Hay que tener algo claro, que se haya activado una investigación por parte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no significa que Nicolás Maduro saldrá del poder. Andrés Cañizález así lo deja ver en este artículo en el que hace un recuento de los casos que la CPI ha llevado en varios países y cómo en la mayoría la respuesta no ha sido la esperada
Andrés Cañizález
Cierto liderazgo y no pocos opinadores presentan a la Corte Penal Internacional como una suerte de tabla de salvación, para restituir la democracia en Venezuela. Esto, en realidad, es falso. El Tribunal de La Haya, donde funciona la CPI, puede dictaminar que un jefe de Estado es genocida, por ejemplo, y ello no significa que dicho personaje salga inmediatamente del poder.
La CPI no tiene una gendarmería ni tropas élites para ir a un país y sacar del poder a un presidente, si este tribunal lo condena. Eso solo se ve en las películas. Por tanto, el que se haya activado una investigación por parte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no significa que Nicolás Maduro saldrá del poder. Para el establecimiento de la verdad, para los derechos humanos, estamos ante un hito importante, pero ello no significará en sí una recuperación de la democracia en Venezuela.
Dos hitos en una decisión
La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir formalmente una investigación para establecer responsabilidades en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, establece al menos dos hitos. Además de ser la primera vez que el tribunal de La Haya actúa en un país latinoamericano, será la tercera ocasión en dos décadas de historia que investiga al régimen de un gobernante que está en el poder.
El primer gobernante investigado y posteriormente señalado de crímenes de lesa humanidad fue el presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien llegó al poder en 1989 y gobernó con mano de hierro por tres décadas, hasta 2019, cuando una ola de protestas le hizo presentar su renuncia.
En julio de 2008, la CPI acusó a al Bashir de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur. Un año después se emitió una orden de arresto, pero el gobierno sudanés que encabezaba el propio al Bashir decidió no entregarlo a La Haya. Incluso después de su dimisión, el ex gobernante está confinado en su casa, pero ha logrado evitar su presentación ante la CPI.
Varios cambios de mando en Sudán, promesas hechas a la CPI, nada de eso ha cambiado el hecho cierto que este ex dictador sigue en su casa pese al proceso ante el Tribunal de La Haya. Si un país no tiene la voluntad de entregar a un acusado por la CPI, este órgano internacional no tiene uso de la fuerza para hacer cumplir sus decisiones.
Durante su reciente visita a Caracas el fiscal de la Corte Penal anunció la decisión de investigar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. La fiscalía, a cargo del británico Karim Khan, sin embargo, aclaró que en el caso de Venezuela aún no hay señalamientos contra personas en específico. Justamente la investigación ayudará a determinar dichas responsabilidades. Esto tampoco se debe pasar por alto.
Si estableció su predecesora, la gambiana Fatou Bensouda, que un conjunto de organismos de represión venezolanos ha cometido violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos y que, dado el clima de impunidad, la falta de sanciones a los responsables, correspondía actuar a la CPI.
La segunda ocasión en que la CPI decidió actuar contra un presidente en el poder fue en el caso del gobernante libio Muamar el Gadafi, en 2011. Tras 42 años en el poder, el dictador atacó crudamente manifestaciones civiles en su contra en febrero de aquel año. Un mes después la CPI señaló su responsabilidad de cometer crímenes de lesa humanidad.
Con Muamar el Gadafi, sin embargo, no se desarrolló el proceso en su contra. En octubre de 2011 fue detenido y ejecutado por turbas cívico-militares que le buscaban después de que éste abandonara Trípoli.
Procesos lentos
En la historia de los tribunales penales internacionales existen otros casos, pero de ex jefes de Estado que fueron llevados al banquillo de los acusados. Se trató de procesos llevados adelante una vez que los gobernantes dejaron el poder.
El serbio Slobodan Milosevic fue presentado ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en 2001, un año después de que fuese derrocado. Falleció en 2006 mientras se desarrollaba el juicio. Por cierto, esto nos habla de otra característica de estos procesos de la justicia internacional, son lentos, no hay decisiones instantáneas.
El ruandés Jean Kambanda ocupaba el cargo de primer ministro cuando comenzó el asesinato masivo de la población tutsi, en Ruanda, en 1994. Arrestado tres años después en Kenia, cuando ya no ocupaba el poder, fue llevado a La Haya para ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Un año después fue condenado a cadena perpetua, una condena que sigue pagando en la actualidad.
Los tribunales penales especiales tanto para la antigua Yugoslavia como para Runda fueron creados por iniciativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se consideran los mecanismos predecesores de la CPI, que comenzó a funcionar en 2002.
Ante la CPI fue presentado Laurent Gbagbo, quien siendo presidente de Costa de Marfil se negó a entregar el poder en 2010, tras perder las elecciones. Activó una represión sanguinaria que dejó una estela de tres mil muertes. Llevado a La Haya en 2011, siendo ya ex presidente, pasó largos años detenido preventivamente mientras tenía lugar un proceso judicial complicado.
En 2019 la CPI lo declaró inocente. Esto también puede ocurrir.
El Estímulo
