Después de escándalos de corrupción, cuatro audiencias de presentación diferidas y dos tribunales que declinaron la competencia para conocer el caso en Puerto Ordaz, un juez de Caracas con competencia en violencia de género imputó a dos hombres por el asesinato de la joven de 16 años
Fernando Tineo
El juez de juicio del tribunal primero con competencia en materia de violencia de género, Pablo Eleazar Sánchez, después de escuchar las conclusiones del equipo privado acusador, de la fiscalía y de la defensa de los imputados, decidió que José Cedeño, de 20 años de edad, y José Zorrilla, de 46 años, fueron los autores materiales del femicidio de Ángela Aguirre, de 16 años.
A Cedeño lo condenaron por los delitos de femicidio agravado, omisión de socorro y suministro de sustancias nocivas a menor de edad, mientras que a Zorrilla lo sentenciaron por haber cometido los tipos penales de femicidio agravado en grado de cómplice necesario, suministro de sustancias nocivas a menor de edad y omisión de socorro.
Al resto de los implicados, tres hombres, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz, el juez Sánchez los halló culpables por haber cometido el delito de omisión de socorro en perjuicio de Aguirre. Las dos mujeres imputadas en principio, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, fueron absueltas de toda culpa.
Los tres hombres ya cumplieron la pena establecida para ese delito, así que debían salir en libertad plena al igual que las dos mujeres. Sin embargo, el Ministerio Público apeló al llamado efecto suspensivo, establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por lo que continuarán todos detenidos mientras la corte de apelaciones decide. Los abogados acusadores también apelarán la decisión.
Proceso penal en Puerto Ordaz con irregularidades
Al cuerpo de Ángela Aguirre se le practicó una primera autopsia donde se determinó que había recibido un golpe con un objeto contundente, provocando un traumatismo craneoencefálico y facial. También presentaba signos de violación y de que, aún viva, la lanzaron al agua.
El día 27 de marzo de 2019, la familia Aguirre esperaba el cuerpo de la joven para los actos velatorios. Sin embargo, no se lo entregaron. La fiscal del caso, Emily Hernández, pidió que se realizara un segundo protocolo de autopsia, el cual arrojó como resultado que la joven había tenido sexo consensuado, que la muerte había sido producto de un accidente y que los golpes en el cuerpo fueron por objetos en el río. La familia Aguirre recusó a la fiscal.
Posteriormente, se conoció a través de la prensa que allegados de los imputados habían ofrecido dinero a fiscales, jueces y funcionarios de la policía científica para exculpar a los detenidos por el femicidio. Después de estos escándalos de corrupción, cuatro audiencias de presentación diferidas y dos tribunales declinaron la competencia para conocer el caso en Puerto Ordaz. El Tribunal Supremo de Justicia se avocó al caso y ordenó que un tribunal en Caracas con competencia en materia de violencia de género iniciara el proceso penal.
Allí, el Ministerio Público imputó a los cinco hombres por los delitos de femicidio agravado y suministro de sustancias nocivas a menores. En el caso de José Zorrilla, le imputaron femicidio agravado en grado de cómplice no necesario.
Por otro lado, la parte acusadora privada pidió que todos fueran imputados por femicidio agravado, suministro de sustancias nocivas a menores, omisión de socorro y violencia sexual. En el caso de Zorrilla insistieron en que la imputación por femicidio agravado fuera en grado de cómplice necesario.
A las mujeres les imputaron encubrimiento de violencia sexual, omisión de socorro y suministro de sustancias nocivas a menores de edad.
Los hechos
Ángela Aguirre solo tenía 16 años cuando la asesinaron
Cuando cayó la noche en Guayana, su familia comenzó a preocuparse porque Ángela no regresaba. Su padre Ángel Daniel Aguirre y su madre Yerlis Yaguare, emprendieron una búsqueda rápida. Se fueron a las puertas del club para saber si su hija estaba en las instalaciones. No hubo información sobre su paradero.
A las 2 de la madrugada, la madre de José Alberto Cedeño llamó a Yerlis Yaguare para decirle lo que su hijo le había contado sobre lo ocurrido con Ángela: que la adolescente cayó de la embarcación cuando estaban en el río y que ellos, aunque la buscaron, no la encontraron.
La familia de Ángela siempre guardó la esperanza de que su hija estuviera viva, incluso en el río, porque si tenía puesto un salvavidas podría estar flotando aguas abajo en el Caroní. La corriente, en ese sector, es muy fuerte.
Al amanecer, José Zorrilla llegó al mencionado club para comenzar la búsqueda de Ángela con la lancha “La Kaki”. Sin embargo, no lo dejaron zarpar porque la embarcación estaba implicada en un suceso y no era posible otorgarle el permiso. Fue recién a las 9 de la mañana del lunes 24 de marzo cuando comenzó la labor de búsqueda de manera oficial, con buzos y embarcaciones de Protección Civil y del propio club, que quisieron ayudar.
Lo que comenzó aquella noche terminaría tres días después, cuando el cuerpo de Ángela apareció flotando en el río, vistiendo solo su traje de baño y un salvavidas color negro. El cuerpo presentaba signos de violencia.
La familia Aguirre empezó a vivir la cruda realidad. Su hija de 16 años había sido asesinada.
El último registro que tuvo la familia Aguirre de Ángela fue una selfie que la joven subió a sus redes. Estaba en una lancha, con traje de baño y un chaleco salvavidas negro. Lo mismo que vestía cuando la encontraron sin vida en las riberas del río.
Según los registros de llamadas del teléfono de Ángela, después de las 8 de la noche su madre le hizo 54 llamadas. Estaba desesperada.
Lo sorprendente es que el lugar donde encontraron el cuerpo es que estaba ocho kilómetros río arriba, a contracorriente, en las cercanías del balneario El Rey del río Caroní. Parece imposible que algo así suceda de manera natural.
Con información de El Estimulo
