A la violación de la soberanía popular por no reconocer el resultado electoral, le debemos añadir los crímenes de lesa humanidad cometidos contra su propio pueblo.
El 22 de septiembre de 1999, Hugo Chávez visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ningún presidente en ejercicio había visitado las oficinas de la CIDH, a tan sólo tres cuadras de la Casa Blanca. El flechazo fue instantáneo; Hugo Chávez habló maravillas de los derechos humanos e invitó a la Comisión a visitar el país. Los Comisionados presentes, y el que escribe esta nota, quedamos impactados por la buena reunión.
El idilio duró poco. En el informe de la visita del año 2002, la CIDH denunció violaciones a los derechos humanos, y alertó a la región sobre el peligroso rumbo de Venezuela. Pero las alertas fueron sistemáticamente ignoradas por gobiernos que disfrutaban los petrobeneficios provenientes de la Faja del Orinoco.
A partir del 2015, si bien ya no existían dudas sobre la existencia de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, tampoco existía un consenso sobre si esas violaciones constituían crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, lo que permitiría la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Para responder esa pregunta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con la colaboración del ex Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, creó en el 2017 un panel de expertos independientes, que tuve el honor de presidir. Luego de recibir las declaraciones de cientos de víctimas, el panel concluyó que “existe fundamento suficiente […] para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, constituyen crímenes de lesa humanidad.”
Con base en estas conclusiones, la OEA y el Panel de Expertos, presentamos una denuncia ante la CPI, y solicitamos a varios países que se sumen a la denuncia presentada. Argentina, Colombia, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, remitieron la denuncia, y se le dio inicio formal al proceso contra Venezuela.
A la violación de la soberanía popular por no reconocer el resultado electoral, le debemos añadir los crímenes de lesa humanidad cometidos contra su propio pueblo. Según el principio internacional de la Responsabilidad de Proteger, la soberanía no sólo implica derechos, sino también responsabilidades, y cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad contra su población, no cumple con su responsabilidad, y la comunidad internacional debe tomar acciones colectivas para proteger a la población.
Frente a la manifiesta ruptura democrática y a los crímenes de lesa humanidad, Maduro ha logrado lo que Bolívar soñó, pero nunca logró: unir a toda la región; pero en su contra. En la reciente votación en la OEA, el régimen de Maduro no consiguió ni un solo voto a su favor. Un evidente cambio de época.
Algunos ejemplos del cambio de época:
Oposición unida y organizada. A diferencia del 2018, el triunfo arrollador de la oposición, con pruebas irrefutables, también cuenta con un liderazgo unido en la figura de María Corina Machado, y con un objetivo claro: Hasta el Final.
Corte Penal Internacional. Actualmente está en trámite la investigación de la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad, que en cualquier momento puede imputar a Maduro, u a otros altos funcionarios del régimen. La comunidad internacional ya no tiene margen legal, ni moral, para ignorar lo que está pasando.
Emigración. Aproximadamente 8 millones de venezolanos tuvieron que exiliarse. La gran mayoría se encuentra en Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Brasil. Varios gobiernos están con serias dificultades para responder a la inmigración masiva.
La organización criminal “Tren de Aragua”, ya sea con participación directa del gobierno, o con su aquiescencia, está expandiéndose por Latinoamérica y EEUU. Entre sus diversas operaciones trasnacionales se encuentran el tráfico de drogas, el asesinato, la extorsión, el secuestro y la trata de personas,
Petróleo. Durante muchos años Venezuela surfeó la ola diplomática con petrobolívares. Pero la reducción de 70% en la producción de petróleo impactó fuertemente la capacidad de negociación de Venezuela. Paralelamente, el descubrimiento de petróleo en Guyana y la consecuente controversia territorial con Venezuela, se tradujo en la pérdida del usual respaldo caribeño, y al mismo tiempo representa una hipótesis de conflicto armado en la región. A fines del 2023 Brasil envió tropas a la frontera.
Asesinato. Los casos de asesinatos ordenados por gobiernos en terceros países nos remontan a nuestras dictaduras. Pero el reciente asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile, es una peligrosa señal de alerta. El informe de la Cámara de Diputados de Chile, concluyó que existen evidencias que “sugieren la participación de agentes vinculados al régimen de Nicolás Maduro.” Reminiscencias del asesinato del Embajador Orlando Letelier ordenado por Pinochet en Washington DC, en1976.
Maduro está poniendo en riesgo la gobernabilidad en la región y la mayoría de los gobiernos aplaudirían un cambio. El16 de agosto, durante la ceremonia de inauguración de Luis Abinader en República Dominicana, los países de la región deberían unirse para solicitarle a la Fiscalía de la CPI que impulse el proceso y se impute a los responsables de crímenes de lesa humanidad, para ponerle fin a la impunidad.
En el Discurso de Angostura, el libertador Simón Bolívar dijo que “Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El Pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía.”
Sabemos que, gracias a la mediación de un pajarito, Maduro se comunicó con el espíritu de Chávez. ¿Podrán también comunicarlo con el espíritu de Bolívar, para que le explique qué quiso decir con usurpación y tiranía?
