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Urge poner fin a la tributación confiscatoria de los municipios y que los candidatos a alcaldes den a conocer sus propuestas para enfrentarla.

Poner coto a “todo el deslave institucional que representa la tributación confiscatoria e inconstitucional establecida por los municipio” es una necesidad imperiosa, según el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios.

Desde su tribuna alertó y exigió al Tribunal Supremo de Justicia, y a todos los órganos del Poder Público a tomar cartas en el asunto para tratar de dar fin a las distorsiones que se están presentando.

Ante la cercanía de las elecciones municipales, en opinión de Palacios, más que caras y postulaciones de partidos, la población debe tener la oportunidad de conocer y evaluar detenidamente, los programas y propuestas de los candidatos a alcaldes y concejales a los efectos del ejercicio del régimen municipal.

Destacó que es importante tener en consideración que la sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la armonización tributaria municipal, ordenada de manera inmediata por el artículo 156 numeral 13 de la Constitución, lejos de alcanzar el propósito de armonizar y coordinar, se constituyó en licencia o autorización implícita para que los municipios, incrementaran las alícuotas impositivas en materia de impuestos a las actividades económicas e inmobiliario urbano (derecho de frente).

Palacios enumera los elementos distorsivos de la voracidad fiscal municipal en la economía:

1. Representa incrementos exacerbados que se reflejan en los precios de bienes y servicios, afectando la rentabilidad de las empresas, y también a los consumidores, pues todos los tributos son trasladados de acuerdo a la mecánica económica subyacente.

2. Afecta la recaudación nacional porque los tributos municipales exacerbados se deducen a los efectos de determinación del impuesto sobre la renta.

3. Aleja el proceso de inversión nacional y extranjera, la capitalización y extensión de las actividades económicas en territorio nacional. Representando un contrasentido con las ofertas y propuestas que vienen manejando el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para buscar la inversión nacional y extranjera, así como la reactivación económica.

4. Ocasiona un costo importante de cumplimiento que las empresas no pueden sufragar, tomando en cuenta las alícuotas o porcentajes que se aplican a los ingresos brutos, castigando la rentabilidad.

De esta manera los tributos locales son parte, en criterio del presidente de la Cámara de Caracas, de un sistema irracional, inconstitucional, que afecta la libertad, y propiedad económica.

“No puede tenerse una recuperación y crecimiento económico con una tributación municipal exacerbada, que aunada a la existencia de otros tributos distorsivos como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y el Impuesto a las transacciones financieras, hacen imposible un desarrollo y desenvolvimiento normal de la economía”, dijo Palacios.

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