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Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) divulgado este 20 de septiembre reveló que organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, civiles y militares, fungen «como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad». 

Un informe del organismo denuncia que, en el estado Bolívar, se ha cometido una serie de violaciones de derechos humanos contra la población, en la lucha por el control de las zonas mineras

«En el presente informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia», se lee en una nota de prensa publicada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Esta nota recoge la declaración de Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU, quien señala: «Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley».

Represión a la oposición

En informes previos, la Misión había destacado la participación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), respectivamente, en casos de violaciones de los derechos humanos desde 2014, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.

El informe presentado este 20 de septiembre contiene un análisis en profundidad del rol de personas «en distintos niveles de las cadenas de mando de ambos organismos en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad».

«La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del Dgcim. La tortura se llevó a cabo en su sede Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país», detalla la nota de prensa.

La Misión halló que el Sebin «ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas». 

«Tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos (…) Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del Sebiny la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas», asegura la Misión.

Francisco Cox, miembro de la misión de la MIIV, manifiesta: «Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación».

La lupa sobre las zonas mineras

Otro informe de la MIIV da cuenta de la situación en el estado de Bolívar, «donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro«.

«La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano», indica el comunicado de prensa.

De acuerdo con Valiñas, Venezuela continúa sumida en «una profunda crisis de derechos humanos»: «Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos».

El informe de la MIIV expone que «actores estatales y no estatales» han participado en violaciones de derechos humanos contra la población del estado Bolívar, en la lucha por el control de las zonas mineras. Entre estos hechos de violaciones de derechos humanos están privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. «Las autoridades no solo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar», destaca la nota de prensa.

En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha registrado casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas.  

Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión, sumó: «La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas».

Las prácticas de torturas del Sebin y la Dgcim que documentó la Misión de la ONU

Según la ONU, el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir a la disidencia, violando derechos humanos con actos de torturas y violencia sexual
 Palizas, descargas eléctricas, asfixia y otros métodos de torturas son aplicados por el Sebin y la Dgcim, según la Misión de la ONU

Este martes, 20 de septiembre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), organismos de inteligencia del Estado, fungen «como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad»

La Misión en su informe analizó las cadenas de mando y las responsabilidades por las violaciones y los delitos cometidos y en ambos centros de detención, se determinó que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir y violar derechos humanos a través de torturas y violencia física y sexual. 

A continuación,  las claves del informe de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos dos organismos de seguridad: 

Tratos crueles, inhumanos o degradantes

La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM entre 2017 y 2019. Los períodos de mayor incidencia de estos actos fueron 2018 y 2019.

Según el informe de la Misión, Iván Hernández Dala, jefe de la DGCIM, «ordenó torturas tanto físicas como psicológicas«, manteniendo a las personas detenidas en completo aislamiento, lo que se conoce internamente en la DGCIM como la “psicología del olvido”.

Esto consistía en proporcionarle a la persona detenida una hidratación y alimentación mínimas, prohibirle el contacto con sus familiares y ordenarle que durmiera en el suelo bajo una iluminación constante.

El informe señaló que casi todos los actos de tortura se llevaron a cabo en la sede de la DGCIM en Boleíta durante los interrogatorios. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Algunas personas detenidas también fueron torturadas en períodos posteriores de detención en Boleíta, generalmente con el fin de extraer nueva información o para castigarlas.

La Misión informó que no solo se realizaban actos de tortura para demostrar el control de la DGCIM sobre las personas detenidas, sino también para «extraer una confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar».

Los funcionarios y las funcionarias de la DGCIM también maltrataban a las personas detenidas para extraer las contraseñas de sus teléfonos, redes sociales, correos electrónicos o cuentas bancarias, a veces para robarles dinero.

El documento detalló que, en casi todos los casos, las personas detenidas permanecían encapuchadas durante las sesiones de tortura, pero en ocasiones podían reconocer a sus torturadores por la voz o por el olor.

En algunos casos, las víctimas fueron testigos presenciales de actos de tortura infligidos a otras personas detenidas, pudiendo observar estos actos a través de las grietas bajo las puertas de las celdas. 

Violencia física

La Misión tiene información sobre patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la DGCIM, tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas.

