De aprobarse, la ‘solvencia’ deja a los empresarios en una situación de vulnerabilidad: Entorpece el pago de tributos, limita el derecho a la defensa y es un medio coercitivo para el pago de servicios
Prensa Fedecámaras Bolívar – @Fedecámarasboli
Fedecámaras Bolívar ve con preocupación el contenido del proyecto de Ordenanza de Caroní que propone la creación de una Solvencia Única Municipal como requisito para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a los servicios públicos que presta la alcaldía, así como la limitante que impediría a las empresas el cumplimiento de obligaciones tributarias relativas a declaraciones y pago de impuestos, para luego ser objeto de sanciones y el cierre de establecimientos de forma arbitraria.
La Solvencia Única Municipal sería exigida para realizar -entre otros trámites- la declaración o pago de los impuestos, contribuciones especiales o tasas municipales según las obligaciones del contribuyente; la expedición de conformidad de uso, o la solicitud de consulta de variables Urbanas Fundamentales.
En caso de que un ciudadano no esté solvente a criterio de la municipalidad, se le impediría al interesado los beneficios de los efectos jurídicos de los actos emanados de la Administración Pública Municipal, la paralización de cualquier solicitud, petición o trámite de un interesado, incluyendo pagos de cualquier naturaleza así como el retiro de erogaciones a su favor, la interrupción del lapso de prescripción de las obligaciones tributarias o sanciones administrativas del cual se pudiera beneficiar, el decaimiento de cualquier beneficio fiscal tales como exenciones, exoneraciones, rebajas y descuentos o incluso, la exigencia a cualquier funcionario Nacional, Estadal o Municipal paralizar el trámite que exija como requisito la validez y vigencia de algún documento municipal.
“Se establece en el proyecto de ordenanza que ningún funcionario público municipal tramitará petición, reclamación o recurso alguno ante cualquier ente de la alcaldía, si no va acompañado del respectivo certificado de Solvencia Única Municipal. Esto es un grave desacato al deber que tiene toda entidad pública de garantizar el derecho de petición que está previsto en el artículo 51 de la Constitución Nacional”, expresó el asesor de Fedecámaras Bolívar y especialista tributario, Camilo London.
La federación consideró que esta disposición normativa constituye “un exceso que atenta contra el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos y el deber de atender el pago de sus tributos”. London resalta que puede ser un instrumento que deje al ciudadano indefenso para el reclamo por los cobros indebidos o excesivos en servicios públicos y exacciones fiscales. “La falta de solvencia implicaría acciones del ente municipal que significarían la pérdida de derechos ciudadanos y del ejercicio de los derechos económicos consagrados en la Constitución Nacional”, sostiene.
Ya en el municipio Caroní se ha establecido recientemente un arbitrario sistema electrónico de recaudación que incorpora deudas tributarias por el supuesto incumplimiento de obligaciones impositivas, omitiéndose la obligatoria notificación previa al contribuyente del acto administrativo que exige la ordenanza que rige al Impuesto sobre Actividades Económicas; y con ello se niega el derecho a los contribuyentes de su derecho a la defensa y al debido procedimiento administrativo.
London declaró que, en estos casos, el sistema electrónico asume que el contribuyente está insolvente de forma unilateral, sin seguir los procedimientos previstos en la ley, y por ello le niega al afectado la capacidad de realizar más declaraciones de impuesto. Este contexto termina afectando al municipio que deja de recaudar esos impuestos, forzando muchas veces a la informalidad de las empresas.
Obliga a pagar facturas excesivas
El establecimiento de una Solvencia Única Municipal parece buscar anticipar un sistema que le permita a las empresas concesionarias del municipio prestadoras de servicios, como el de recolección de desechos sólido o aseso urbano, la imposición de elevadas tarifas que no puedan ser objetadas por los usuarios, consideran desde el gremio.
Estiman que, al no estar solventes con dichos pagos, los empresarios perderían el derecho de ejercer la actividad económica en el municipio, con el riesgo de ser objeto de la clausura de sus establecimientos por la insolvencia que limitaría cumplir con sus demás obligaciones tributarias.
London añadió que de esta manera si un comercio está en desacuerdo con el cobro excesivo de un servicio de aseso urbano, debe pagar la factura primero, para evitar que el sistema le bloquee el pago del impuesto de vehículos o el de actividad económica, que, si no son pagados oportunamente, causará una medida de cierre del establecimiento por la autoridad tributaria municipal. “Se usa a la Solvencia Única Municipal como medio coercitivo para obligar al pago de los servicios de empresas con la concesión de servicios públicos”, alerta.
Esta práctica ya ha sido instrumentada en otros municipios, generando como consecuencia el cierre de muchas empresas y el incremento de la informalidad que afecta a todo el municipio y al desarrollo del Estado.
El trámite de la Solvencia Única Municipal se exigiría de forma mensual, con el pago de una tasa de servicios que estaría prevista en el equivalente a 1,5 dólares, debiendo ser impresa y exhibida en el establecimiento. Desde Fedecámaras Bolívar indican que implica un incremento excesivo de la burocracia y suma al pago de más tributos a los sectores formales de la economía que ya vienen siendo objeto de elevadas alícuotas impositivas.
Esta ordenanza que propone la Solvencia Única Municipal estaría violando las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley de Coordinación y Armonización de la Potestades Tributarias de los estado y Municipios (Locaptem) que en su artículo 12 expresa que: “Los estados y municipios deberán, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, identificar y disponer la supresión de requisitos y permisos que limiten, entraben o tengan por efecto obstaculizar el ejercicio y normal desarrollo de la actividad económica y la iniciativa productiva”.
El proyecto de la Locaptem expresamente prohíbe que se establezcan requerimientos de solvencia que impidan a los ciudadanos cumplir sus obligaciones tributarias. El artículo 18 de la Ley que se debate en la Asamblea Nacional establece que “Las autoridades estadales y municipales no podrán exigir la presentación de solvencias de cualquiera de las obligaciones tributarias para la realización de trámites que se lleven a cabo en sus mismas dependencias, cuando éstas deban ser emitidas por el mismo organismo”.
El asesor añade que lo que implica la Ordenanza de Solvencia Única Municipal es claramente contraria a los lineamientos que el proyecto de Ley Orgánica propuesta por el Ejecutivo Nacional y que ya tiene una aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional.
El presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, indicó que, con esta Solvencia Única, se está haciéndole un traje a la medida a la empresa que tendrá la concesión de la recolección de basura para que pueda cobrar montos excesivos por el servicio.
“Para Fedecámaras es una situación de preocupación que se logre aprobar esta solvencia única. Se les hace un llamado a los concejales a reflexionar sobre las implicaciones de este instrumento, porque los empresarios serían obligados a pagar grandes sumas sin justificación”, indicó.
González, en representación de Fedecámaras Bolívar, considera que es necesario que haya una recaudación eficiente de los tributos de los municipios, pero ello debe estar enmarcado en el estricto cumplimiento de los principios constitucionales que el texto fundamental de la República ha dispuesto para un Sistema Tributario Nacional armónico y que propenda a la protección de la economía nacional con justicia, proporcionalidad y legalidad.
