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En Guayana existe un cementerio industrial | por José Luis Alcocer

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La destrucción de las empresas de Guayana es uno de los más grandes crímenes del socialismo del siglo XXI. Los albores de este complejo industrial enclavado en el sur del país datan de la fundación de la Corporación de Fomento (CVF) en 1946 por la Junta revolucionaria de Gobierno de esa época. El decreto de su creación consideró la recepción de una suma correspondiente entre el 2 y el 10% del presupuesto nacional como parte de su capital anual.  

En los inicios del periodo democrático la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), fue creada por Decreto Nº 492 en el mes de diciembre de 1958, con el fin de diseñar un plan de desarrollo armónico del país, su desarrollo industrial y el logro de la anhelada diversificación económica.  

Derivado del ejercicio de planificación de Cordiplan se creó también, en diciembre de 1960, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), como un instituto autónomo que contempló entre sus objetivos el de promover el desarrollo industrial de la región tanto dentro del sector público como del sector privado. Es allí donde surge el Programa de Guayana, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, y que se planteó a su vez una participación para diversificar la economía, impulsando el desarrollo de la industria básica y las nuevas exportaciones.  

Ahora bien, después de un recorrido exitoso de por lo menos 48 años, ese proyecto se vino abajo.   

Actualmente existen 21 Empresas Básicas adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana, las cuales se desempeñan en diferentes áreas, como lo son el sector minero, forestal, aluminio y servicios: Alcasa, Alucasa, Alunasa, Bauxilum, Briquetera del Caroní, Briquetera del Orinoco, BriqVen, Cabelum, Carbonorca, Comsigua, Conacal, CVG Fundeporte, CVG Internacional, CVG Minerven, Ferrocasa, Ferrominera, Refractarios, Rialca, Sidor, Tecmin y Venalum. Y todo ese emporio que se perfilo como la alternativa no petrolera de Venezuela, está paralizado.  

Uno de los problemas más grave es el de la generación eléctrica, ya que Edelca producía el 62% de la energía requerida en el país. No se hicieron las inversiones ni las adecuaciones tecnológicas y hoy los venezolanos sufrimos la falta de energía eléctrica tanto en el sector doméstico como en el industrial. Asimismo, los casos más emblemáticos de destrucción premeditada son el de las empresas Ferrominera que llego a tener producción de hasta 22 millones de toneladas de mineral de hierro, Sidor que en el año 2007 logro una producción de 4.3 millones de Toneladas de acero, convirtiéndose en el cuarto productor de acero de Latinoamérica y el primer exportador del mercado andino,   el sector aluminio con Venalum, Alcasa, Carbonorca e Interalumina paralizadas o en su mínima expresión, con más de 50.000 trabajadores en su conjunto sin producir, además de no tener transporte, HCM ni los beneficios derivados de las Convenciones Colectivas.    

El modelo estatista y populista aplicado en Guayana, es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Allí la lealtad al régimen está por encima de los conocimientos, trayectoria, preparación académica de los trabajadores. El daño hecho al país es incalculable, las empresas de Guayana enviaban sus productos a zonas industriales de Carabobo, Miranda, Lara, Zulia y al resto del país.   

La vía está clara y bien definida, Venezuela necesita un modelo de respeto a la propiedad privada, a la libertad individual, de reconocimiento al valor del trabajo y de un marco jurídico que en vez de espantar a los inversionistas les garantice la seguridad a sus empresas y emprendimientos.    

Economista José Luis Alcocer