Los directores de Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano analizan las irregularidades y denuncias que se presentan a tres meses de los comicios convocados por el CNE. Una de las tareas pendientes es definir qué pasará con quienes aspiran ser candidatos y sobre ellos pesa una medida de inhabilitación
Jhonatan González
Las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela aún tienen varias alcabalas que superar para que sea un proceso con garantías, que permita a todos los ciudadanos ejercer sus derechos políticos como lo dicta la Constitución.
Las inhabilitaciones políticas, la omisión de autoridades legítimas de los partidos y la segregación, al no permitir que se conformaran grupos de electores o se presentaran candidaturas por iniciativa propia, son cuentas pendientes de cara a los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Cuando faltan aproximadamente tres meses para la realización de la contienda, aún todos los actores que hacen vida política en el país no han definido si van a participar o no, ¿la razón? la cantidad de baches que se presentan en la ruta.
Para analizar la situación, El Guachimán Electoral consultó a dos expertos en materia electoral, quienes ofrecieron sus puntos de vista acerca de las dificultades que se presentan de cara a los comicios.
Uno de ellos es el director de la asociación civil Súmate, Francisco Castro, quien declaró al Guachimán Electoral que hasta el momento hay aspectos que condicionan la participación: “El ciudadano para elegir en libertad debe no solamente tener acceso a inscribirse en el Registro Electoral, sino a tener una oferta amplia y plural, acceso a la información y sentir que puede ejercer su voto sin intimidación o represalias”, dijo.
Con respecto a las inhabilitaciones, detalló que en la actualidad “el ecosistema de partidos que existía en 2015 para las parlamentarias, se encuentra reducido a mucho menos de la mitad”. Explicó que se trata de una estrategia sistemática que viene aplicando el PSUV de utilizar los poderes públicos para inhabilitar contrincantes políticos y, de esta manera, restringir a la oposición electoral.
Por su parte, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano considera que el tema de las inhabilitaciones “es una pata coja que tiene este proceso electoral porque, obviamente, con esto se producen malas condiciones, ya que no es un proceso donde todos puedan ejercer sus derechos políticos”.
Refiere que la Constitución es muy clara cuando establece que inhabilitar a alguien solo es posible mediante sentencia de un tribunal que termine el proceso y se dicte sentencia. En ello sustenta su rechazo a las medidas que ha tomado la Contraloría General de la República en este sentido: “Lo que si puede hacer la Contraloría es inhabilitar a un funcionario que cometa irregularidades en el ejercicio de un cargo de designación y no de elección”, expuso.
Sobre el tema de las tarjetas de partidos, Lander destacó que “se ha hecho un pequeño esfuerzo” por parte del CNE al desbloquear la de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), inhabilitada en 2018 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo el argumento de que al ser una coalición de partidos, sus integrantes podían incurrir en doble militancia. Reconoce que se lleva a cabo en un momento en el que la alianza opositora está desmantelada y no hay certeza de que las toldas que adversan la gestión de Nicolás Maduro se agrupen nuevamente en esa ficha electoral.
Persecución e inhabilitación
A pesar de que se realizan procedimientos como auditorías del sistema automatizado del CNE, se anuncia el fin de los protectorados en los estados y se habla de observación internacional, aún no se ha resuelto si se levantarán las inhabilitaciones políticas, para una contienda más justa. Sobre este particular, Castro refirió: “El asunto con la persecución termina siendo muy importante porque es utilizada como efecto demostración. Te consigues con ciudadanos como altos dirigentes políticos que son apresados, pero también te encuentras con ciudadanos comunes y corrientes que son atacados o perseguidos por una publicación en Facebook o estados de Whatsapp”.
Considera que “ese contexto de persecución, no solo afecta la oferta política, sino también la libertad con la que el ciudadano se aproxima al proceso electoral porque lo hace desde el temor, y todo esto es alimentado por el aparato gubernamental”.
El directivo de Súmate subrayó que el acoso está llegando a cualquier persona “que se pueda sentir intimidada o coaccionada desde lo más sagrado, como por ejemplo el acceso a la alimentación”.
El experto describe una de estas prácticas del chavismo: “El uso de los jefes de calle y mecanismos tan sofisticados como el seguimiento a través del carnet de la patria en puntos de control fuera de los centros electorales, para ofrecer bonificaciones o castigos como eliminación de algún tipo de subsidio o de beneficio”.
En su opinión, se termina teniendo un sistema que utiliza la represión en todas las etapas del proceso, desde el derecho a elegir hasta el derecho a ser elegido.
Para Lander, que haya persecución en medio de unas elecciones “impacta muy mal en el proceso. Es una manera más radical de irrespetar los derechos políticos de los ciudadanos a juicio pleno y sentencia definitiva. Las persecuciones son la medida extrema para quitarle a la gente la posibilidad de participar”, apuntó.
A pesar de esta situación, el representante del Observatorio Electoral Venezolano señaló que tiene esperanza en que el inicio de una nueva etapa de negociaciones en México entre el chavismo y la oposición, pueda parar la persecución contra dirigentes políticos. “Tengo un pequeño atisbo de optimismo con el inicio del diálogo porque podría liberar presos políticos, disminuir la persecución y alentar la participación”, refirió.
Segregación
Un dato importante de cara a las elecciones del 21 de noviembre es que no se conformaron grupos de electores ni candidaturas por iniciativa propia en el Consejo Nacional Electoral. Sobre este particular, Castro critica directamente a la institución: “Los requisitos fueron tan sobrevenidos y poco publicitados que, en efecto, no se conformaron grupos de electores. Esto termina afectando los derechos políticos de los ciudadanos al no tener las reglas claras”, aseguró.
El artículo 50 de la ley electoral sobre las postulaciones señala que los grupos de electores y electoras son organizaciones conformadas por ciudadanos y ciudadanas debidamente inscritos o inscritas en el Registro Electoral, los cuales tienen como única finalidad postular candidatos o candidatas en un determinado proceso electoral, en el ámbito geográfico que corresponda.
La opinión de Lander acerca de las denuncias de varios grupos sobre “segregación electoral”, que refiere a la supuesta marginación o discriminación de sectores que no pudieron inscribir candidaturas independientes, difiere con la de Castro al acotar que no hubo postulaciones por iniciativa propia distintas a los partidos políticos que están registrados en el CNE, no porque el ente electoral haya obstaculizado esta posibilidad, sino que ningún grupo cumplió con los requisitos establecidos en la normativa.
Explicó que un aspecto que condicionó el hecho de que no se concretaran candidaturas por iniciativa propia es la incertidumbre que existe en algunos sectores políticos sobre su participación en las elecciones.
“Esto tiene que ver más que todo con las condiciones de este proceso en el que todavía no se sabe quiénes van a participar. El oficialismo está claro, pero la oposición aún no sabe cuál será la postura unitaria. Unos llaman a participar y otros no. Mientras, el tiempo de las postulaciones está corriendo”, finalizó.
