La guerra que se libra en territorio venezolano, en la frontera con Colombia, entre disidencias de las Farc y el Eln por el control de la zona ha tenido un impacto directo en la producción y el envío de cargamentos de droga para los carteles mexicanos, que introducen la cocaína en los mercados internacionales.
Por El Tiempo
EL TIEMPO tuvo acceso a un informe de inteligencia documentado con agencias internacionales de seguridad que da cuenta de que desde hace dos meses no detectan vuelos ilegales, que tradicionalmente parten desde pistas clandestinas ubicadas en los estados de Zulia, Táchira y Apure, en Venezuela, con destino inicial a Centroamérica.
En el mismo informe reservado se señala que Henry Castellanos, ‘Romaña’, era el encargado de controlar las pistas en Apure, en inmediaciones de Elorza y Aguaverde, y que tras su muerte, el 7 de diciembre del año pasado, se frenó en seco la salida de las naves cargadas con coca. ‘Romaña’, un ex-Farc de la línea más violenta de la desaparecida guerrilla, habría sido asesinado por hombres de las disidencias bajo el mando de ‘Antonio Medina’.
Las agencias internacionales advierten que el enfrentamiento entre la ‘Segunda Marquetalia’, de ‘Iván Márquez’, que se alió con el Eln, y los hombres de ‘Medina’, de la línea de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, podría tener un efecto directo en la comercialización de la coca y en los precios al menudeo en las calles de ciudades de Estados Unidos, en donde un kilo del estupefaciente puede costar 40.000 dólares.
Al desabastecimiento que se estaría dando por el cierre de las pistas se suma que Colombia, a través de su Fuerza Pública, incautó 659 toneladas de cocaína en 2021 y tan solo esta semana, en tres operaciones, fueron incautadas 10 toneladas.
De acuerdo con el documento, el 20 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia –unas 1.228 toneladas en 2020, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas– es enviada al exterior por vía aérea y el 80 por ciento restante, por vía marítima.
Según las autoridades, esos vuelos ilegales ya no salen desde Colombia, como ocurría en el pasado, cuando los carteles de la droga tenía flotillas completas de aviones que salían de pistas en territorio nacional cargadas de droga y volvían llenas de dinero.
Ahora esa operación se concentra en el otro lado de la frontera, en donde la corrupción y las alianzas de las autoridades, el Gobierno y grupos ilegales ha creado un ambiente más favorable para ese tipo de operaciones.
Las agencias que realizaron el informe señalan que trabajan en casos conjuntos para judicializar a los responsables de las rutas que usa el narcotráfico para mover la coca; así mismo, que en 2021 se detectaron 135 trazas –vuelos ilegales que despegaron desde Venezuela–, en 2020 se registraron 219 vuelos y en 2019 habrían sido 253. La mayoría de las trazas fueron detectadas en horas de la noche.
“Es imposible precisar la cantidad de droga que se ha trasladado en ese lapso”, se lee en el informe, que además advierte sobre el riesgo que representa para la aviación comercial tener esas naves volando sin control.
EL TIEMPO consultó con el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, sobre estos vuelos ilegales y la existencia del documento de varias agencias en las que se venía haciendo seguimiento al tema. El funcionario reconoció que “los informes de inteligencia señalan que en los últimos años las trazas de narcotráfico se han evidenciado saliendo de diferentes puntos de Venezuela a través de pistas clandestinas”.
El ministro ratificó que estas pistas están bajo el control de los “grupos armados y terroristas de Colombia, con el conocimiento y la connivencia del régimen bolivariano”.
De acuerdo con Molano, con base en información de inteligencia se conoce que el régimen “patrocina y apoya la presencia de grupos terroristas, que desarrollan acciones de narcotráfico y tienen hoy disputas de rentas del narcotráfico en ese país, y así se ha evidenciado en Arauca”. Para el jefe de la cartera castrense, los recursos del narcotráfico generan “destrucción, violencia y corrupción”.
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