A criterio del gobierno, estar en una protesta o manifestar apoyo al liderazgo de la oposición democrática puede ser suficiente para terminar imputado por terrorismo: mientras se leen estas líneas hay al menos 121 menores de edad encerrados. Gonzalo Himiob, del Foro Penal, explica aquí la situación
Oscar Medina/El Estímulo
28 de julio el abogado Gonzalo Himiob publicó en su cuenta de X un balance de datos confirmados por el Foro Penal: para las 9 de la noche del día en el que se hicieron las presidenciales, registraban 46 arrestos arbitrarios relacionados con las elecciones en apenas 48 horas.
Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, ya el día 29 de julio reportaba 1 asesinado y 46 detenidos en el marco de la represión de las manifestaciones «postelectorales». El 30 de julio, daban cuenta de 6 asesinatos y 132 arrestos.
Con más de 1.500 ciudadanos apresados en ese contexto que va más allá de la represión de protestas, el trabajo de documentación de la ONG y de apoyo a las víctimas, sigue a ritmo ascendente. Esta vez, con elementos que aportan mayor preocupación y complejidad. Uno de ellos, la escandalosa cantidad de adolescentes detenidos y que hoy se enfrentan a la posibilidad de encarar juicios penales acusados de terrorismo bajo ese criterio elástico del poder que convierte en «terrorista» a cualquiera.
-¿La inclusión masiva de adolescentes entre los detenidos indica que estamos ante la presencia de un nuevo elemento en el patrón de represión de la protesta ciudadana?
-Lo que hemos visto y se comprueba con los datos que tenemos, es que desde el 29 de julio la represión ha sido indiscriminada. Normalmente, el costo político de la detención de mujeres, de la detención de adolescentes, de personas con discapacidad; es decir, la detención de personas que están en alguna situación de vulnerabilidad particular, es más elevado que el costo político, por ejemplo, de la detención de un hombre adulto. En otros momentos el gobierno como que entendía esto y parecía que se cuidaba, pero ahora ya no es así. Este esquema de absoluta y masiva represión ha sido indiscriminado. Es muy grave esto.
Si revisamos los datos, sabemos que de 136 adolescentes, 121 permanecen detenidos hoy. Incluso se llegó a detener a personas que desde el punto de vista penal no tienen imputabilidad, tres menores de 14 años que gracias a Dios ya fueron liberados, pero esto demuestra que para mandar su mensaje intimidatorio el gobierno no se está deteniendo en los costos, no le importa para nada, ni la mirada del ojo público nacional e internacional le limita en este exceso represivo reciente. No es que haya habido un cambio en el patrón…
-Pero sí este elemento añadido…
-Sí. El elemento añadido es que el gobierno ha estado absolutamente dispuesto a pagar los costos políticos, de imagen y percepción que vienen siempre aparejados al arresto de mujeres, adolescentes, personas con discapacidad, etcétera. Esta vez no tiene ningún tipo de miramiento y ha incluido a grupos particularmente vulnerables en esta razzia represiva.
-¿Se puede asumir que es también una manera de mandar un mensaje: “estoy dispuesto a llevarme a tus hijos”.
-Sí, definitivamente. Y esto además tiene como nota distintiva que se ha centrado básicamente en los estratos más humildes de la población. Cuando revisas los perfiles del grueso de los detenidos desde el 29 de julio hasta acá, te das cuenta de que cerca de 98% de los detenidos pertenecen a las zonas más humildes de las ciudades y pueblos del país.
Y esto también te hace ver la generalidad de lo ocurrido: no ha sido focalizado, no es que se ha centralizado en Caracas o en algunos estados. Esto ha sido generalizado, en todos los estados hemos visto el mismo patrón. Y sí, detrás de esto lo que hay es una imperiosa necesidad del poder de neutralizar cualquier tipo de protesta. Pero además, enviando un mensaje claro: “si te alzas contra mí, si elevas tu voz, no importa que protestes dentro de los márgenes de la manifestación pacífica, eres considerado un terrorista, un enemigo, y contra ti puedo hacer lo que yo quiera”.
-¿Cómo debería ser el procedimiento dentro de la norma en el caso de la detención de un adolescente?
-Lo primero que debería pasar es que debe asumirse que el adolescente que puede ser declarado penalmente responsable es el que está entre los 14 y los 17 años. Es decir, mayor de 14 y menor de 18. Sin embargo, vimos que han incluido a menores de 14.
En segundo lugar, los plazos procesales son distintos a los de los adultos. Los adolescentes deben ser presentados en tribunales a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su arresto, mientras que los adultos dentro de las 48 horas siguientes. Sin embargo, esto no se ha respetado ni en los casos de los adolescentes ni en los de adultos.
Otra cosa importante que ha pasado es que en las audiencias de adolescentes los padres y representantes tienen el derecho a estar presentes, pero no solamente se les ha negado a los padres cualquier tipo de comunicación o presencia, sino que también les han negado la posibilidad de tener a sus abogados de confianza. A todos les han impuesto un defensor público. Esto viola tu derecho a elegir quién quieres que te represente. Y ha ocurrido también en los casos de adultos.
