Vamos a ponernos en situación. La periodista Marypili Hernández entrevista al mediodía del martes 25 de abril en su programa de radio a la diputada Ilenia Medina (PPT), quien en varias oportunidades se ha calificado a sí misma como diplomática.
La conversación es acerca del informe que publica la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, torturas y demás abusos cometidos por el Estado venezolano, publicado el 20 de abril con solicitudes de 8.900 víctimas venezolanas, donde –a partir de los testimonios– se identifican al menos nueve delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Ilenia Medina opta simplemente por no creer. «Eso de que en Venezuela se han originado situaciones delitos de lesa humanidad, cualquiera que tenga algo de claridad y honestidad consigo mismo tiene que suponer que eso no es así», lanzó sin miramientos.
Cada frase era quizá peor. Por eso les compartimos varias, y luego más cosas:
«Vimos aquí que el gobierno defendió la paz social con el uso proporcional de la fuerza. Nadie puede pensar que hubo delitos de lesa humanidad».
«No quiero decir que en Venezuela no se hayan cometido delitos que impactan los deechos humanos. Una cosa es una situacion que ocurre como en cualquier parte del mundo, pero no es política de Estado (…) la situación no es de delitos de lesa humanidad ni mucho menos».
«No he tenido la oportunidad de leer ese informe. Yo soy bastante anti-informe de organismos internacionales cuando sé de su procedencia».
«Yo no le creo a la Corte Penal Internacional».
Las respuestas de Medina
Las frases dichas por Medina ya de por sí son un papelón, pero la cosa no terminó ahí. Sino que la periodista insistía en el tema, porque no es poca cosa que víctimas echen su cuento directamente. Replicamos aquí el diálogo (abajo ponemos el audio).
Marypili Herández: Pero más allá de la CPI. Allí hay testimonios con personas con nombre, apellido, fecha, lugar, sitio de reclusión. Ponte que el 90% fuese invento. Pero con que el 10% sea verdad ya es para que se le ericcen los pelos a cualquiera.
Ileana Medina: Yo coincido en tu preocupación, pero ¿por qué no llevan todo eso a la Asamblea Nacional, como una institución donde los diputados estamos obligados a hacer gestión de gestión?
MH: Aquí hay testimonios de personas que han ido a la Fiscalía y les han cerrado la puerta en la cara…
IM: Pero no han ido a la Asamblea Nacional
MH: La familia de Leonel Azuaje decía que fueron al Sebin y la Fiscalía y les ceraron la puerta. ¡La Asamblea Nacional no es el órgano para eso!
IM: La Asamblea Nacional también es el órgano en tanto y en cuanto tiene como competencia el control de gestión.
MH: ¿Y por qué entonces en la Asamblea Nacional no citan al Fiscal General para esos temas?
IM: Poooor… ah bueno, pero estamos hablando hace unos días nada más de ese triste suceso (la muerte de Leonel Azuaje).
MH: Este caso de Leonel es de hace unos días. Pero es que esta no es la primera denuncia que se tiene de personas que están presas que no las dejan ver por sus familiares, y que no han sido interrogados con la presencia de un fiscal, y que no reciben asistencia de abogados que escojan sino que se los impone el Estado. Mira, el caso de (Alfredo) Chirinos, que es un revolucionario que lo acusaron por denunciar corrupción en Pdvsa, cuando por fin lo sacan de la cárcel él dice «yo soy un revolucionario y yo decía que en Venezuela no existía la tortura hasta que me torturaron a mi». Ya es hora de que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto…
IM: ¡Pero Marypili, Marypili!, Mira, yo no soy parte de esa comisión lamentablemente, porque no he tenido tiempo…
Ilenia Medina también dijo que los diputados sí actúan «cuando nos llega un caso», y que hay que discutir el asunto en el parlamento «no en el marco de la CPI». Más adelante continuó el debate:
-IM: No hay una política de Estado. Hay funcionarios que lamentablemente dentro de las instituciones hacen de la justicia un modo de ganarse la vida. Han ocurrido situaciones muy complejas y difíciles.
-MH: Si no es una política de Estado, por qué cuando una persona cae en el Sebin no deja que familiares lo puedan visitar, y pasan semanas antes de que alguien los pueda conseguir o saber dónde están. Cuando se va a la Fiscalía, la Fiscalía dice que los fiscales no pueden entrar al Sebin… ¿Tú te imaginas eso?
-Eso debe ser un motivo de debate, por lo menos en el espacio donde yo estoy, en la Asamblea Nacional.
Antes de ponerle más contexto a esto, dejamos el audio para que cualquiera pueda escuchar las afirmaciones y enredos de la diputada Medina, que ha sido calificada por medios de propaganda oficial como «defensora de derechos humanos».
¿Qué dicen los testimonios entregados por víctimas a la CPI?
