Los afectados denuncian la apropiación de tierras por parte de bandas chavistas armadas. Se trata de un patrón criminal cuya complicidad involucra hasta altas autoridades de la región llanera y de Caracas. Al menos 50 fincas están actualmente en esta situación y sus dueños originales han perdido 90% del ganado, gran parte de sus tierras y algunos hasta sus casas. Es un drama regional que ilustra un problema nacional.
Francisco Olivares
Uno de los negocios más rentables para los grupos colectivos organizados en Barinas es el de las invasiones de fincas productivas. En este estado llanero, cuna de Hugo Chávez y donde su familia domina el poder económico, opera una red en la que interviene una compleja cadena de cómplices. La trama involucra desde autoridades regionales, del Instituto Nacional de Tierras (Inti) de Barinas, fuerzas policiales y militares, diputados y “contactos” que llegan hasta Caracas.
Mientras en otros países la protección a los productores de alimentos, especialmente, la actividad agropecuaria, es el área más vigilada por el Estado, en Venezuela el productor, grande o pequeño, es víctima de toda suerte de tropelías y amenazas.
A la falta de gasoil y gasolina para trasladar productos y mover maquinaria, se agrega la extorsión permanente, la entrega obligada de parte de las cosechas en las numerosas alcabalas en las carreteras, secuestros y robo de ganado.
El drama que ahora cobra más relevancia son las invasiones fraudulentas, enmascaradas en presuntos “rescates de tierras ociosas”. Este mal que se ha extendido en las zonas agrícolas y ganaderas del país, tiene una de las mayores incidencias en el estado Barinas.
En los dos últimos años la producción de ganado se ha reducido en 80% en la región. Esto que contribuye a agravar el problema nacional de desnutrición crónica que según estudios especializados padece buena parte de las familias del país.
Además, la persistencia de esta amenaza ilustra el colapso del Estado de Derecho en Venezuela, un país hoy fragmentado. En las diferentes regiones se erigen poderes locales, militares y civiles, capaces de imponer sus propias leyes, según denuncias documentadas, de varias entidades y personas afectadas.
Menos producción, menos oferta
En los hogares de Venezuela hasta hace diez años se consumían 40 kilos de carne per cápita y, actualmente entre las cuatro especies (res, cerdo, pollo y pescado) entre 6 y 10 kilos.
En 1998, según cifras oficiales, en Venezuela pastaban 16, 2 millones de cabezas de ganado. Cerramos 2019 con unos nueve millones de cabezas. El rebaño cayó 44 % en los últimos 20 años, precisamente el tiempo que lleva en el poder la llamada revolución bolivariana.
Es de resaltar que 80% de la producción de carne en Venezuela sigue en manos de productores privados agrupados en Fedenaga, el gremio del sector.
50 predios invadidos
Según las denuncias registradas en los últimos cinco años, solo en Barinas, la tierra de la familia Chávez, se han producido no menos de 50 invasiones fraudulentas que se justifican alegando que son tierras ociosas. Sólo en Barinas 710 mil hectáreas de tierras productivas han sido confiscadas desde que llegó la revolución bolivariana.
Esa extensión equivale ya al 20% de la superficie total de este estado llanero que históricamente fue uno de los grandes productores de ganado de Venezuela.
Las tierras invadidas y robadas suman un área equivalente a más de tres cuartas partes del territorio de Puerto Rico. Es más de tres veces el tamaño de Tenerife, la mayor de las Islas Canarias.
Según la abogada Susana Gamboa, representante legal de los productores que sufren estas nuevas invasiones, quienes dirigen este esquema de apropiación de fundos productivos son grupos organizados, que se hacen llamar “campesinos”.
Se meten en las fincas, respaldados por un “rescate de tierras” fraudulento. Sólo alegan que la tierra está ociosa. Consiguen respaldo desde el Inti de Barinas en donde han contado con el aval del presidente del organismo en Barinas, Luis Mendoza y el coordinador regional de Tierras, William Parra. Ellos reciben las denuncias, envían un técnico que ya está conectado con la mafia y establecen las coordenadas sobre el predio, a pesar de que se trata de tierras que se encuentran en total actividad.
