La negociación entre empleadores, organizaciones sindicales y Gobierno no llegó a buen puerto, pero se logró acordar la instalación de una mesa técnica para determinar un mecanismo mediante el cual se fije el salario mínimo, así como una instancia con presencia del Ministerio Público para abordar injusticias sufridas por trabajadores y dirigentes sindicales
Cerró sin acuerdos claros la tercera sesión del Foro de Diálogo Social que conglomera a empresas privadas, organizaciones sindicales y autoridades del Gobierno bao la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar en el cumplimiento de los convenios 27, 87 y 144 del organismo que fueron firmados por Venezuela e ignorados por el chavismo.
Las organizaciones sindicales no parcializadas con el Gobierno denunciaron que esta tercera edición del Foro de Diálogo Social cerró sin que el Gobierno fijase una fecha o un monto para aumentar el salario.
En un comunicado firmado por la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), los representantes de la lucha sindical lamentaron que «se haya perdido» la oportunidad que representa esta instancia para aumentar los salarios.
«El Gobierno no nos ha propuesto en el Foro de Diálogo Social montos y fecha de un aumento salarial, a pesar de nuestra insistencia. Lamentamos que se haya perdido una ocasión de mejorar el paupérrimo salario mínimo que recibe la mayoría de los trabajadores», reza la misiva.
A pesar de que las negociaciones no fueron fructíferas, sí se acordó la instalación de dos mesas técnicas que tendrán como objetivo discutir mecanismos para fijación de salarios y abordar la persecución contra dirigentes sindicales.
Las organizaciones firmantes recalcan que la creación de esta instancia no es excusa para que el Gobierno siga dilatando la toma de una decisión en torno al salario mínimo, que empuja a millones de trabajadores a condiciones de vida miserables.
«La mesa técnica constituida para discutir el método de fijación del salario mínimo no debe ser asumida como una excusa para que el Gobierno no tome de inmediato alguna medida para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Se requiere con urgencia de un ingreso de emergencia que atenúe el hambre que está sufriendo la clase trabajadora», insistieron.
Gobierno inflexible
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis) denunciaba horas antes del cierre, que el diálogo no avanzaba como se esperaba debido a la posición inflexible y cerrada de los funcionarios del Gobierno, encabezados por el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, quien rechaza la posibilidad de salir de este encuentro con un mecanismo consensuado para fijar el salario.
Pese a que el Gobierno reconoce la necesidad de incrementar la remuneración de los trabajadores –no en vano Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro han prometido venideras decisiones al respecto–, la prioridad parece ser mantener la política de bonos otorgados a través del sistema Patria y definir los aumentos por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
«No hubo disposición del Gobierno a discutir el método de fijación. No quiere concertar una política salarial, se insiste en la bonificación del salario. La posición del ministro es que en el sector público se seguirán otorgando bonos sin carácter salarial a través del Sistema Patria. El monto y la periodicidad se fijan unilateralmente por el Gobierno», indicó a TalCual la directora general de Ovlis, Jacqueline Richter.
El Gobierno solo dio su brazo a torcer para acceder a crear una instancia técnica en la cual se pueda «discutir una metodología», lo que deja lejos el objetivo de pactar un salario mínimo y un método para implementarlo, como se esperaba de esta reunión previamente ante la propuesta hecha por Fedecámaras antes de la llegada de la misión de la OIT a Venezuela.
Las expectativas en torno al aumento del salario también estaban sustentadas por el contexto de descontento social originado a raíz de los sueldos de miseria pagados por el Gobierno a la administración pública, que han provocado constantes marchas y protestas de todo tipo en todo el país, especialmente por parte de profesores universitarios, docentes y personal médico.
Negociación sin disposición
El punto álgido de la conversación y principal motivo de desacuerdo es, sin dudas, el salario. Sin embargo, los otros convenios, referentes a la libertad sindical (87) y al diálogo tripartito (144) tampoco se acercan a su cumplimiento.
Las múltiples denuncias, incluso registradas por la OIT, en torno a la persecución, arresto y judicialización de dirigentes sindicales son respondidas con el argumento de que no se tomaron esas acciones por sus actividades sindicales, sino que existían verdaderos crímenes que debían ser procesados. Por lo tanto, la disposición a liberar a los sindicalistas presos es diminuta.
Las organizaciones sindicales propusieron crear una mesa tripartita con presencia de la Asamblea Nacional, en la cual se permita evaluar reformas judiciales para incrementar la protección a la actividad sindical mediante la derogación de normas que criminalizan la protesta y la huelga. La respuesta del equipo de Torrealba también fue negativa.
De acuerdo con Richter, el discurso del Ejecutivo es monotemático, pues cada justificación que presentan para responder a las dificultades que padecen la población y la fuerza laboral de Venezuela, tiene que ver con las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
«Se han hecho críticas y planteamientos, pero hay oídos sordos del Gobierno. Cualquier planteamiento lo responden con que las fallas son culpa de las sanciones y sus efectos perversos», insistió la profesora titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Con el juego trancado, los actores se reunieron por tercer día consecutivo este miércoles 1ro de febrero, ocho meses después de la primera sesión del foro, llevada a cabo la última semana de abril de 2022.
La pelota está del lado del Gobierno, que debe lidiar con una población laboral descontenta que exige la restitución de sus derechos desde hace años y que no descarta una posible huelga en caso de que las condiciones no cambien mediante el mecanismo mediado por la OIT.
El equipo de la OIT, encabezado por la Directora Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Corinne Vargha, deberá evaluar los avances –aparentemente nulos– de estas jornadas para publicar un informe sobre la evolución del Foro de Diálogo Social, a más de un año desde que el Consejo de Administración de la OIT exhortara la creación de esta instancia a la espera de cambios en la política laboral implementada por el chavismo.
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