Desde hace 23 años se ha recrudecido en el país la arremetida gubernamental en contra de trabajadores y dirigentes sindicales. Está fresco en la memoria el despido de 22.000 trabajadores de PDVSA, superando con creces los 514 de SIDOR despedidos en el primer gobierno de Rafael Caldera. A partir de allí, sin ningún rubor la persecución no ha cesado, el 14 de marzo del 2008, fueron detenidos 53 sidoristas, los cuales todavía tienen un juicio abierto, por el “delito” de exigir la firma de su Convención Colectiva. A este hostigamiento siguieron las detenciones de Rubén González, Secretario General del sindicato de Ferrominera y Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, privado de su libertad durante 11 años acusado por un crimen que no cometió.
El régimen chavista ha sido implacable con quienes actúan con honestidad en sus funciones, como es el caso Damaris Cervantes, y el compañero José Cedeño, trabajadores de Corpoelec, quienes luego de declaraciones dadas el 07 de Marzo del 2019, ante los medios de comunicación sobre el mal estado por falta de mantenimiento del Sistema Eléctrico, fueron asediados por el Sebin, cuerpo represivo del Gobierno Venezolano y que, a raíz de eso, tuvieron que huir del país. Asimismo, nunca fue esclarecida la muerte del ingeniero Ángel Sequea Romero, Ingeniero Trabajador de Corpoelectric, asignado al área de despacho y operaciones de la Corpoelec. Apareció muerto en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Policiales CICPC en fecha 09 de Marzo del 2019, luego de su detención el 01 de Marzo del 2019, tampoco el asesinato del Secretario General de Bauxilum Joel Alcalá.
También fue público, notorio y comunicacional el caso de Tania Rodríguez, compañera trabajadora de Ferrominera del Orinoco, quien fue privada de su libertad sin haber cometido delito alguno, luego despedida y no le permiten el acceso a la empresa.
El caso de los Trabajadores de Venalum, José Hidalgo, Secretario General de Sindicato de Profesionales y Técnicos Surapuval, Noel Gerdez, Néstor Morillo y Andrés Rojas, de Venalum, quienes se encuentran bajo régimen de Presentaciones periódicas, con Medida sustitutiva de libertad, luego de ser privados de libertad. Recientemente Douglas González también de Venalum fue privado de su libertad. Todos por exigir mejores condiciones laborales y el cumplimiento de las convenciones colectivas.
Todas estas acciones han sido coordinadas entre el Ejecutivo nacional, tribunales de la República y Ministerio Público, confabulados en contra de los trabajadores y su dirigencia, mientras la Defensoría del Pueblo hace caso omiso a las exigencias y solicitudes que se le realizan para que haga su trabajo. En los dos últimos años la arremetida ha sido brutal, En el año 2022 la ONG, Observatorio para la defensa de la vida (ODEVIDA.) registró 23 detenciones arbitrarias durante el año 2022, incluso 18 nuevas detenciones, las cuales se produjeron en el estado Bolívar a propósito de la protesta en la empresa SIDOR a inicios de 2023, donde todavía mantienen privados de su libertad a los dirigentes Daniel Romero y Leonardo Azocar.
Lo más denigrante y detestable de la justicia venezolana ocurrió hace unas horas con los detenidos Alcides Bracho, profesor de educación media y luchador social; Emilio Negrín, representante de la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA); Gabriel Blanco, de la Central ASI Venezuela; Reinaldo Cortez, dirigente sindical de la CTV; Alonso Meléndez de la Asociación de Pescadores de Punto Fijo en Falcón y Néstor Astudillo, dirigente social en Charallave, estado Miranda.
Su juicio comenzó el 6 de febrero de 2023, más de seis meses después de su detención, y actualmente con mucho fluidez y desparpajo fueron condenados a 16 años de prisión sin acusador ni acusación, pero que los jueces manejan una cartilla al caletre con la comisión de los delitos de asociación para delinquir, conspiración y terrorismo.
Hay consternación en el país, Los trabajadores seguiremos en la calle, en las comunidades, en los sitios de trabajo, en los transportes, nuestras luchas en contra de las injusticias también serán implacables..
Economista José Luis Alcocer
Ex Secretario de Organización del Sindicato
Único de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (SUTISS)
En la gráfica junto a los abogados Fidel Brito y Francisco Medina.
