y amigos de la víctima lo denuncian como un asesinato por fines políticos.
Recoge además el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, un militar opositor muerto en prisión poco después de haber sido presentado públicamente en un tribunal con evidentes signos de torturas.
Acosta Arévalo “se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018”.
El caso del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete, asesinado en una manifestación también está documentado.
Pernalete “murió después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas en 2017”.
“La Misión estima que las acusaciones presentadas recientemente en estos casos tienen un alcance muy limitado y/o se centran en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando”, concluye.
