Ante la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la excepción preliminar interpuesta por Venezuela declarada sin lugar por 14 de los 15 magistrados en torno a nuestra reclamación territorial sobre el territorio Esequibo, la que puso a frotarse las manos a muchos radicales de oposición que no esperan cualquier desliz del gobierno para tratar de sacar dividendos políticos así se trate de un mordisco criminal a gran parte de nuestro territorio. Lo primero que hay que aclarar lejos de cualquier fanatismo y por más que seamos opositores a este gobierno es que los errores si es que los hay, porque de la decisión final será el único examen verdadero para saber si la estrategia aplicada ha sido la correcta. En principio no podemos atribuir con exclusividad el monopolio de los errores en la relación de dicho territorio a este gobierno, el cual ha sido heredero de la displicencia de todos los anteriores y ha mantenido similar política de mínima intervención. Desde el inicio de la reclamación por vía diplomática hemos cometido una cadena interminable de desaciertos que han debilitado nuestra posición a nivel internacional que ha impedido que nuestra reclamación se fortalezca. Empecemos desde el principio, nuestra primera constitución de 1.811 incluye dicho territorio como parte integrante desde nuestra independencia y así se ha mantenido hasta la actual de 1.999, todo como herencia del territorio que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela creada por Carlos III desde 1.777.
Gran Bretaña desde 1.814 queda en posesión de dichos territorios estimulando la colonización de tierras más allá de sus linderos ante el abandono y nula ocupación por parte de Venezuela, tibias reclamaciones en 1.822, entre 1835 y 1.839 Gran Bretaña traza de manera unilateral líneas fronterizas que configuran el despojo planteándose la formal reclamación en 1.844. En 1861 la oligarquía Venezolana ofrece a Gran Bretaña la entrega del territorio a cambio de poner orden interno en plena guerra federal. En 1.888 los ingleses se adjudican más de 200 mil KMs2. En 1.897 Venezuela solicita la mediación de los Estados Unidos firmando el tratado arbitral de Washington en el cual para sorpresa no participa Venezuela por exigencia de Londres y su puesto en el Tribunal lo ocupa los Estados Unidos que junto con los dos ingleses y uno neutral (Ruso. Fiodor Martins) emiten en 1.899 sentencia a favor de Gran Bretaña despojándonos de dicho territorio. En 1948 fallece uno de los abogados estadounidense de Venezuela en ese tribunal revelando componendas secretas para consumar el despojo. En 1.962 se denuncia para en 1.966 firmar el Acuerdo de Ginebra donde se reconoce nuestra reclamación territorial. Durante el gobierno de Caldera en 1.970 se firma el inexplicablemente el protocolo de Puerto España para suspender las discusiones limítrofes por 12 años, en 1.983 se vuelve a proponer una negociación directa que no fue aceptada.
En 2.018 Guyana de manera unilateral recurre a la CIJ para la resolución del conflicto iniciando los tramites preliminares a los cuales Venezuela no compareció alegando incompetencia de la Corte para conocer de la reclamación, para cambiar su postura en 2022 nombrando representantes en el juicio. La situación es que la CIJ nuevamente ratifica su jurisdicción para conocer del conflicto y nosotros hemos perdido tiempo valioso y oportunidades procesales para defender nuestra posición. Se augura tiempos difíciles para recuperar un territorio sobre el que nunca hemos ejercido dominio real y que representa dos tercios del territorio el país vecino, aunado a una cadena de errores y omisiones que no nos dejan bien parados en nuestra lucha con un pequeño país que siempre asumirá el papel de víctima en los organismos internacionales, aunado a nuestro papel de villanos bien ganado en todas nuestra películas. Seguiremos conversando. [email protected]