El técnico determina que el predio está “improductivo e inculto” y se establece una “Determinación de Tierra Ociosa”. Esa información es enviada a Caracas para iniciar el proceso de expropiación (que en realidad es de confiscación, pues al contrario de lo que establece la Constitución Nacional, no suelen ser pagadas indemnizaciones).
Apropiación ilegal
Durante esa gestión no suelen citar a los dueños del predio. La citación se produce cuando ya la expropiación está lista. Cuando el dueño del predio se dirige al INTI, no le reciben sus alegatos y pruebas de la actividad productiva o extravían sus informes.
“Todo es una violación al derecho a la defensa y al debido proceso y a la Constitución” resalta la abogada.
Mandan el informe forjado a Caracas y de inmediato les entregan el inicio del rescate. “Eso sí; rapidito hacen sus trámites”. Al contrario cuando se trata de un procedimiento formal, no fraudulento, tarda años para ser procesado. “A esta gente que pertenece a la mafia de Barinas y tiene sus contactos en Caracas, les hacen sus trámites al momento” explica Gamboa.
Para hacer efectivo el rescate fraudulento, denuncia la abogada, les queman el pasto, roban el ganado. Estas acciones obligan al productor a trasladar el ganado a otro lugar y así, los colectivos registran la tierra como ociosa. De esa manera asustan a los propietarios para que se vayan.
“Les roban todo lo que pueden, sus bienes personales, y los amenazan con enviarles el FAES, o a la Fiscalía del Llano”, indica.
La tenebrosa Faes, la Fuerza de Acciones especiales de la Policía Nacional, es acusada de ejecutar unos 5.000 asesinatos extrajudiciales desde que fue creada en 2017. Estos expedientes forman parte de las denuncias contra el chavismo por crímenes de lesa humanidad que evalúa la Corte Penal Internacional.
En 2020, campesinos del estado Zulia se salvaron milagrosamente de que agentes encapuchados de la Faes los ejecutaran. Ya los habían obligado a cavar una tumba colectiva.
Han perdido sus casas
Gamboa resalta que es tal la impunidad que ha llegado a niveles en que se meten en la finca y sacan al dueño a punta de pistola.
“Ya es el desparpajo, se sienten que pueden hacer lo que les da la gana”. Llegan con abogados, y se meten en las casas de los productores como fue el caso del dueño de la finca “El Camoruco”, José Silva: “Ya no tenemos a dónde ir” expresó el abrumado productor. Silva se tuvo que ir a vivir a la casa de una hija por temor a las amenazas.
El productor Rogelio Peña tiene su finca “Santa Rita” invadida. Su caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo de Justicia, tiene una decisión a su favor con órdenes de desalojo de los invasores y no ha logrado que las autoridades ejecuten la medida.
“La mafia llega hasta los órganos de seguridad”, alega Gamboa.
La finca “Moncabarí”, del productor Chanto Bolívar le fue expropiada. Tenía 17 hectáreas, se tuvo que ir a vivir a la casa de un vecino que le prestó auxilio. Quedó arruinado, se enfermó y está muy grave. “¿Usted sabe lo que es ver perder todos mis esfuerzos de tantos años destruidos allí?”, lamentó Bolívar.
Una larga lista de atropellos
Otros predios afectados son: “El Vínculo”, de 20 hectáreas, de Samuel Moncada; y “Agrocampo Cataluna 96” de Leonardo Moncada, de 26 hectáreas.
“A estos pequeños productores les quitaron cerca de 100 hectáreas. A Moncada y a Bolívar los sacaron hasta de sus casas. Esto ocurre a pesar de que algunos tienen su rescate (asignación) con un conclusivo a su favor”, explica la defensora.
“A la productora María Alejandra Zambrano que tiene una granja de 15 hectáreas, ‘La Fortuna’ le quieren robar 10 hectáreas y le quedan 18 vaquitas que no pueden pastar porque cuando ella intenta pasarlas para que coman les llega 40 a 50 personas a amenazarla. No puede alimentar a las reses. Le arrancaron los linderos. Alegan que eso se los dio el Estado y allí están instalados sin permitirles acceso a los pastos; pero no hacen nada, solo están allí para posteriormente venderlas. Se trata de adueñarse de tierras productivas a través de un fraude procesal”, relata la abogada.