Hay algo que me llama mucho la atención: a finales de julio, el Ministerio Público a través de sus redes sociales lanzó un comunicado diciendo que todas las personas que habían sido arrestadas en el contexto de las manifestaciones iban a ser acusadas por los delitos a, b, c y d… Es decir, un catálogo ya precisado y prejuzgado de delitos, entre ellos el terrorismo e instigación al odio. Esto es muy grave porque sin siquiera haber avanzado en una investigación, apenas a uno o dos días de haber comenzado las manifestaciones, ya el Ministerio Público decidió que las personas eran un tipo de delincuente particular, los criminalizó de manera específica. Sin avanzar en investigación, sin haber individualizado hechos y sin haber individualizado personas, que es lo que se supone que debe hacer.
Lo más grave no es eso… Lo más grave es que indicaba que todos los detenidos de ahí en adelante, en el mismo contexto postelectoral de manifestaciones, también iban a ser imputados por los mismos delitos, con lo cual el Ministerio Público te estaba diciendo que ya había prejuzgado los hechos que habían ocurrido, pero que también estaba prejuzgando hechos que todavía no habían sucedido, lo que es absurdo e ilógico. Esto es algo que no había pasado antes y que tiene que ver con la necesidad del gobierno de consolidar una narrativa según la cual todo el que no esté de acuerdo con el poder, todo el que no esté de acuerdo con los resultados que divulgó el CNE, es un terrorista.
Esto es muy grave porque, además de ser una incorrección técnica, el terrorismo no es eso. Desde el punto de vista técnico, es un esfuerzo por violar cualquier regla básica de investigación. Tú no señalas el delito y después investigas, es al revés: investigas y después decides cuál es el delito que vas a precalificar…
-Hay un vaciamiento del concepto de lo que es el terrorismo…
-Una banalización absoluta.
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-¿Qué pasa con un adolescente acusado de terrorismo, qué futuro le espera?
-Todos los tribunales con competencia en terrorismo están en Caracas. Ya por ahí hay un primer problema: a las personas detenidas en el interior se les ha presentado de manera masiva, además, en las mismas comandancias policiales o militares. Eso ya es una irregularidad. Y en esos sitios no se permitió ni el contacto con sus familiares ni con sus abogados de confianza.
Después de ser “presentado”, el tribunal decide mantenerlos privados de libertad pero dice que no es competente para conocer la causa. Esa es otra incorrección: no eres competente para conocer la causa porque no eres tribunal de terrorismo, pero sí eres competente para mantenerlos detenidos. Entonces, remiten las causas a Caracas, lo cual genera muchísimos problemas para los familiares que son gente, en general, de muy bajos recursos, y demuestra esa intención de centralizarlo todo en tribunales en los que el gobierno sabe que solo siguen la línea oficial.
Cuando acudes ahorita a los tribunales con competencia en terrorismo en Caracas –son 4 para adultos y 1 para adolescentes- te encuentras con que la mayoría no están dando despachos. Nos imaginamos que están sobrecargados con el volumen de detenciones y eso evidentemente impide el derecho de tener acceso a la justicia. No sabes lo que está pasando con esas personas, no sabes qué va a pasar con ellas todavía.
¿Qué debería pasar? Después de que se ordena la detención preventiva de un adolescente en la audiencia de presentación, dentro de los 10 días siguientes debería presentarse el acto conclusivo del Ministerio Público, pero esto tampoco ocurre. Esa es una violación de los lapsos procesales y hay una completa indefensión porque no hay manera de ejercer recursos. Primero, porque los abogados no tienen acceso a los expedientes y segundo, porque no se sabe qué ha decidido hacer el Ministerio Público con estos adolescentes
La situación es muy compleja. Y es un reflejo de esto que ha venido pasando desde hace muchos años, que es usar el proceso penal no para lo que se supone que es, que es indagar la verdad y eventualmente establecer responsabilidades dentro del marco de la ley, sino para adelantar una especie de castigo anticipado contra las personas en el cual el proceso en sí mismo ya es la pena, ya es el castigo.
-Si hay sentencia contra un adolescente por terrorismo, ¿cuál es la pena que le espera?
-El delito de terrorismo puede llegar a los 30 años de prisión. Pero para los adolescentes la aplicación es distinta. La LOPNA establece en su artículo 628 que la pena por terrorismo en el caso de los adolescentes no puede ser menor de 6 años ni mayor de 10 años.
-¿Con un delito de esta naturaleza la persona sentenciada podría optar por algún tipo de beneficio procesal o alguna medida sustitutiva?