A continuación, se transcriben fragmentos de los testimonios entregados a la CPI sobre torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual a los que fueron sometidos venezolanos por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como otros cuerpos de seguridad. Esperemos que Ilenia Medina los lea.
-«La desaparición forzada es como una tortura, como una espina dorsal que siempre te pincha, nunca superas la incertidumbre del “no saber”. […] Para mí es muy importante saber qué pasó con mi padre. No espero que siga con vida, esa esperanza la perdí hace tiempo, pero sí quiero que nos digan qué le pasó y, si está muerto, que nos digan dónde están sus restos y por qué lo mataron. Me gustaría saber la verdad sobre lo que pasó y me gustaría tener un lugar donde llevarle flores».
-«Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos».
-«Unos desconocidos tocaron el timbre de mi casa, yo no abrí la puerta, entonces entraron a mi casa. Eran un grupo de hombres del SEBIN, me golpearon, me escupieron, me tiraron del pelo, me dijeron que me violarían, me pegaron con una pistola y amenazaron con matar a mi familia porque yo era ‘un maldito fascista de la oligarquía‘. Luego me amarraron y robaron el dinero y los suministros. A raíz de estos repugnantes hechos uno de ellos se bajó los pantalones y amenazó con violarme, me orinó encima y me dijo que le dijera [a nuestra líder] que era una terrorista fascista, y que si seguíamos conspirando contra la revolución nos iban a matar».
-«[La víctima] fue secuestrada [por] un gran número de funcionarios del SEBIN […] Las torturas eran literalmente macabras; le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; lo asfixió cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que le dañó gravemente los pulmones; le aplicó descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; golpear todo su cuerpo con toallas mojadas; lo hacía bañar a toda hora en orines y excrementos […]».
-«Me desnudaron, me colgaron las manos y me arrojaron baldes de agua que la mayoría de las veces me caían en la cara. […] Me esposaron las manos a la silla con dos juegos de esposas, tomaron un palo eléctrico que se usa para ganado y lo conectaron con un cable largo a un enchufe en la pared. Me lo colocaron varias veces en el pecho, me tiraron agua en los pantalones, precisamente en los genitales, y me descargaron electricidad en los testículos, por lo que no pude contener la vejiga y oriné con mucha fuerza por el susto. Todavía tengo en mi cuerpo las cicatrices de las quemaduras actuales. Falsificaron un documento judicial en el que decían que estaba condenado a muerte y me llevaron a una habitación y me hicieron parar en un banco de plástico, me colgaron del cuello, me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas que no pude responder. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas de la banca se rompió, así que me colgaron y perdí el conocimiento, todavía tengo las cicatrices en el cuello. Me trasladaron a un área con otros presos y les dijeron a los detenidos que yo era un violador, entonces me llevaron, me golpearon y abusaron de mí obligándome a practicar sexo oral. […]»
-«Otra forma particular en que los uniformados ejercieron torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en mi contra fue de carácter vicario, es decir, maltrataron a mi familia para hacerme sufrir. Mi esposa […] era constantemente abusada sexualmente bajo la amenaza de que si no lo toleraba no la dejarían verme […]. Así, muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, le hicieron tocamientos indecentes (violencia sexual), y en una ocasión incluso la obligaron a quitarse la compresa menstrual para ‘verificar que no tenía objeto oculto’, lo que fue tremendamente humillante y ofensivo para ella […]. Había una ocasión en que fue aún peor porque obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y a su abuela y querían desnudar a mis hijos».
-«La víctima trató de escapar pero no lo logró, la agarraron […] Una bolsa plástica negra de basura la rociaron con insecticida y le taparon la cabeza con ella tratando de asfixiarla […]. Fue golpeada brutalmente por estos hombres, al punto que cayó al suelo, y cuando dos trabajadores intentaron intervenir para ayudarla, los mataron en el lugar, con fusiles, para impedir que ayudaran [a la víctima]. […] Ella continuó siendo golpeada por estos hombres, quienes también le quemaron la mano, la sacaron a rastras de la casa, la llevaron a uno de los establos donde fue violada salvajemente por hombres, quienes continuaron golpeándola brutalmente; pensaron que la habían matado a golpes, así que la tiraron. […] La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los graves desgarros genitales provocados por las violaciones, se le desprendió parte de la mandíbula y los dientes por el brutal golpe, y tenía fracturas de cadera y problemas de columna».
-«[La víctima], quien era menor de edad al momento de los hechos, fue detenido por la DGCIM […] por su presunta vinculación con actos terroristas […]. [Fue detenido] en un centro de detención de menores, en aislamiento y sin recibir visitas. [Sufrió] daño físico y psíquico por estar incomunicado [y] después de su liberación huyó a [Redactado] […] donde vivía en la calle y sin documentos de identidad».
Hay que decir que el documento (de 57 páginas) no contiene información que identifique a las víctimas y organizaciones que declararon en este proceso; por lo que la CPI aclaró que el Gobierno de Venezuela «no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas».
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