Un juez solitario
Gamboa señala que el único respaldo legal con que cuentan en Barinas es el juez Luis Díaz, del Tribunal Agrario del estado Barinas, que ha tenido la fortaleza de actuar en defensa del Estado de Derecho.
Igualmente, las actuaciones de la Fiscal 11 del Ministerio Público han estado apegadas a lo legal; pero los organismos que deben ejecutar las decisiones no las procesan. La Fiscal 11 dictó una medida cautelar de desalojo de los predios invadidos en el caso del productor Hermes Balza, dueño de la finca “El Paraíso” que tiene 280 hectáreas, de las cuales 180 son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), y no ha podido ser ejecutada.
Otros organismos como la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Mesa Técnica Agraria, están alineados con estos grupos invasores.
Así operan las mafias
El modo de operar de estas mafias tiene varios pasos. Lo primero es identificar que la unidad de producción esté próxima a carreteras principales y centros poblados, que sean tierras productivas, con buena infraestructura e instalaciones agrícolas. Se aseguran que el propietario no tenga contactos con altas autoridades del Estado o del PSUV.
Luego se movilizan grupos “campesinos” o activistas comunales para exigir la toma de las tierras, mientras ocurren acciones de robo de ganado, sabotaje de las cosechas, robo de equipos y amenazas a los trabajadores, quema de cosechas o pastos, rotura y desmontaje de linderos; hasta que se logra que la finca quede improductiva en un gran porcentaje.
Enseguida proceden a denunciar el predio como “tierra ociosa” ante el Inti regional, mientras se procede a la ocupación ilegal con personas movilizadas de la comunidad o de otras zonas, en algunos casos con niños. Manejan implementos artesanales para simular que están trabajando. A veces las invasiones son violentas y terminan con el desalojo de los propietarios.
Robos a pleno sol
Durante la invasión se incrementan los robos de los bienes del predio para que el propietario no pueda demostrar que se trata de una finca productiva. En la mayoría de los casos el productor no recibe ayuda legal de parte de las autoridades como protección ciudadana y menos aún de las fuerzas de seguridad policial y militar regionales.
Por último, luego de invadir, y gestionar la expropiación fraudulenta, la mafia invasora vende los predios, por partes, en dólares.
De acuerdo a las denuncias de Asociación de Productores Rurales del estado Barinas (Asobarinas); del presidente de la Federación Campesina, Danny González y de productores expropiados fraudulentamente, este esquema de apropiación lo hace especialmente el colectivo Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora (CANE) liderado por Lesbia Solórzano. Ella cuenta hasta con un abogado que se apropió de la finca “La Camoruco”, del productor José Quevedo.
“No se ponen a trabajar ni a producir. Luego por las redes sociales se ve que están vendiendo las parcelas”, dice la abogada Gamboa. Otras denuncias señalan a otro grupo denominado “19 de abril” perteneciente a un “consejo comunal campesino” con acciones similares.
Organismos cómplices
Los afectados intentaron hacer valer sus derechos en todas las instancias de la región sin obtener resultados. En la Fiscalía de Barinas les respondieron que es materia agraria. A juicio de Gamboa, han obviado los delitos conexos en las invasiones como la acción de grupos armados, crimen organizado, asociación para delinquir, desalojo de familias de sus viviendas, robo de ganado, delitos ambientales. Son acciones delictivas ante las cuales la Fiscalía se declara incompetente.
En vista que en las instancias de Barinas no hay posibilidad de obtener justicia, un equipo de abogados entre los que se encuentra Susana Gamboa y varios delegados de la Federación Campesina de Venezuela, acudieron a Caracas y con la ayuda del vicepresidente de este gremio, Danny González, denunciaron a los grupos de invasores en la Fiscalía General de la República, Asamblea Nacional, entre otros organismos.
“Todo el mundo estaba asombrado con la situación que expusimos al explicar el modus operandi de las invasiones” señala Gamboa.
Hato Las Mercedes
El “Hato Las Mercedes” es un ejemplo de cómo una finca con alta producción y zonas de reserva termina en ruinas como consecuencia de las invasiones a través del sistema de rescate “fraudulento”.