  • Fuertes golpes con bates y objetos punzantes.
  • Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo.
  • Asfixia con sustancias tóxicas y agua.
  • Cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas.
  • Esposas excesivamente apretadas.
  • Posiciones de tensión conocidas como “el pulpo” y “crucifixiones”.
  • Uso de un aparato llamado “señorita”, para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua.

Violencia sexual y de género

  • Violación con objetos.
  • Amenazas de violación.
  • Desnudez forzada, incluso durante actos de tortura.
  • Golpes dirigidos a los genitales.
  • Descargas eléctricas en los genitales.

Condiciones de detención

  • Privación de alimentos y agua.
  • Comer del suelo.
  • Iluminación constante u oscuridad constante.
  • Calor o frío extremos.
  • Falta de acceso a los aseos.
  • Denegación de tratamiento médico.
  • Alimentación forzada de heces y vómitos.

Violencia psicológica y otros

  • • Amenazas de muerte y de violación hacia la víctima y a sus familiares.
  • Simulación o tortura real de otras personas detenidas.
  • Períodos prolongados de aislamiento y confinamiento solitario.
  • Administración de drogas supuestamente para obtener confesiones.
  • Amenazas con animales vivos, incluso con perros.

Celdas de torturas

La sede de la DGCIM se encuentra en Boleíta Norte. Según la Misión,  todos los sectores del Sótano 1 de la DGCIM, eran totalmente herméticos y no tenían luz natural.

Las celdas no tenían ventanas, sino un agujero en la puerta por donde se pasaba la comida. A través de ese agujero, los detenidos podían ver a otros detenidos, encapuchados, que eran llevados hacia o desde las sesiones de tortura.

La celda 4, denominada el “Cuarto de los Locos”, se utilizaba como zona de castigo y tortura. La celda mide unos 2 x 2 metros y no tiene fuente de luz ni de agua, mientras que sus paredes están cubiertas con colchones. Varios testigos le dijeron a la Misión que las condiciones en la celda eran extremadamente duras.

La Misión también recibió información sobre una celda a la que se referían como la “Nevera”, donde constantemente soplaba aire acondicionado muy frío, y donde al menos, un detenido pasó varios meses.

La Misión recibió información sobre otras celdas de tortura situadas en el Sótano 1: el“Ascensor” y la “Piscina”. La “Piscina” ha sido descrita como un tanque de petróleo, lleno de agua, con un dispositivo de tortura llamado “señorita” por encima, donde los prisioneros eran atados y luego sumergidos bajo el agua para ser torturados.

El “Ascensor” es un viejo ascensor que no funciona, en el cual las personas detenidas dormían, tanto dentro como en el pasillo exterior. También, se utilizaba como celda de castigo, y las personas detenidas permanecían en completa oscuridad cuando se cerraba la puerta.

Otros abusos y sus consecuencias

La Misión informó en su más reciente informe que estos tratos crueles de torturas han provocado lesiones físicas graves y permanentes en las víctimas.

Los casos identificados por la Misión incluían la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas (tales como daños permanentes en los testículos), un embarazo perdido, sangre en la orina y costillas rotas, entre otros. 

Estos actos también provocaron traumas psicológicos graves y depresión. Las personas detenidas declararon sufrir estrés postraumático y tener pesadillas recurrentes. Al menos tres personas intentaron suicidarse durante su detención.

En varios de los casos investigados por la Misión, las víctimas no fueron llevadas a un profesional médico antes de su comparecencia inicial ante el tribunal. Los profesionales médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) evaluaron a las personas detenidas y certificaron que estaban en buen estado físico, a pesar de que tenían lesiones visibles.

En algunos casos, las evaluaciones forenses se hicieron días o meses después de que se llevara a cabo la tortura y cuando las heridas ya se habían curado. Esto incluye a un detenido que no recibió atención médica hasta varios meses después de haber sido torturado.

En otros, las personas también fueron sometidas a castigos severos mientras esperaban el juicio, incluidas represalias en caso de que se quejaran. Las personas detenidas también sufrían este tipo de maltrato si otras personas eran sorprendidas infringiendo las normas.

Lea el informe completo y las respectivas conclusiones AQUÍ

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