El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Súmate y la Alianza Ciudadana emitieron un comunicado rechazando la intromisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el caso Barinas. «La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, aceptada sin mayor reparo por el CNE, se convierte en un ejemplo evidente de lo manifestado en el Informe Preliminar emitido por la Misión de Observación de la Unión Europea».
A continuación el comunicado:
Durante una semana, después de haberse realizado las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre, la ciudadanía de Barinas y del país en general, estuvo a la expectativa del resultado de las votaciones para elegir el nuevo gobernador de esa entidad. Según se informó, el retraso se debía a que faltaban por evaluarse tres actas que el Plan República, asumiendo una función que no le correspondía, no había entregado al Consejo Nacional Electoral.
El fin de semana pasado, el organismo comicial había delegado en una Junta Nacional Electoral la revisión de estos instrumentos comprobatorios de los votos que faltaban para que se anunciara el veredicto y que finalmente fueron entregados por los componentes militares que las habían retenido incumpliendo las normas y procedimientos establecidos por el CNE para el Plan República. Pero el lunes 29, cuando se esperaba la resolución final de la Junta del CNE, se produjo un sorpresivo dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual se ordenaba suspender la contabilización de los votos, bajo el argumento de que el candidato Freddy Superlano -a quien en la misma sentencia se admitió como ganador ante el oficialista Argenis Chávez-, estaba inhabilitado para aspirar al cargo de elección popular. Y, en consecuencia, se ordenaba repetir las elecciones en Barinas, fijando la fecha para el próximo 9 de enero de 2022.
Se trata de un fallo que irrespeta la voluntad de los electores barinenses, quienes acudieron a las urnas para decidir quién sería su gobernador entre los candidatos que el CNE había autorizado participar en esta contienda una vez revisados los recaudos presentados por cada una de las candidaturas.
La ciudadanía de Barinas, además de participar en las votaciones, se mantuvo en las calles y a través de distintos medios, reclamando en forma pacífica que se ofrecieran los resultados; y ha expuesto su indignación ante este atropello contra la voluntad que habían expresado a través de las urnas electorales.
Esto refleja un comportamiento cívico que demuestra la actitud democrática de la sociedad barinense y el valor que representa el voto como proceso para escoger las autoridades, en este caso regionales. Por otro lado, no haber caído en las provocaciones generadas por una exagerada militarización de la ciudad es una evidente demostración del nivel de cultura cívica y democrática del pueblo barinés.
En contraste, la jugada judicial demuestra una vez más la utilización política del TSJ en función de los objetivos del partido oficialista Psuv, sobre todo en circunstancias que le representan una derrota derivada de la votación popular, como ha ocurrido también en el caso de Amazonas durante las elecciones del 2015 para la Asamblea Nacional, así como en los comicios para elección de Gobernador en Bolívar en 2017, entre otros casos.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, aceptada sin mayor reparo por el CNE, se convierte en un ejemplo evidente de lo manifestado en el Informe Preliminar emitido por la Misión de Observación de la Unión Europea, en el cual se cuestionan tanto las prácticas ajenas a la integridad electoral como la falta de separación de poderes. La MOE de la UE destaca entre las deficiencias estructurales del sistema electoral venezolano las decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos, entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que las utilizaron para presentarse a las elecciones, así como la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición.
El informe de los observadores europeos, presentado el martes 23 de noviembre, antes de que se produjera la decisión judicial sobre Barinas, ya advertía que “la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la equidad y transparencia de las elecciones”, lo cual en sí mismo ya es una violación a las condiciones internacionalmente aceptadas de integridad electoral.
Lo más grave es que, cuando se supone que las elecciones constituyen un mecanismo para la solución de conflictos, decisiones que las empañan como esta del TSJ sobre Barinas, logran lo contrario, los avivan. En ese sentido, es necesario advertir las impredecibles consecuencias que actitudes de este tenor por parte del sistema judicial y del poder electoral pueden tener sobre el futuro de Venezuela. La intervención del TSJ en los procesos electorales resquebrajan la confianza de los ciudadanos en el voto.
El rescate de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la integridad electoral y del valor del voto, constituyen ahora más que nunca, un reto para la sociedad civil venezolana, que reclama elecciones libres, transparentes y justas.