El apoderado de esta finca, Asdrúbal Piña, denuncia que ha sido ocupada ilegalmente por grupos organizados. Refiere que esas tierras fueron adquiridas al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios (Fogade), hace solo cinco años. Es un predio productivo ubicado en Boca de Anare, en el municipio Pedraza, en el estado Barinas. Tiene 14.200 hectáreas en suelo clase seis, apto solo para ganadería extensiva de las cuales, 5.200 corresponden a zona de reserva forestal.
Piña relata que hace apenas 5 años la carga animal del hato era de un animal por hectárea, es decir, unos 9.000, entre bovinos y bufalinos. Allí se producía un millón de kilos de carne por año y 180 mil litros de leche por año. Eso equivale a la comida de 230.000 personas en un mes, de proteína animal.
Todo eso prácticamente desapareció por los constantes ataques, ocupaciones ilegales y amenazas, destrucción del ambiente, robo y hurto de ganado, de maquinarias, equipos de trabajo.
“Tenemos que dos trabajadores fueron tiroteados con armas de fuego. Toda esta situación está reportada en las denuncias; sin ningún resultado. De los más de 9 mil ejemplares, solamente nos quedan 1.200 ejemplares. Una pérdida de 90% y de las 12.800 hectáreas que estaban en producción, quedan solo 1.500 hectáreas, de las cuales ya esta semana las terminaron de ocupar” denuncia el abogado de “Las Mercedes”.
Falsos campesinos
El Hato “Las Mercedes” se mantiene ocupado casi en su totalidad por mercaderes de tierras que se hacen llamar campesinos. La actuación destructiva se ha incrementado en los últimos meses. Desde finales de enero de este año iniciaron diversas actividades que condujeron a la ruina y desmejoramiento de la vegetación baja y mediana, con la construcción de un terraplén en una extensión superior a los ocho kilómetros, en franco desacato a las medidas cautelares. Para ello utilizaron maquinaria pesada cuyo costo de alquiler sobrepasa los 500 dólares diarios.
“Los ocupantes son grupos de personas que se amparan en una cooperativa y hay otros que están plenamente identificados, muy conocidas en la zona como mercaderes de tierras”, señala el abogado de “Las Mercedes”.
El proceso de ocupación ilegal comenzó en el año 2015 cuando el Inti de Barinas ordenó un “rescate” de 7.700 hectáreas alegando que el hato estaba ocioso. Eso fue impugnado en el tribunal por dos razones.
“En primer lugar, porque el hato es una propiedad privada reconocida, adquirida al Estado venezolano, ante Fogade o sea que la propiedad privada no está en discusión y por lo tanto el Estado no podía actuar en rescate de esas tierras sino a través de un procedimiento de expropiación que nunca se ordenó” explica Piña.
“En el año 2016 el Tribunal Tercero Agrario nos concedió una medida de protección al sistema productivo que se realizaba en la finca. También decretó una medida de protección forestal sobre los bosques y de todas las especies de fauna que existían en las reservas. De eso ya no existe nada. Esa medida fue ratificada en 2018 por tres años más; y pese a todas esas decisiones el hato continuó con la ocupación ilegal. Incluso declaró la nulidad absoluta del acto administrativo del Inti que ordenó el ‘rescate y repartición del predio’.
Esas medidas fueron ratificadas en 2019 por el Tribunal Superior Cuarto Agrario de Barinas”, indica el apoderado de “Las Mercedes”.
Así paga la revolución
Como señalan los abogados defensores y testimonios de los afectados, gran parte de quienes han sufrido estas recientes invasiones no son los grandes terratenientes, con hatos de varias miles de hectáreas, que a comienzos de la revolución fueron objeto de expropiaciones. La mayoría de estos pequeños productores afectados son campesinos que fueron beneficiados con los programas de rescate de tierras y logaron salir adelante con sus fincas y ponerlas a producir. Son parcelas que van desde 15 hasta 300 hectáreas.
La anarquía y las violaciones al Estado de Derecho por parte de una cadena de cómplices hace imposible que se cumplan los reiterados mensajes oficiales de supuesto rescate de la producción nacional.
