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Caso María Corina Machado queda pendiente: Ruta para levantar inhabilitaciones es a través del TSJ

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A tres horas de vencerse el plazo otorgado por Estados Unidos, el mediador Noruega hizo público el procedimiento acordado por la administración Maduro y la Plataforma Unitaria opositora para levantar las inhabilitaciones de opositores que aspiren a la Presidencia en 2024

El Reino de Noruega informó la noche de este jueves 30 de noviembre que recibió de la administración de Nicolás Maduro un procedimiento, acordado con la Plataforma Unitaria, para levantar las inhabilitaciones de dirigentes opositores que aspiren a la Presidencia en 2024.

El documento, hecho público por Noruega en sus redes sociales, señala que cualquier persona con una medida impuesta por la Contraloría General deberá acudir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y ejercer un recurso contencioso contra su inhabilitación.

Ese recurso contencioso debe ir acompañado de una solicitud de amparo cautelar, «en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos».

Según el acuerdo, la Sala Político Administrativa debe pronunciarse sobre la admisión de la demanda y el amparo con «celeridad y eficiencia».

También se exhorta a los aspirantes a candidaturas presidenciales a evitar, tanto en la demanda como en declaraciones públicas, «incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia».

La medida deja pendiente esclarecimiento oficial de la situación que afectaría directamente a María Corina Machado, escogida el pasado 22 de octubre como la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria con más de 2,5 millones de votos. A la exdiputada dicen que se le impuso, por parte de la Contraloría, una inhabilitación política por 15 años por una supuesta investigación patrimonial y formar parte de un «esquema de corrupción». La medida nunca le fue informada directamente como obliga la Ley, ni existe indicio que haya existido tal investigación en su contra.

La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio o prisión y produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que tenga el penado y la incapacidad durante la condena, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio (…) http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1063-31110-2010-10-0307.HTML#:~:text=’La%20inhabilitaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20no%20podr%C3%A1,derecho%20activo%20y%20pasivo%20del

Otra cuestión que se señaló en el procedimiento es que cada uno de los interesados asume el compromiso de:

  1. Respetar la Constitución y las leyes.
  2. Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  3. Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
  4. Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

El procedimiento se hizo público por Noruega a tres horas de vencerse el plazo otorgado por Estados Unidos a la administración Maduro para proseguir con el alivio de sanciones a actividades petroleras, gas y minería, a cambio de la liberación de todos los presos políticos –venezolanos y estadounidenses– y una ruta para levantar las inhabilitaciones.

El jefe negociador de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, reaccionó en sus redes al procedimiento y destacó que el acuerdo de Barbados, firmado el pasado 17 de octubre, «determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales. El precedente con amparo cautelar está en el caso M. Rosales otorgado con la admisión del recurso. Seguimos!».

Por su parte, el jefe negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, lo calificó como «un paso más en la dirección correcta». Aseveró que este procedimiento respeta lo acordado en Barbados y las decisiones de instituciones y el Estado de derecho. «Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada».

Más temprano, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, comentó que no veía progresos respecto al plazo otorgado por Estados Unidos, pero solicitó esperar al término del día para hacer una evaluación.

Con información de Luisa Quintero

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