-Siendo adolescente, sí. Se supone que la finalidad del cumplimiento de la pena para los adolescentes tiene un objetivo más educativo que en el caso de los adultos. O sea, en teoría, sí. Pero la Ley Contra la Delincuencia Organizada te dice que no, así que hay un conflicto que habría que dirimir en tribunales. Y con la vocación represiva que tienen nuestros tribunales, lo más seguro es que no se les conceda ningún tipo de beneficio o de formula alternativa al cumplimiento de la pena.
Eso, en todo caso, sería más adelante. Saltamos de la investigación a la condena. El punto es que aquí el proceso es sanción. El problema también es lo que pasa antes de que llegues a la condena. Y mientras llegas a la condena, te van a mantener preso. Ese es el mensaje ahorita.
-¿En qué tipo de instalaciones están detenidos estos adolescentes?
-Es muy difícil saber eso porque no hay acceso a la información oficial. Hemos podido más o menos enterarnos de que, por ejemplo, los que están en Caracas se los han llevado a Cochecito, que es un retén especializado en adolescentes. En general, en otros estados ha pasado algo similar: a la mayoría se los han llevado a retenes especializados. Pero cuando fueron detenidos en un primer momento, estaban todos en los mismos lugares con los adultos.
-Y por supuesto sus padres no los pueden ver, tienen que llevarles la comida… el cuadro habitual…
-Sí.
-En el registro del Foro Penal, ¿a cuántos adolescentes han detenido y en qué condiciones han salido los que han liberado?
-Ante tantas detenciones nos ha costado sistematizar la información. Hasta ahora tenemos registrados 136 adolescentes en la base de datos, desde el 29 de julio hasta el 23 de agosto. Ahora bien, hay más. Lo que pasa es que como nuestros protocolos de verificación son muy estrictos, nos quedan otros 13 casos que estamos confirmando si son o no adolescentes.
-¿A cuántos han liberado?
-De los 136 que están en la base de datos como arrestados, 15 han sido liberados. Esto quiere decir que 121 permanecen detenidos.
-¿Y en qué condiciones han sido liberados?
-Algunos, muy pocos, liberados bajo medidas cautelares. La mayoría de los que tenemos en registro fueron liberados sin presentación, antes de judicializar.
-¿Cuáles son los lugares del país con mayor número de casos de adolescentes detenidos?
-Las entidades que lideran la lista son Distrito Capital y Carabobo, donde se han producido mayor número de detenciones en general y también de adolescentes.
-¿Con el paso de los días, desde el 29 de julio, ha ido disminuyendo la cantidad de detenciones o se mantiene?
-Hasta ahora hemos visto dos momentos. Un momento de detenciones masivas que se dio entre el 29 y 30 de julio, los días en los que hubo más protestas. Eso siempre ha sido así: cuando hay protestas, hay más detenciones. Hablo de 2014, 2017, 2019, 2021… Y después empezó otro momento de detenciones igualmente indiscriminadas pero más selectiva. Por ejemplo, personas que fueron denunciadas por las UBCH o por los colectivos por haber participado en manifestaciones; de personas que habían publicado en grupos de WhatsApp o en sus redes sociales mensajes de apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González, políticos, periodistas… ya algo más focalizado.
Hay algunos casos que es importante destacar. Por ejemplo, el de un joven detenido en Los Nuevos Teques, de 17 años. Lo detuvieron en la puerta de su casa, estaba con su papá. No estaba ni participando en protestas porque es autista. Nos llama mucho la atención cómo hicieron para presentarlo si el autista no interpreta la realidad de la misma manera que nosotros. ¿Por qué no le permitieron estar acompañado de sus padres o de un terapeuta que le ayudara a entender lo que estaba pasando? Y sigue preso.
Tenemos otro caso de un adolescente en Distrito Capital con discapacidad cognitiva. Fue privado de libertad y no sabemos en qué condiciones ha pasado esto, cómo se le apoyó. Eso violenta incluso la Ley de Protección para las Personas con Discapacidad y además la LOPNA.
Esto ha sido tan indiscriminado que no se ha detenido ni siquiera en la evaluación de personas que ya de por sí desde el punto de vista psicológico o mental no deberían haber sido procesadas. Y ha sido así también con adultos discapacitados. Tenemos personas con esquizofrenia que siguen detenidas. Conocemos el caso de un joven sordomudo que no sabe comunicarse a través del lenguaje de señas y tampoco sabe leer ni escribir. Nos preguntamos, ¿cómo lo presentaron? ¿Quién le explicó lo que estaba pasando? ¿Cómo firmó un acta que no sabe leer? Eso para nosotros es inconcebible, pero lamentablemente está pasando.
Uno de los grandes problemas es que si me preguntas cómo están estos detenidos, no podemos saberlo. Sabemos, por ejemplo, de algunas situaciones como la que nos reportó nuestro coordinador en Mérida: entre las mujeres que salieron en libertad una de ellas manifestó que había sido objeto de amenazas de agresión sexual. Pero los demás caso no podemos saber. Es muy complejo esto que estamos viviendo.
