Entre otras cosas piden prestaciones sociales justas y atención a problemas de salud
Sexto día en huelga de hambre llevan un grupo de pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes se apuestan frente a la entrada de la empresa para exigir sus derechos laborales tras ser ignorados por todas las instancias administrativas disponibles, tanto nacionales como internacionales.El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Bolívar, Hugo Medina, explicó a TalCual que esta decisión de protesta extrema se tomó después de meses de intentos de comunicarse con autoridades de la estatal, funcionarios de instituciones nacionales y organismos internacionales.
«Lo que nos indujo a la huelga es que agotamos todas las vías administrativas que permite el ordenamiento jurídico venezolano y los pactos internacionales. Elevamos denuncias a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero nunca recibimos respuesta», alertó.Su insistencia le condujo a ser atendido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, el pasado 26 de enero. El funcionario prometió denunciar la situación e interpelar al Gobierno, pero ocho meses más tarde, no hay pronunciamiento sobre la situación que padecen cientos de pensionados de la CVG.Los mecanismos nacionales tampoco han sido capaces de ofrecer intermediación o respuesta alguna, habiendo acudido ya a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República e incluso a la Vicepresidencia Ejecutiva, para recibir como respuesta el silencio administrativo que no es atípico en la administración de Nicolás Maduro.La huelga, finalmente, recibió como respuesta un acercamiento por parte de las autoridades de la CVG. El mismo miércoles 16 de agosto, día en el que inició la protesta, el vicepresidente de la CVG, Alexis Rodríguez Cabello, pidió que levantaran la huelga y se comprometió a concederles una reunión una semana más tarde, pero se negó a firmar un acta que dejara documentado este pacto, por lo que los manifestantes decidieron continuar.Medina afirma que no es la primera vez que creen en la palabra de la directiva de la compañía para luego ser ignorados, pues en abril sostuvieron un encuentro con el presidente Héctor Silva, quien no cumplió con la palabra prometida en aquel momento.«El 5 de abril nos reunimos con el presidente Héctor Silva. Tras hacer los planteamientos quedó en que, 15 días después, él nos daría respuesta. No ha habido tal respuesta ¿Cómo confías en la palabra del vicepresidente si el presidente no cumplió con su palabra?», cuestionó.
El petitorio de los pensionados de la CVG
Las denuncias que ha elevado la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Bolívar desde hace meses se centra simplemente en el respeto de los derechos laborales que ya poseen estas personas, que han sido ignoradas por las autoridades pese a las décadas de servicio y trabajo para la compañía.
En primer lugar, solicitan una medida humanitaria que permita la habilitación de clínicas en las ciudades de Upata, San Félix, Puerto Órdaz y Ciudad Bolívar, para que los pensionados puedan atender sus problemas de salud.
La segunda solicitud consiste en alcanzar un acuerdo y una fórmula coherente para recalcular las prestaciones sociales que reciben los pensionados jubilados entre 2016 y 2023, destruidas por la devaluación del bolívar y el incumplimiento de compromisos laborales por parte de la CVG.
Una de las trabas para este recálculo recae en la CVG, que dejó de entregar recibos de pagos a sus trabajadores desde hace cinco años, por lo que los empleados de la compañía desconocen cuáles son sus deducciones, bonos nocturnos, horas extra y todos los datos relativos a sus remuneraciones, sin los cuales es imposible hacer un cálculo adecuado.
«Necesitamos sentarnos en una mesa a hacer revisiones exhaustivas para hacer el ajuste para cada pensionado. La remuneración debe corresponder a lo que gana su homólogo activo dentro de la planta», señaló Medina.
Por otra parte, se exige una actualización en lo que respecta a las acciones clase B de Sidor que poseen más de 5.8000 trabajadores. Pese a que la mayoría desea venderlas, no tienen ninguna información sobre el estado de la empresa ni el valor de cada activo, por lo que es imposible colocarlas en el mercado, contraviniendo las responsabilidades de una empresa con sus accionistas.
«No se les permite saber cuánto produjo la empresa al año. Discutimos con Rodríguez Cabello y nos preguntaba cuál es el valor de las acciones, pero esa información la tiene la CVG. Solicitamos que se instale una mesa conciliatoria para dilucidar lo que tiene que ver con la venta de las acciones», propuso.
La estatal se escuda con que también desconoce la información relativa a las acciones, pues la gerente de recursos humanos de la compañía notificó a los trabajadores que ese «material» fue decomisado por la Policía Nacional contra la Corrupción como parte de la investigación a la empresa en el marco de la trama de corrupción «Pdvsa Cripto».
Finalmente, Medina destacó que también piden el respeto de la pensión de sobreviviente, una compensación que se otorga a familiares de un trabajador fallecido, según contempla la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).
«Producto de la desnutrición, los trabajadores vienen feneciendo y las empresas no reconocen la pensión de sobreviviente a viudas y viudos», explicó.
Conmoción nacional
La huelga ha conmocionado a gremios y ciudadanos del municipio Caroní y del país quienes se han acercado a entregar donaciones de suero, colchonetas y agua a los manifestantes. Sin embargo, las autoridades de la CVG permanecen indiferentes ante la situación que ocurre frente a las instalaciones del holding.
A pesar de la negligencia que implica tener a un grupo de adultos mayores, quienes empiezan a descompensarse por el hambre, protestando para exigir el pago de un beneficio que les corresponde por ley, la realidad es que la nueva cúpula cevegista permanece en silencio.
“Seguiremos en esta situación hasta que haya una respuesta por parte del Ejecutivo. Continuamos firmes en esta decisión que tomamos, una decisión extrema. Creo que tener estar 14 veces por debajo del marcador de pobreza extrema es razón suficiente para protestar”, declaró Hugo Medina, trabajador de 62 años que logra mantenerse de pie con dificultad debido a una serie de hernias en la cervical, problemas de artritis y una vista limitada.
Medina es el presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar, el gremialista lleva dos años continuos protestando de forma semanal frente a la CVG para exigir mejores condiciones para los pensionados. Hasta ahora no hay respuestas.
CVG no ofrece respuestas
Correo del Caroní contactó al Departamento de Prensa de la CVG; sin embargo, los funcionarios se negaron a ofrecer declaraciones con respecto a la huelga. Mientras en sus redes sociales oficiales se limitan a enviar mensajes promocionales.
Los manifestantes han responsabilizado por su salud a los directivos de la corporación y al Estado venezolano, toda vez que afirman haber agotado todas las opciones administrativas para obtener respuestas.
Familiares de los protestantes permanecen preocupados por su estado de salud, el cual está siendo chequeado por enfermeras y médicos voluntarios que miden sus valores en horas de la mañana.
Rafael Amundarain, geriatra de la ciudad, hizo acto de presencia en el lugar para ofrecer atención a los adultos mayores.
“Estoy apoyando en mi calidad de geriatra para la valoración de los huelguistas. Estamos chequeando sus condiciones generales. En general, están bien. Tienen problemas de tensión y estamos tratando de atender este padecimiento. Esperamos que sea transitoria. Están siendo hidratados y están orientados. Lúcidos. Lo más importante es mantener su hidratación y consumo de líquido. A la larga, por supuesto irán desmejorando”, expresó Amundarain.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la oenegé Provea y la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) se han pronunciado en redes sociales para rechazar la manifestación.
“Desde la Central ASI nuestra solidaridad y apoyo a los hermanos jubilados y pensionados de Guayana. Sus reclamos son justos. Merecen respeto. Urge justicia social”, enfatizó la presidenta de ASI, Leida Marcela León, a través de redes sociales.
Con información de Runrun.es/Correo del Caroní
